Rosario:Opuesto a Milei, desde el Concejo buscan prohibir la venta de armas a menores de 21 años en Rosario

Contrario a los intereses del gobierno nacional y del presidente Javier Milei, que la semana pasada firmó un decreto que reduce la edad mínima para la tenencia y compra de armas a los 18 años en Argentina, un proyecto en el Concejo municipal de Rosario impulsado por el edil y exsecretario de Salud Leonardo Caruana pretende prohibir la venta de armas en comercios de la ciudad a menores de 21.

El decreto 1081/2024 del Ejecutivo nacional modificó la reglamentación de la ley de armas y explosivos (20.429). Eliminó el requisito de ser mayor de 21 años para la adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil, y lo fijó en 18, la edad en la que se alcanza la mayoría de edad según el Código Civil y Comercial de la Nación.

La iniciativa del edil que ocupa una banca por el Frente Amplio de la Soberanía propone una prohibición de la venta a las armerías de la ciudad y no sobre el uso de las mismas. «Es decir, desalentar que les puedan vender armas a menores de 21 años. La normativa nacional no es incompatible con fijar una prohibición a las armerías», explicó Caruana a el periodista.

Poner «más requisitos» para la venta de armas en Rosario fue una de las sugerencias que hizo en octubre de 2021 el fiscal Pablo Socca de la Unidad de Balaceras, apuntando a cómo el mercado legal oficia como abastecedor del ilegal, de acuerdo a diversas investigaciones.

«Por cada calibre, uno puede comprar 1.000 balas por día y estaría dentro de la legalidad. Lo que no puede hacer es guardarlas en su casa. Ahora, ¿quién controla que las gastó en un club de tiro?«, cuestionó el funcionario judicial en aquella oportunidad.

En octubre pasado, el juez Hernán Postma dispuso prisión preventiva en distinto grado para once usuarios legales acusados de desviar sus armas al mercado negro. Los imputados (un total de 14) habían sido aprehendidos en el marco de una investigación del fiscal Gastón Ávila y su par Carla Cerliani, del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego.

Un dato oficia de botón de muestra en el legajo penal: una pistola que fue denunciada como robada por uno de los imputados fue utilizada por los sicarios que asesinaron a dos chicas en mayo de este año. El dueño del arma hizo una denuncia falsa de robo poco después del hecho para justificar la no posesión del arma, se señaló en una nota de el periodista.

Las cuentas son claras para Ávila: las armas fueron volcadas al mercado ilegal. Este dato pone el foco sobre la relevancia que adquiere el control sobre la venta de armas de fuego en el mercado legal y, en consecuencia, con el proyecto que será tratado en el Concejo.

En ese sentido introdujo el concepto de “compras de paja” (del inglés straw purchase) para las personas que reúnen las condiciones de ser legítimos usuarios y fungen “prestanombres” sólo para adquirir las armas y desviarlas, según se reflejó en la mencionada nota de el periodista.

El proyecto de Caruana, que ingresó esta semana al Palacio Vasallo, postula en sus considerando que “esta medida del gobierno nacional se enmarca en una promoción del acceso y uso de armas, junto con un proyecto de ley en el Congreso para facilitar la registración de armas de fuego para usuarios irregulares, y la eliminación por parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) de la exigencia de tramitar el certificado de idoneidad a los legítimos usuarios de armas que deban renovar sus permisos”.

“Se desconoce que todas las armas de fuego pueden causar daños irreparables, por lo que es primordial reducir al máximo su circulación y reforzar controles para evitar el desvío en manos de individuos o grupos organizados que las utilizan para cometer delitos o actos violentos”, reflexiona el concejal rosarino en el texto del proyecto.

Si bien el alcance de la normativa planteada se limita a los menores de 21 años y a su posibilidad de acceder a un arma de fuego de manera legal en un comercio local, los argumentos volcados en el texto que ya ingresó al Palacio Vasallo mencionan al control como elemento factible de impactar a favor de un descenso de su uso en episodios violentos.

Un antecedente santafesino y “libertad engañosa”

En la argumentación de las razones que lo llevaron a presentar el escrito, Caruana menciona una medida “transitoria y excepcional” adoptada en la ciudad de Santa Fe en octubre de 2014, cuando se suspendió por el lapso de 90 días la venta de municiones y armas, en un intento de contribuir a disminuir el clima de violencia en la región ante la ola de homicidios récord que se registró en esa época.

También sostiene que los datos del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe, en el período de 2014 a 2021, muestran que en entre siete y nueve de cada diez homicidios cometidos en la provincia se utilizaron armas de fuego.

“La eliminación de requisitos para venta, tenencia y portación de armas” aduce una “libertad que resulta engañosa por diversas razones, ya que una vez que el número de armas en la sociedad crece, los riesgos que se derivan son para todos”, explica.

“Aún quienes ejercen su libertad de no tener armas sufren las consecuencias violentas de que más personas estén armadas y la experiencia demuestra que estas consecuencias impactan en las calles, en las escuelas y en los hogares”, evalúa.

El impacto de una mayor circulación de armas legales en mayores facilidades para el crecimiento del mercado ilegal es otro de los argumentos del proyecto, anclado en el caso de Brasil, donde a partir de la flexibilización de las condiciones de acceso para las personas, el resultado fue un “crecimiento exponencial de la cantidad de armas en manos de la población, a través de redes de tráfico en las que se recluta a personas (en su mayoría pobres), se les gestiona la licencia para el uso legal, corriendo con los gastos de esos trámites y de la compra del armamento, y luego de denunciar un falso robo del arma, se las desvía hacia el mercado negro”.

El extitular de la cartera de salud municipal expuso además que el aumento de la cantidad de armas en circulación multiplica los riegos a los que están expuestos los adolescentes. “Está relevado –explica– que los que cuentan con fácil acceso a armas tienen tasas de suicidio más altas que los que no viven en hogares con armas, en tanto los riesgos de disparos involuntarios y de violencia escolar y comunitaria se incrementan con el acceso a las armas de fuego en el hogar”.

El proyecto de ordenanza

El texto quiere establecer la prohibición en todo el ámbito territorial de la jurisdicción municipal de Rosario la comercialización de armas de fuego a menores de 21 años.

Para eso, propone modificar el artículo 4 de la ordenanza N° 8761 para que el Ejecutivo local instrumente un sistema informático de uso obligatorio para las personas, locales y lugares vinculados al comercio legal de armas de fuego.

Establece que deben registrarse los datos personales del vendedor y comprador: nombre y apellido o razón social, domicilio, documento de identidad, C.U.I.T., edad (mayor de 21 años), datos del legajo de usuario según el manual registral y/o de la Tarjeta de Control de Consumo de Municiones, según corresponda.

También sobre armas, municiones y materiales controlados: marca, tipo, calibre y número de serie correspondientes.

Y las operaciones: fecha, tipo y número de comprobante y cantidad. Los tipos de operaciones se consideran: compra, venta, importación, exportación, devolución, recarga, reparación, montaje, entre otras.

El sistema informático será independiente de los controles, fiscalizaciones y registros dispuestos por las autoridades nacionales y/o provinciales. La carga de cada operación deberá efectuarse de manera inmediata a su realización por los propios sujetos mencionados en el primer párrafo, mediante formulario del sistema informático».

En caso de incumplimiento de lo dispuesto, propone que se apliquen las sanciones dispuestas en el artículo 204 del Código de Convivencia Municipal “por incumplimiento de la normativa vigente en la habilitación de armerías”.

Homicidios y heridos con armas de fuego en la provincia

¿Qué implicancia tienen las armas de fuego en los episodios con heridos y homicidios en Santa Fe? Según el último reporte del OSP, durante los once meses transcurridos de 2024 se contabilizaron 161 víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe; 85 en el departamento Rosario y 32 en el departamento La Capital. Se trata de una disminución de la cantidad de homicidios del 55,5% a nivel provincial, del 64,7% en el departamento Rosario y del 52,9% en La Capital con respecto a igual período del año anterior.

El número de homicidios cometidos por armas de fuego en la provincia de Santa Fe, en el departamento Rosario y en el departamento La Capital posee los registros más bajos de toda la serie temporal analizada 2014/2024. Se trata de una disminución del 66,9% en el caso de la provincia, 71,6% en el departamento Rosario y del 64,8% en La Capital contra el mismo periodo del año 2023.

En los primeros once meses de 2023, casi ocho de cada diez muertes se produjeron por el uso de armas de fuego, mientras que en 2024 representan a cerca de seis de cada diez. Se trata de la presencia relativa del fenómeno más baja de toda la serie temporal. En la última década, el porcentaje más elevado de las muertes producidas por el usar de armas de fuego fue 2022, con el 81,62%.

Por su parte, en el departamento Rosario la proporción de muertes cometidas con armas de fuego entre enero y noviembre de 2024 es la más baja de toda la serie temporal. La presente distribución permite mostrar cómo el fenómeno de la violencia ha cambiado su composición este año respecto de los anteriores: la modalidad de arma de fuego es la más importante, pero al disminuir ésta, ha aumentado la prevalencia de casos de armas blancas y de otros medios en relación al resto, alcanzando los porcentajes más altos desde 2016.

En cuanto a los heridos por arma de fuego, el reporte del OSP muestra que durante los primeros once meses de 2024 se registraron 750 personas heridas en la provincia de Santa Fe. Se trata de la cifra más baja para el intervalo enero-noviembre de toda la serie temporal analizada 20202024. En comparación con el mismo período de 2023 se observa una disminución del 39,4% de los casos en la provincia.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor parte de los/as heridos/as de arma de fuego de los primeros once meses del año tuvieron lugar en los departamentos Rosario 44% y La Capital 38,7%. Los otros 19 departamentos en conjunto registraron 130 casos, que representan el 17,3% del total.