Domingo, 08 enero 2023
Denuncias cruzadas por los supuestos chats de Marcelo D’Alessandro. Anticipo: el descargo de Tailhade. ¿Qué derivaciones judiciales tuvo el escándalo que enfrenta al Gobierno nacional con los jueces del Máximo Tribunal?
El Gobierno nacional tomó la decisión histórica de impulsar el juicio político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por mal desempeño. Más allá del éxito o el fracaso que logre alcanzar esta iniciativa, la propuesta constituye un mecanismo de desgaste sobre la cabeza del Poder Judicial que pone en alerta a muchos de sus integrantes.
La feria de enero permitió amortiguar las repercusiones de pasillo, aunque no tardaron en surgir algunas advertencias sobre la posible intromisión en la independencia de poderes. Asimismo, fuentes consultadas por A24.com admitieron su malestar porque entienden que se trata de una maniobra para desacreditar las decisiones adversas al oficialismo, en tiempos preelectorales.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), expresaron “su preocupación frente a la crisis institucional sin precedentes que, en un nuevo capítulo, se manifiesta en el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsado por el señor Presidente de la Nación”.
Indicaron que “la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”.
Los jueces que integran la Lista Celeste, opositora a la conducción actual de la AMFJN, entendieron que los funcionarios están sujetos al escrutinio público de sus actos, aunque reafirmaron su “posición contraria a la de promover juicio político por el contenido de las sentencias, en tanto y en cuanto no se pueda acreditar prevaricato o cohecho”.
Por su parte, voces académicas rechazaron la propuesta de Alberto Fernández, al definir el pedido de juicio político a la totalidad de los jueces de la Corte como “tendencioso, improcedente e inoportuno”.
Christian Alberto Cao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Asociación de Docentes de Buenos Aires para la cooperación, indicó que el planteo no reúne ninguna de las exigencias que exige la Constitución para habilitar el pedido, ya sea mal desempeño, delitos en el ejercicio del cargo o crimen común.
En tanto, la Multisectorial por la Democratización de la Justicia, que comprende a la Asociación Civil Justicia Legítima y a organizaciones de derechos humanos, hace tiempo que reclama el juicio político de los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Fundamentos del pedido de juicio político
Los argumentos del pedido de juicio político a la Corte de Alberto Fernández y 12 gobernadores (Foto: Presidencia)
El presidente Alberto Fernández solicitó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que se inicie el proceso respecto de los integrantes del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
El artículo 53 de la CN establece que “sólo ella (Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
En este sentido, el Poder Ejecutivo se basó en un artículo del diario La Nación que describe afirmaciones de Horacio Rosatti. Según esa nota, Rosatti sostuvo “que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del Poder Judicial, porque tenemos muchísimo para decir”. Para el gobierno estas afirmaciones “encierran un verdadero alzamiento contra el orden constitucional”.
Además, se refirió al “asalto sobre el Consejo de la Magistratura” a través de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del sistema de integración con 13 miembros, y reinstauró el régimen de 20 consejeros con la conducción del titular de la Corte Suprema, hasta que se sancione un nueva Ley orgánica.
El Gobierno argumentó que “el Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de otro Poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional, que a partir de la aplicación de ese fallo pasaría a ser presidido por uno de los miembros que lo firmó”.
Como otra causal de mal desempeño, el pedido de juicio político de Alberto Fernández incluye el fallo sobre la “coparticipación”, que dispone como medida cautelar que el Estado Nacional le entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables, de forma diaria y automática, a través del Banco Nación.
Para el Poder Ejecutivo, la Corte se arroga “facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”.
En sus fundamentos señala que “esta decisión del Alto Tribunal importaría la ejecución anticipada de una hipotética sentencia definitiva, con efectos anticipatorios de la suspensión de la aplicación de una ley y produciría daños irreversibles en el sistema federal de nuestra República”.
Finalmente, el petitorio del gobierno nacional a la Cámara de Diputados gira permanentemente alrededor de ”la vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Se refiere a “las comunicaciones publicadas por la prensa entre Silvio Robles (Director General de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta)”.
Este último asunto derivó en una serie de denuncias formuladas por sus protagonistas, gobernadores y abogados, que comienzan a acumularse en un solo expediente. Por ahora, esa causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención interina del fiscal federal Carlos Stornelli, quien acaba de solicitar una serie de medidas de prueba.
Derivaciones judiciales del escándalo que enfrenta al gobierno nacional con la Corte Suprema
Impuesto a las ganancias: judiciales encabezan un paro por 24 horas (Foto: Telam).
Desde que hace una semana se dieron a conocer los supuestos chats que vinculan al ministro de justicia y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, con Sergio Robles, el vocero del presidente de la CSJN, se desató un escándalo que derivó en varias denuncias presentadas en plena feria judicial.
La primera la hizo el propio Marcelo D’Alessandro en los Tribunales de Comodoro Py, denunciando al diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, de ser el presunto autor del espionaje de su dispositivo telefónico, y de su posterior manipulación y/o adulteración de la información que contenía. Por sorteo la causa recayó en el juzgado federal número 3 de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo.
Con el correr de los días, dos abogados plantearon sus propias denuncias por negociaciones incompatibles, sobre los mismos hechos, y también quedaron a cargo del juez Lijo. Se trata de las presentaciones de Gastón Marano, conocido por ser el defensor del “jefe de los Copitos”, Gabriel Carrizo, y del doctor Nicolás Giansanti.
