Miercoles, 25 setiembre 2024
ROSARIO.- Hace un año, en pleno fervor de la campaña electoral, a nadie se le hubiera ocurrido prometer que 12 meses después la cifra de homicidios llegaría a ser tan baja como en agosto pasado, con dos crímenes registrados. Era una profecía que parecía descabellada, que nadie creería. En agosto de 2023 se habían producido 24 asesinatos y 2022 había terminado con un récord de 288 homicidios, lo que llevó a que esta ciudad llegara a índices de criminalidad inéditos -24 cada 100.000 habitantes- que cuadruplicaban el promedio de la Argentina y estaban cercanos a países de América Latina con problemas endémicos de violencia. En los ocho primeros meses de 2024 se produjo una baja abrupta de los homicidios, que descendieron un 65%. Rosario volvió a cierta “normalidad”. Si se mantiene esta proyección, la ciudad terminará con cifras de asesinatos similares a las de 2006, cuando el fenómeno narco, que provocó este espiral de muerte en más de una década, no era un problema de seguridad, ni político, ni tampoco social, a pesar de que varias fuentes de esa prehistoria del crimen organizado calculan que fueron tiempos para “acumular más dinero que muertos”. ¿Cuáles son las causas para que la baja de los crímenes sea tan abrupta? Hace solo siete meses la ciudad se paralizó por cuatro ejecuciones que fueron encargadas a menores de edad. Las víctimas fueron trabajadores elegidos al azar. Fue un episodio inédito: por decisión de sectores del crimen organizado, encabezados por Esteban Alvarado, según apuntaron en el gobierno santafesino, una ciudad de 1,3 millones de habitantes quedó con sus calles desiertas. Nadie se animaba a salir por miedo a morir.
“Nos lleva puestos a todos” Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, coincidieron en que se trataba de acciones “narcoterroristas”. Fue un quiebre. Apareció otro rasgo pocas veces explorado en el país: a nivel institucional y político no surgieron grietas ni diferencias en el enfoque de que no había margen frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado. “Nos lleva puestos a todos”, repetían los funcionarios. El llamado Operativo Bandera, que incluyó unos 1000 agentes de fuerzas federales, se fortaleció no tanto por el número de efectivos sino porque por primera vez policías y gendarmes dejaron de mirarse con recelo y de ocultarse información. Desde abril de 2014, cuando Sergio Berni, el entonces secretario de Seguridad, desembarcó con más de 3000 gendarmes en Rosario tras el ataque al gobernador socialista Antonio Bonfatti en un año en el que los asesinatos habían llegado a 261, se repitió ante cada crisis un mismo libreto de intervención de fuerzas federales. Esto lograba bajar momentáneamente la violencia, pero luego regresaba pocos meses después por la propia matriz del negocio del narcomenudeo, con decenas de bandas, como Los Monos y Alvarado, entre otras, que disputaban los territorios con balas 9 mm. A partir de principios de marzo, cuando Rosario volvió a sacudirse con los crímenes narco, las fuerzas federales duplicaron su radio de acción y pasaron a patrullar en cuatro zonas calientes. De 12 patrulleros que había en las calles en diciembre, hoy en el gobierno provincial señalan que hay 260 si se suman móviles de la policía y federales. Esa fue una de las claves: volver a tener el control de la calle, remarcaron. En marzo se dio otra postal que marcó la profundidad del problema y mostró también cómo había hecho mella en la política, donde las grietas quedaron al margen: el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió 80 camionetas blindadas a un gobernador radical, que eran conducidas por gendarmes que cumplían órdenes de Bullrich. Los gendarmes se habían quedado sin vehículos a causa de la desinversión en seguridad de la gestión anterior.
