Jueves, 20 febrero 2025
Una ciudadana francesa que había contratado a una cordobesa para tener un bebé desistió del vínculo luego de que el niño naciera en forma prematura
Un caso de subrogación de vientres tuvo un giro inesperado y expuso un vacío legal: una mujer extranjera abandonó a un bebé, nacido mediante gestación por sustitución en la Argentina, tras enterarse de que afrontaba problemas de salud. El recién nacido quedó desamparado en una clínica de Córdoba y el caso derivó en una investigación judicial por presunta trata de personas.
Sucedió en noviembre del año pasado, cuando nació un bebé sietemesino en el Sanatorio Allende, ubicado en la capital provincial. El parto debía ser en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, pero, al adelantarse, tuvo lugar en el centro médico en donde la gestante realizaba sus controles y seguía el embarazo.
La madre biológica no era la embarazada, sino una mujer francesa que aportó sus óvulos y cuya identidad no trascendió. “Desistió al enterarse que la criatura tenía problemas de salud, desistió de venir a hacerse cargo y de cumplir el contrato”, señala una alta fuente judicial a periodistas. Se sabe que la ciudadana europea nunca llegó al país, ni antes ni después del nacimiento: “Fue como un ‘producto fallado’ para ella”.
Según pudo saber este medio, el recién nacido logró recuperarse y está controlado. La gestante lo visitó durante su internación e incluso intentó quedárselo, pero no pudo hacerse cargo por motivos confidenciales. Hoy el menor se encuentra a cargo de una familia de guarda con fines de adopción. Su nacimiento dio origen a una investigación que involucra a una agencia porteña dedicada a la subrogación de vientres.
Aún no hay imputados y el fiscal federal interviniente, Enrique Senestrari, pidió la incompetencia para que el caso sea remitido a Buenos Aires y quede a cargo de Alejandra Mángano, considerando que el hecho a investigar se originó en la Capital Federal.
Hasta el momento, la investigación derivó en allanamientos donde se incautaron el teléfono y la computadora de la abogada vinculada a esta agencia. Además, se halló el dinero destinado a pagarle a la gestante.
Fuentes de la fiscalía señalaron que las gestantes, en estos casos, suelen ser consideradas víctimas de trata de personas y, por ello, no enfrentan complicaciones legales. Dado que en el país no existe una ley específica sobre subrogación de vientres, se establece una analogía con la normativa de trasplante de órganos: “Es muy similar la situación. La Ley de Trasplante de Órganos dice expresamente que tiene que ser solamente por altruismo, que tiene que ser alguien pariente de la persona beneficiaria del órgano, y no tiene que haber dinero”.
En ese sentido, suele detectarse que las clínicas intentan engañar al sistema judicial inventando una supuesta relación de amistad previa entre las partes. “Inventan una decisión espontánea de la gestante de ofrecerse para ayudar a los comitentes y todo. Todo un speech muy poético que hace el abogado hablando de una situación emocionante, de una amistad eterna y demás, cuando es mentira”, agregan las fuentes.
El año pasado, los fiscales Senestrari y Carlos Gonella, junto con la Procuraduría de Trata de Personas, pidieron la detención de nueve personas acusadas de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para oficiar de vientres subrogantes en procesos de fertilización asistida para terceros. Se trata de los directivos de dos clínicas de Córdoba, médicos, psicólogos y abogados que participaron en el proceso.
El problema es que aquí en la Argentina hay un vacío legal. Ni la Ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida, ni el Código Civil y Comercial de la Nación regulan la gestación subrogada. No está regulada pero al no estar prohibida la práctica se lleva adelante. Con un detalle clave: la mujer que acepta esa subrogación debe hacerlo de modo altruista.
Un llamado anónimo a la línea 145, que se usa para denunciar casos de trata y explotación de personas, aseguró que en Córdoba se estaban pagando a personas vulnerables para llevar adelante embarazos a través de clínicas de fertilización. Los fiscales comenzaron a investigar y lo primero que hicieron fue consultar a la justicia de familia, la encargada de registrar adopciones. Allí se encontraron con jueces de familia que les confiaron que, a través de los expedientes, notaban que “algo raro pasaba” y sospechaban irregularidades pero no podían hacer nada.
En abril, la justicia avanzó con allanamientos en dos clínicas de fertilidad de Córdoba para secuestrar documentación, que permitiera cruzar la información de los casos bajo sospecha. La acusación señala que las clínicas habrían ofrecido las mujeres víctimas a los padres intencionales que se habrían acercado a la clínica para consultar y, posteriormente realizar, la gestación por subrogación. Luego los abogados habrían hecho las gestiones para ocultar la situación de las víctimas, la relación con los comitentes y especialmente el aspecto económico del acuerdo. Los psicólogos, en tanto, habrían sido parte certificando la aptitud psicológica para el procedimiento.
¿Por qué encuadrar el caso bajo la figura de trata? Para los investigadores no había una libre voluntad de esas mujeres a la hora de prestar su cuerpo. Se captó a personas con fines de explotación, con el agravante de la vulnerabilidad y cantidad de víctimas. ¿Cómo? Muchas veces a través de redes sociales ofreciendo dinero.
“Todas eran de condición humilde, tuvieron seguimientos médicos durante el embarazo, eran abandonadas después del parto sin ningún tipo de seguimiento médico. No cobraban hasta que no entregaran el bebé ni si tenían un aborto espontáneo. Y tampoco sabían cuánto era lo que, en realidad, pagaban las personas que se quedarían con el bebé. Tenían prohibido hablar de dinero con los comitentes”, explicaron los investigadores.
La figura de trata estaría agravada por mediar engaño, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento y por la participación de tres o más personas. La sospechas también incluyen denuncias de hostigamiento por parte de los acusados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte de estas maniobras.