Lo cierto es que en medio del receso de verano, la justicia habilita el trámite de expedientes solamente cuando hay personas detenidas, medidas cautelares, o alguna razón de gravedad institucional que no admita demora. Por ahora esa definición está pendiente, pues aún no hay juez a cargo.
Resulta que Lijo está de licencia y lo reemplaza Maria Servini, quien al reconocer a D’Alessandro en la causa decidió inhibirse en razón de una antigua pelea que la mantiene enemistada con el ministro porteño, después de un sospechoso robo en su casa custodiada por la policía porteña.
Servini envió el caso a sorteo y le tocó a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien la remitió otra vez a la Cámara Federal para que le otorgue un nuevo juzgado, hasta que regrese Lijo de vacaciones. Esta decisión la tomó al mismo tiempo que el ministro de Justicia, Martin Soria, la acusaba de estar “contratada por el gobierno de Rodríguez Larreta desde 2019”. La situación fue aclarada con un comunicado del Instituto Superior de Seguridad Pública, explicando que Capuchetti da clases a los policías. No obstante, hasta que la Cámara Federal no revise el tema, la causa de los chats no tiene juez.
A todo esto, el caso también recorrió varias fiscalías. El fiscal originario fue Carlos Rívolo, quien se excusó de intervenir en la denuncia de D’Alessandro por la filtración de chats, porque su nombre aparece en una lista de supuestos contactos “frecuentes”.
Por un lado, Rivolo negó pertenecer a esa categoría, pues solo habló dos veces por teléfono con D’ Allessandro, con relación a dos expedientes que tenía a su cargo (el ataque al Congreso Nacional y el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner).
Fue así que por disposición del Ministerio Público Fiscal, la causa pasó a manos del fiscal Eduardo Taiano. Pero como Taiano también está de licencia, hasta que regrese interviene el fiscal Carlos Stornelli.
Fue precisamente Stornelli quien requirió una serie de medidas de prueba que el juez o jueza que se haga cargo del expediente deberá resolver.
Para el fiscal, D’Alessandro es víctima de una maniobra de inteligencia ilegal “para dañar su imagen y reputación, tanto como la de otros funcionarios y magistrados actuantes en distintas áreas y poderes del gobierno”. Por eso solicitó que sea citado como testigo “a fin que aporte toda circunstancia de modo, tiempo y lugar que obrare en su conocimiento”.
En otro orden, solicitó que se certifique la posible existencia de toda otra causa judicial que eventualmente se hubiera iniciado en otras jurisdicciones del país por los mismos hechos, para incluir en el expediente que tramita en Comodoro Py.
Por último, Stornelli pidió que tras recibirse el requerimiento de instrucción se decrete el secreto de sumario mientras dure la investigación.
La defensa de Tailhade
Según pudo saber A24.com, el próximo lunes, el diputado Tailhade presentará un escrito formulando su descargo. Le dirá a la justicia que no tuvo «ninguna participación en esos hechos», «ni tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats”.
Además, Tailhade planea advertir: “La acusación que me formula el denunciante respecto de que soy el responsable del ‘hackeo’, de haber inventado las conversaciones y de la construcción del sitio web no sólo son falsas, sino también antojadizas y absurdas. Pero si la acusación tiene que ver con la propagación del contenido de los chats, entonces soy culpable, porque efectivamente difundí profusamente en mis redes sociales el material teniendo en cuenta la enorme importancia de los asuntos de interés público que revelan esas filtraciones”.
También manifestará su rechazo a que el fiscal que atiende por ahora el caso sea Carlos Stornelli. Para Tailhade no tiene legitimidad “porque está procesado en una causa por plantar droga al ex marido de su mujer, y por diseñar una operación de espionaje contra un abogado”.
Mientras tanto, hay otras tres denuncias a punto de sumarse a los Tribunales de Comodoro Py, que podrían terminar acumuladas en el juzgado federal número 3. Se trata de la denuncia del Poder Ejecutivo, que aún no ingresó al sistema, y de las actuaciones de la justicia federal de Santiago del Estero y de la Rioja, a raíz de las presentaciones hechas por sus gobernadores Gerardo Zamora y Ricardo Quintela.
En cuanto a la denuncia del Gobierno nacional, el ministro de justicia, Martín Soria, por instrucción del presidente Alberto Fernández, pidió que se habilite la feria y se “cite a indagatoria al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D’alessandro –actualmente en goce de licencia-, y a toda otra persona que en el devenir de la presente investigación resulte implicada”.
En la presentación solicitó una serie de medidas de prueba que incluyen que se requiera a las empresas prestadores de telefonía celular, y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) la elaboración de un informe tendiente a determinar el entrecruzamiento de todas las llamadas entrantes y salientes entre las líneas telefónicas denunciadas.
A su vez, pidió que se secuestre el aparato de telefonía celular de Marcelo D’Alessandro, y de toda otra persona que en el devenir de la presente investigación resulte implicada en los hechos.
Finalmente, la denuncia requiere que se investigue las filtraciones de presuntas comunicaciones entre D’alessandro y concesionarios de servicios públicos, para lo que solicitó que se analice toda documentación concerniente a las empresas Grupo Pelco, Dakota S.A. y Brewda Construcciones Sacif”.