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Rosario: Culminó maratónica audiencia a la «nueva generación» de Los Monos: a «Lucho» Cantero le imputaron pagar por un crimen

Miercoles, 05 octubre 2022

La investigación se basó en escuchas durante más de un año, dijo la fiscal Fabbro. Tras cinco audiencias, el juez dictó prisión preventiva para casi todos los acusados, 14 de los cuales ya estaban presos. Cuánto abonaban por matar

Luego de cinco días de audiencia, en los que 28 personas escucharon las evidencias en su contra por una abanico de delitos, el juez Héctor Núñez Cartelle resolvió, este miércoles, las medidas cautelares para la “nueva generación” de la banda de Los Monos. Una franquicia cuya jefatura está atribuida a Uriel Luciano “Lucho” Cantero (19), hijo del fallecido Claudio “Pájaro” Cantero. La fiscal a cargo de la acusación, Marisol Fabbro, adelantó que remitirá escuchas a la Justicia federal en relación con la actividad de tráfico de drogas.

Desde el jueves pasado, fueron acusados Lucho Cantero, su pareja Érica Bullón y su madre Lorena Verdún como jefes de una asociación ilícita formada para cometer hechos de homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego que opera principalmente en los barrios La granada, Las Flores, Las Delicias y Plata. Como “organizador”, fue imputado Dylan “Capocha” Baldon (18), considerado mano derecha y principal interlocutor de Lucho.

“La investigación se basó, en su gran mayoría, en escuchas que derivan de intervenciones telefónicas que llevan más de un año. Se inició con la investigación de homicidios y derivó en todo este caudal de material que componía o acreditaba otro tipos de hechos delictivos”, señaló la fiscal Fabbro en una rueda de prensa.

«Uno de los elementos que se ventiló es el intento de volver a acopiarse de material armamentístico luego de la detención de Lucho Cantero en enero, con el secuestro de gran cantidad de armas. Uno de los proveedores inmediatos de las armas fue individualizado, pero no se pudo llegar más alto», indicó Fabbro.

Daniel Héctor “Jueves” Carni, Martín Walter “Pariente” Medina, Macarena “Tía Maca” Cantero, María del Carmen Martin, Santiago “Santa” Arnold, Marcelo Diego “Chelo” Sotelo, Carlos Emanuel “Ema” Fernández, Bruno Antonio “Gordo” Candia, Facundo Ismael Meza, Facundo “Charola” Di Filippo, Alexis Nahuel Ledesma, Yamir Jose “Yeimi” Insaurralde, Alberto Rómulo “Beto” Sánchez, Juan Ignacio “Juani” González, Guillermo Leonel “Chami” Aranda, Gastón Ezequiel Schneider, Dylan Lautaro Cantero, Lucas Alejandro Ponce, Brandon Paulo Aramburu, Fausto Santiago Gamarra, Walter Alejandro “Pachón” Arce, Juan Hernán “Perú” Espinoza, Ricardo Jorge “Condor” Verdun y Tomas Emiliano “Tomate” Ruiz Díaz fueron acusados de ser integrantes de la asociación en carácter de miembros y se les asignaron “roles específicos que contribuyeron al funcionamiento de la misma”.

El juez de Primera Instancia Núñez Cartelle dio por admitida la audiencia, disponiendo la prisión preventiva efectiva para «Tomate» Ruíz Díaz y Lorena Verdún por el plazo de 90 días; para «Tía Maca» Cantero prisión domiciliaria por el plazo de 60 días; y la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el resto de los imputados. 

Catorce personas, es decir la mitad, ya se encontraba presa por otros delitos. Entre ellas, Lucho Cantero, ya acusado de extorsión, acopio de armas, intimidación pública y el crimen de Damián Gómez. Bullón, en tanto, purga condena por una causa de extorsión. El imputado como organizador de la asociación ilícita, “Capocha”, cayó detenido a fines de agosto.

Poco después de concluido el capítulo del lunes, Ermelinda Zalazar, abuela de Capocha, fue ejecutada en su almacén de Melián al 6400, en el barrio 17 de Agosto. Un crimen mafioso en el que los ejecutores dejaron escrito con tiza en el pavimiento un número de celular y el emoticón “XD”, que refiere a una carcajada.

Como parte del clan, también fue imputado Schneider, un hijo extramatrimonial del Pájaro Cantero que purga en la cárcel de Piñero una condena a 10 años por delitos como robo y tentativa de homicidio.

En las audiencias se ventilaron evidencias de los homicidios de Damián Gómez, cometido el 22 de junio de 2021, fecha que, por criterios formales de la Fiscalía, fue el inicio de la asociación ilícita; el Ulises Gastón Gamarra Urquiza (23 de febrero pasado) y Luciano Roberto Muscio (3 de julio pasado), el joven de Arroyito que fue asesinado en la autopista Rosario-Buenos para robarle una moto que era codiciada por la banda de Lucho.

Por el caso Gómez, que ya tiene a Lucho preso como instigador, sumaron cargos “Capocha” Baldon y “Santa” Arnold. “Ellos son soldaditos de Luciano Cantero, y hacen todo lo que él diga”, señaló un testigo reservado, citado como evidencia. Gómez dijo como última voluntad en audios de WhatsApp: “Me mandó a matar Lucho, denúncienlo, denúncienlo”.

En tanto, “Capocha” Baldon, “Chelo” Sotelo, “Santa” Arnold y “Puto Mirco” fueron acusados como los verdugos de Gamarra Urquiza, bajo encargo y promesa remuneratoria de Lucho: unos 400 mil pesos, según la investigación.“Lucho me quiere pegar a toda costa”, fue uno de los mensajes que Gamarra le mandó a su novia.

En el caso Muscio, las escuchas a la banda determinaron, según la Fiscalía, que “Juani” González y “Kaky” (prófugo) marcaron a la víctima en las picadas “Gálvez Stunt” y lo abordaron en la autopista, al regreso, para robarle la XR 250. Fue un homicidio criminis causa, es decir, perpetrado para consumar el robo de la moto.

La causa tiene prófugos a los identificados como “Puto Mirco” –sicario de la banda; “Gonza”; “Isa”; “Josema”; “Mancha”; “Kaky” –señalado como uno de los homicidas de Luciano Muscio–; “Randy”; “Gregor”; “Pinocho” y Nelson O., alias “Propio”. Este último, dueño de la panadería de Batlle y Ordoñez y Melián, donde el pasado 8 de septiembre fue asesinado el empleado Gabriel Jaime. Y al menor de edad apodado “Pequeño Bandido”. Ello, por nombrar a las personas identificadas en el organigrama de la Fiscalía.

La banda, dijo Fabbro, también cometía delitos de jurisdicción federal: “Vamos a hacer una selección y remitir las escuchas que sean de interés vinculadas con comercio ilegal de estupefacientes a la Justicia federal, como así también la evidencia relativa a hechos delictivos por parte de personas que al momento de esos hechos individuales eran menores de edad, para que sean atribuidos y se investiguen en la sede de menores”.