Jueves, 20 de marzo de 2025
El esquema que se aplica en la isla y fue extendido hasta 2053 tiene un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones al año. El fondo fiduciario creado en 2022 y financiado por las propias empresas alcanzó los $185.000 millones
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, con más de medio siglo de vigencia, parece permanecer indemne a cambios de Gobierno, oscilaciones ideológicas y de signo político en la Casa Rosada y, más recientemente, de la motosierra del gasto público que inauguró la administración libertaria. Con un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones anuales, el modelo fueguino que impulsa a la industria electrónica y de otros rubros cuenta incluso con un fondo fiduciario propio que también sobrevivió al cierre de fideicomisos que ejecutó el Poder Ejecutivo en el último año.
Las empresas que lo integran acceden a exenciones del Impuesto a las Ganancias, del IVA y de otros tributos. Además, hay dudas y cuestionamientos sobre los destinos de fondos de un fideiocomiso al que debería ir parte del IVA que las empresas no pagan. En 2021, se extendieron los beneficios del esquema hasta el año 2053, condicionado a una evaluación de resultados en 2038.
El costo del régimen para las cuentas públicas y las reservas, y el impacto en los precios locales por el sistema diferencial impositivo con el que cuenta la producción electrónica afincada en esa provincia, despierta críticad desde hace años en distintas fuerzas políticas, que piden terminar con el esquema o bien transformarlo para hacerlo menos oneroso. El espíritu de esa norma, que fue establecida por ley en 1972, fue impulsar el crecimiento poblacional en la isla y el ingreso de trabajadores al sector formal fabril.
Las críticas más recientes incluso partieron del presidente Javier Milei. En en 2022, en una entrevista televisiva, el ahora mandatario llegó a llamar al régimen de promoción como “una estafa hacia los argentinos de bien”. Varios meses después, ya como Presidente en funciones, eligió responder que el esquema fueguino incluye “derechos adquiridos” que no pueden ser subvertidos.
Un informe realizado por el centro de estudios Fundar analizó en detalle las consecuencias que tuvieron los más de 50 años de funcionamiento del modelo y concluyó, entre otras cuestiones, que desde su implementación, la población pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022.
El subrégimen industrial, eje central del esquema de promoción, implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI, apuntó el informe. A manera comparativa, Fundar ejemplificó que este monto superaba en más del doble el presupuesto anual del Conicet (USD 435 millones en 2021) y representaba el 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.
En términos de créditos fiscales, se estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales. Su aplicación sobre la facturación total y no sobre el valor agregado se cree que incentiva la importación de insumos en detrimento de la producción local. Otra exención incluida es la de aranceles a la importación, que implica un gasto tributario de USD 436 millones.
El esquema también contempla un diferencial de Impuestos Internos por USD 20 millones, ya que aplica una tasa menor a los productos fabricados en la isla en comparación con los importados. Además, como se mencionó, las empresas radicadas en Tierra del Fuego gozan de exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto al cheque, aunque estos conceptos no están incluidos en el cálculo del costo fiscal total que hizo ese centro de estudios.
Una de las conclusiones de Fundar es que la estructura productiva beneficiada por el régimen muestra una fuerte dependencia de insumos importados, con escasa integración local. Así, los incentivos fiscales no exigen mayor contenido nacional, lo que limitaría la generación de valor agregado dentro de la provincia y además se trata de producción que se destina casi exclusivamente al mercado interno, con bajos niveles de exportación y de generación de divisas por ventas al exterior.
El sector provee más del 90% de los celulares que se venden en el país. Allí también se ensamblan televisores, acondicionadores de aire y microondas que se venden en el mercado interno. Entre las principales empresas que son parte del régimen están Newsan, de Rubén Cherñajovsky; Mirgor, de la que es accionista Nicolás Caputo; BGH, que tiene como uno de sus socios r referentes a Alberto Hojman; y Radio Victoria, entre otras.
En términos de precios al consumidor, el esquema implica un costo adicional en la comparación internacional, en productos como teléfonos celulares, lavarropas o televisores, como grafica el periodista en infografía de esta nota, que compara precios locales con similares en Estados Unidos y Chile. El esquema impositivo local también aporta a la notoria diferencia de precios, lo mismo que el tipo de cambio.
Uno de los más ácidos críticos del régimen de promoción es el economista exvicepresidente del Banco Central y hoy asesor del Ministerio de Desregulación, Lucas Llach. En su cuenta de X llegó a plantear meses atrás: “¿Qué pasa fiscalmente si hacemos de Tierra del Fuego una isla libertaria de bajos impuestos nacionales, cero aranceles, cero retenciones, etcétera, y al mismo tiempo liberamos por completo la importación de celulares y electrodomésticos desde el exterior al continente?”, se preguntó. También planteó que “el régimen de Tierra del Fuego no sólo nos hace pagar todo más caro, además impulsa la migración desde la provincia más pobre del país a la provincia más rica”.
Para la diputada nacional Margarita Stolbizer “necesitamos poner en discusión los regímenes especiales”. “Sin perjuicio de las dificultades que puede acarrear a la provincia el cese, no puede el resto sostenerlo. No es justo. La cuestión de fondo siempre es la falta de debate de una reforma tributaria integral, sería y estable y por supuesto una ley de coparticipación”, dijo a Infobae.
También se mostró crítico el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, quien aseguró que el régimen es un ejemplo de intervencionismo “ineficiente y costoso”. “Durante décadas, los argentinos han financiado con miles de millones de dólares un esquema que solo benefició a un puñado de empresas protegidas de la competencia y a algunos grupos sindicales, mientras perjudicó a 46 millones de personas con productos artificialmente caros y una industria inflada. En lugar de fomentar el desarrollo genuino, creó una economía dependiente de subsidios y prebendas, impidiendo que la región encuentre vías sostenibles de crecimiento basadas en la inversión genuina y la innovación”, expresó.
“Esta es, claramente, una de las reformas pendientes que en algún momento debe encarar el Gobierno. Por lo pronto, se deberían bajar aranceles a las computadoras y celulares que son herramientas fundamentales para los argentinos”, agregó Etchebarne.
Datos del Ministerio de Economía detallan cuál es el gasto tributario según cada impuesto incluido en el régimen de promoción. De los casi 1,35 billones de pesos que implicarían de crédito fiscal, más de la mitad corresponde a IVA ($715 millones). La exención de Ganancias les reportaría este año casi $229.000 millones según lo presupuestado para el 2025, otros $165.000 millones de reducción de impuestos a la importación mientras que otros $238.000 millones corresponden a alícuota reducida de impuestos internos.
Un fideicomiso a salvo de la “motosierra”
El esquema fabril fueguino también está acompañado, desde 2022, por un fondo fiduciario específico creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Está financiado por los propios tributos que perciben las empresas pero no llegan al fisco y busca empujar las inversiones en otras áreas, como infraestructura. Fue bautizado como Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina y es uno de los que logró sortear, por el momento, el recorte del gasto público que llevó al cierre de una quincena de fideicomisos similares en lo que va de mandato libertario.
El fondo fueguino está entre los más onerosos, junto con Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte (FFSIT), Procrear (vivienda), Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo para el Desarrollo Provincial, Fondep y Fogar. Entre los que sí fueron eliminados por el Ministerio de Economía están el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario para Cobertura Universal de Salud (FFCUS) y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, entre otros.
El fondo fueguino fue creado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y hasta fines de 2024 contaba con un presupuesto de $185.000 millones, de acuerdo a información oficial obtenida por el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López a través de un pedido de acceso a la información pública. El Gobierno no respondió otras consultas del legislador, entre ellas qué proyectos financia en la actualidad o por qué no fue cerrado a diferencia de otros fideicomisos.
El FAMP fueguino se fondea con un aporte mensual obligatorio que equivale al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA por la venta de productos elaborados bajo el régimen de promoción. Hace un mes, un decreto del Poder Ejecutivo determinó cambios en la manera en que se hace la distribución de esos fondos.
El 60% tiene como destino el financiamiento de proyectos productivos, entre los que se señala ciencia, tecnología y economía del conocimiento, capacitación y formación de recursos humanos. Según se establece, al menos un tercio de este porcentaje debe destinarse a empresas no beneficiarias del subrégimen industrial para así “derramar” ese fondeo a empresas de otros rubros y sectores.
El 40% restante corresponde a inversiones en obras de infraestructura provincial y municipal que promuevan el desarrollo productivo y que tengan como objetivo reducir costos logísticos y una mejora de la competitividad. Estos fondos se entregan como aportes no reembolsables y no pueden usarse para gastos corrientes.
“Después de haber afirmado que los fideicomisos eran una caja de la política y haber cerrado varios, pero sin tocar el de Tierra del Fuego, es evidente que Javier Milei tiene un acuerdo con los empresarios que ensamblan allí teléfonos celulares carísimos, de los cuales la mayoría de los consumidores argentinos son rehenes”, dijo López ante la consulta de el periodista.
El Gobierno evitó dar precisiones ante la solicitud de información de López sobre si el FAMP fue objeto de auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Aunque no pudo especificar proyectos de inversión productiva próxima, la Casa Rosada sí mencionó que ese fondo hizo inversiones financieras como bonos y letras del Tesoro por 91.000 millones de pesos al cierre de 2024.