Aunque no hay cortocircuitos entre las gestiones nacional y provincial en el tema de la seguridad, aparecen distintas maneras de pararse frente al marcado descenso de la violencia en Rosario. La estrategia de Bullrich es focalizarse en el presente, en sintonía con los parámetros de las políticas del gobierno de Javier Milei, que se ajusta al corto plazo. Por eso, la ministra exalta continuamente los resultados positivos del Operativo Bandera en Rosario. En un video promocional, Bullrich se refirió a «un nuevo hito” y remarcó que cuando les tocó asumir la gestión, en diciembre de 2023, «Rosario estaba incendiada” con muertes todos los días y asesinatos “que llegaron a 400 en un año». Si la ministra se refería a Rosario, nunca los crímenes llegaron a esa cifra. El número más alto de homicidios fue de 288, en 2022. En el gobierno provincial prefieren ser más cautos. El argumento que encuentran tiene cierta lógica: “Si en una semana hay cuatro o cinco homicidios en Rosario, algo que puede pasar, se va a empezar a hablar de que recrudeció la violencia y que todo se fue al demonio”, señalaron. Ese planteo lo mantiene Pullaro desde que las cifras de asesinatos comenzaron a bajar. Controles en las cárceles y dominio de las calles Hasta agosto de 2023, se produjeron 190 asesinatos en Rosario. La mayoría de los crímenes tenían que ver con las luchas territoriales entre las bandas narco. En el mismo período, durante este año, los homicidios bajaron a 66, según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe y Ministerio Público de la Acusación. Los argumentos que se expusieron desde el Estado apuntan a que las medidas de urgencia que se tomaron en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial, contribuyeron directamente a bajar los altos niveles de violencia en la ciudad. Hay dos temas claves que, según coincidieron fuentes de gobierno y de la Justicia, fueron prioritarios. Por un lado, los mayores controles en las cárceles, tanto federales como provinciales, a los presos de alto perfil, es decir, a cuadros de relevancia dentro de las organizaciones criminales, como Los Monos y Alvarado, entre otros. Y, por otro lado, la recuperación del dominio de las calles por parte de las fuerzas de seguridad. A fines del año pasado en Rosario había solo 12 patrulleros mientras que ahora, con el refuerzo de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, hay 257, según señaló a LA NACION el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccoccioni.
DESEMBARCO DE FUERZAS DE SEGURIDAD
El refuerzo de agentes en Rosario solo había dado resultados momentáneos hasta 2024
“Se empieza a ver que hay un cambio. Antes cualquiera salía en una moto con una pistola 9 mm, porque sabía que nadie lo iba a detener. Ahora tiene mayores riesgos y para evitar ir preso y que le secuestren el arma sale ‘limpio’. Vemos que las medidas que se tomaron empiezan a calar hondo en las organizaciones criminales, que ven un cambio de época”, consideró el titular de la cartera de Seguridad. “No es menor que haya frente a este tema un discurso unificado entre la Nación, provincia y municipio, sin grietas”, apuntó. La hipótesis de Coccoccioni es compartida por distintos sectores de la Justicia, que investigaron estas organizaciones criminales. “Lo que se puede ver es que hay una reacción de parte de los grupos que mantenían el negocio de la droga en base a la violencia, porque no había un dominio total a nivel territorial. A pesar de las falencias estructurales, la policía y la intervención con agentes federales recuperaron en parte el dominio del Estado en los barrios”, señaló un fiscal que estuvo al frente de las causas más relevantes. La violencia extrema que golpeó a Rosario por más de una década tenía como protagonistas a grupos criminales que se mantuvieron a lo largo del tiempo, como la banda de Los Monos, pero que nunca lograron transformarse en organizaciones más sofisticadas ni consiguieron tejer alianzas internacionales. La mayor fortaleza era la inserción social en determinados sectores marginales, de donde salían los llamados “soldaditos”, jóvenes fuera del sistema, y un uso de la violencia sin control. A partir de que los líderes de estas bandas fueron detenidos o asesinados, junto con los cuadros medios, las cárceles se transformaron en el principal problema, porque el funcionamiento del negocio criminal seguía intacto. Esto se cortó, según la mirada de Pullaro, pero generó reacciones, como la seguidilla de crímenes de marzo pasado. Esta mecánica “narcoterrorista” de irradiar pánico no se repitió, pero nadie descarta en el gobierno provincial que la calma que reina se rompa. “Ahora tenemos otra fortaleza desde el Estado. Si esto recrudece tenemos herramientas para enfrentarlo, que antes no teníamos. Y eso es lo que va a demandar una mayor inversión”, sostuvo Coccoccioni.