Viernes, 7 de marzo de 2025
El Ejecutivo de Claudio Poggi inició con los testeos este viernes. Se trata de un examen de orina con el que se busca detectar el consumo de estupefacientes.
El gobierno de la provincia de San Luis puso en marcha una medida que generó impacto y debate: todos los funcionarios públicos deberán someterse a un examen toxicológico obligatorio.
La iniciativa, enmarcada en la Ley de Coherencia y Ejemplaridad, busca detectar el consumo de sustancias ilegales entre los empleados estatales. Según explicó Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, la medida apunta a garantizar que los funcionarios no estén involucrados en el circuito del narcotráfico mientras cumplen funciones legislativas o judiciales.
Este viernes, los primeros 60 funcionarios seleccionados pasarán por el control que determinará si consumieron estupefacientes.
«El objetivo es que ningún funcionario esté de ambos lados del mostrador, consumiendo drogas obtenidas en un mercado ilegal y, al mismo tiempo, tomando decisiones en materia de narcotráfico. Sería una contradicción, como si un director de defensa del consumidor comprara un celular robado», señaló Bazla.
El procedimiento comenzó el pasado miércoles con un sorteo realizado por la Caja Social, que determinó el primer grupo de 60 trabajadores estatales. Los análisis se realizarán en laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) a partir de muestras de orina.
La reglamentación establece que todos los funcionarios jerárquicos y políticos de los tres poderes del Estado provincial deberán realizarse estos controles de manera preventiva mientras dure su desempeño en la función pública.
La medida, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, forma parte de una estrategia provincial de lucha contra el narcotráfico y busca garantizar transparencia y coherencia en la gestión pública.