Viernes, 31 mayo 2024
Se cumplió una nueva instancia del juicio que lleva la jueza Loretta Preska por la forma en que se estatizó la petrolera en 2012. Burford Capital hizo su argumentación para garantizarse el cobro.
La demanda en Nueva York por la manera en que se estatizó la petrolera en 2012 sigue trayendo dolores de cabeza a la Argentina.
Burford hizo su trabajo y le presentó a la jueza Loretta Preska argumentos considerados por el propio fondo de inversión como sólidos para determinar que efectivamente YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) son “Alter Ego” de la Argentina. En consecuencia, son embargables como garantía de pago del juicio que el país perdió por la manera en que se renacionalizó la petrolera en 2012.
Burford, dominando la situación y de manera profesional, atacó donde sabe que la jueza tiene enojos con Argentina, argumentando sobre la falta de voluntad de diálogo y aptitud negociadora “a 10 años de iniciado el juicio”; recordó la jurisprudencia contra el país del juez Thomas Griessa (antecesor de la magistrada) por el juicio del siglo contra los fondos buitre que se desarrolló en el mismo juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York, y ponderó la decisión de Preska de pedirle a los abogados que representan a la Nación del estudio Sullivan & Cromwell (S/C) que envíen más datos sobre la relación entre el gobierno e YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Además, Burford aceptó sin mayores protestas que Preska haya limitado el listado de empresas a descubrir el “Alter Ego” de la República, y concentrarse en la petrolera y la entidad que dirige Santiago Bausilli, dejando afuera de la posibilidad de embargo de acciones a Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Nación.
El fondo Burford Capital, vencedor en primera instancia y al que el país le debe (según el fallo de Preska de junio pasado) unos 16.000 millones de dólares más intereses, tuvo entre el miércoles y el jueves su turno para explicar por qué reclama avanzar con embargos directos como garantía de cobro, proceso que ahora demandará entre 15 días y un mes en resolverse.
Lo que el fondo de inversión busca, es que se le garantice el pago final del juicio perdido por el país y que alcanza la espeluznante cifra de los U$S 16.000 millones. Y que dado el pésimo currículum que mantiene Argentina en estas lides, es necesario avanzar en embargos que le garanticen que al final del proceso Burford cobrará. O podrá liquidar bienes argentinos en el caso que el país no cumpla con el fallo negativo.
Rueda de argumentaciones
La semana pasada había sido el turno de los abogados del estudio Sullivan & Cromwell (S&C) que representan al país, quienes presentaron los argumentos para rechazar la embestida de Burford sobre estas acciones, donde se afirmaba que el intento del fondo carecía de legalidad, ya que no sólo era extemporáneo y sobreactuado sino de imposible concreción, dado que para una enajenación (aunque sea temporal) de este tipo requeriría aprobación del Congreso Nacional, algo utópico de conseguir.
Según el argumento, por las propias leyes argentinas no se pueden transferir acciones a través de los poderes judiciales, tanto nacionales como extranjeros, y que una operación de este tipo sólo puede ser concretada por el Congreso Nacional. Y, en el caso de las sociedades que son hoy propiedad del Estado nacional por haberlas renacionalizado, la aprobación del Congreso debería contar con dos tercios de los votos en ambas cámaras. Hoy una utopía política.
Sería el caso de YPF, Aerolíneas Argentinas y Enarsa, que en algún momento fueron privatizadas. En el caso del BCRA y el Banco Nación, ni siquiera tendrían cotización abierta, con lo que no podrían ser embargadas, amparándose en leyes de Wall Street.
El caso está hoy en la segunda instancia judicial de Nueva York, al haber presentado Argentina una apelación ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad. El tribunal que decidió aceptar el reclamo y se tomará casi un año en resolver. Mientras tanto, y como garantías que cobrará los más de 16.000 millones de dólares que Preska consideró de retribución a Burford, el fondo busca los activos para avanzar en embargos.
Números siderales
Preska también tiene que resolver otra cuestión planteada por Burford Capital y su socio en la demanda, Eton Park: el cálculo de intereses que el país deberá pagar por haber decidido apelar ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos. Según la jueza, en principio los intereses acumulados hasta la fecha llegarían a los 545.084.808 dólares; con lo que el dinero que se le debería pagar a los demandantes que vencieron en la primera instancia superaría hoy los U$S 17.000 millones.
El cálculo lo realizó el especialista de Latam Advisors Sebastián Maril, sobre la base de lo aplicado jurisprudencialmente por la justicia de los Estados Unidos, y a partir de la decisión de la República Argentina de aceptar el derecho constitucional a una segunda instancia. La que incluso podría ampliarse a una tercera si el país obtuviera una sentencia negativa y resolviera apelar también al recurso que sea la Corte Suprema de ese país la que termine por resolver la cuestión.
El problema de las apelaciones a segunda y, eventualmente, tercera instancia cuando un fallo financiero es negativo, es que le otorga al demandante vencedor el derecho a poder reclamar no sólo el capital original (en este caso unos U$S 16.000 millones), sino que se le aplica la jurisprudencia referida al costo de oportunidad perdida por no recibir el pago en el tribunal de primera alzada.
Este derecho autoriza al reclamo (ya realizado por los fondos demandantes Burford Capital y el Eton Park) a pedir que ese capital primario se mantenga actualizado, pero sumando además el costo de oportunidad de no haber podido invertir el dinero en el sistema financiero donde se ejecutó la demanda, en este caso, los Estados Unidos. La justicia toma habitualmente el rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el gobierno de ese país durante el año en curso de la aplicación de la demanda, con lo que el cálculo final sería algo más de 500 millones de dólares extras, que habría que sumarle al reclamo original habilitado por la jueza Loretta Preska.
Para saber finalmente a cuánto pudiera ascender el monto de intereses final a liquidar, habrá que esperar a la finalización de las dos instancias de apelaciones, pero siempre teniendo en cuenta ese monto de intereses como la base de cálculo. Luego, obviamente, las partes están autorizadas a una negociación final sobre el monto definitivo de pagos y los plazos de liquidacion, lo que habitualmente incluye la negociación de los intereses en el paquete final. Pare esto, habrá que esperar.
La causa que debe tratar la Cámara de Apelaciones luego del fallo de Preska de primera instancia, se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la manera en que, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios.