Martes, 29 agosto 2023
El titular de la Asociación Empresaria, Ricardo Diab, dijo que «el sistema de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del gobierno».
El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) e integrante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, admitió este martes que «la gran mayoría de los comercios de Rosario no va a poder pagar» la suma fija de $60 mil dispuestos por el gobierno nacional para recomponer los salarios y dijo que para el sector «el sistema de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del gobierno«.
El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció el domingo un incremento de salarios no remunerativo, por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias de $60 mil pagaderos en dos cuotas mensuales -en septiembre y octubre– para los empleados públicos y privados que perciban un ingreso neto menor a los $400 mil mensuales.
Massa subrayó que estos incrementos son “a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra de los salarios de los trabajadores”. Y agregó: “eE el caso de las micro empresas le vamos a devolver el 100% de las contribuciones patronales y en el caso de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), del 50% de las contribuciones para ayudar a los trabajadores”.
Este martes, en declaraciones al programa «El primero de la mañana«, de LT8, Diab se refirió al comunicado emitido por Came y en donde cuestionan las medidas del gobierno al señalar que «para nosotros el sistema de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del gobierno«.
«¿Cuál es la diferencia? -se preguntó el dirigente-. Primero, acabamos de cerrar una paritaria ajustando el pasado y previendo en el futuro. Y sin ningún problema u objeción de volver a reunirnos y reabrir para seguir discutiendo». Y enseguida acotó: «La gran diferencia es que tanto el sector sindical como el patronal se junta y saben cuál es la realidad del sector y del momento y podemos llegar a acuerdos razonables y posibles. Cuando es por imposición, sin querer entender la situación de cada sector en particular, se decreta algo linealmente«.
Ricardo Diab, tras la lectura del documento. A su lado Sebastián Chale, secretario de la producción de la Municipalidad, y Franco Bartolacci, rector de la UNR.
Al indicársele que el Estado plantea que una parte de esa suma fija va a ser absorbida por una disminución de los aportes patronales, Diab subrayó que «la problemática es, sin tener aún la letra chica, que muchas veces se anuncia de una manera y después sale de otra. Después, conseguir ese resarcimiento genera otra situación en la que se termina pagando del bolsillo de los empleadores sin que el Estado se haga cargo. Eso genera incertidumbre. E incluso si así fuera, no alcanzaría«.
El titular de la AER explicó luego que por las charlas mantenidas con los distintos sectores se desprende que «la gran mayoría de los comercios de Rosario no van a poder pagar» esa suma fija, al tiempo que descartó que la situación se judicialice. «No pensamos en nada judicial, somos dialoguistas., Por eso nos afecta que no hubo un espacio donde poder conversar y debatir», enfatizó.
El comunicado de CAME
«Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance».
«En ese sentido, CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto».
«En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida».
«La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente».