Martes, 17 de Diciembre 2024
La causa del asesinato del músico punk sumó un tercer acusado como autor material. Se trata de un tiratiros que en marzo del año pasado se filmó amenazando a los vecinos que derribaron búnkeres de droga en barrio Los Pumitas, luego del crimen de Máximo Jerez. Los detalles
El caso de Lorenzo “Jimi” Altamirano, el joven músico que fue secuestrado y luego asesinado frente al estadio de Newell’s en medio de una disputa entre grupos mafiosos, sumó un nuevo imputado como coautor del crimen. Se trata de Uriel Enrique, un tiratiros que fue condenado recientemente por haber grabado un video con amenazas al entorno de Máximo Jerez, el niño de 12 años cuya muerte violenta en marzo del año pasado generó una pueblada en barrio Los Pumitas, donde una muchedumbre derribó búnkeres de droga a mazazos.
Enrique se suma así al grupo de tiratiros de la facción disidente de Los Monos, que el 1º de febrero de 2023 mató de tres disparos a Jimi y dejó un mensaje dirigido a los cabecillas de la barra brava rojinegra: “Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez, dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario”.
Para los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el crimen de Jimi fue pergeñado por Pablo “Nico” Camino y Leandro Vilches, quienes a fines de 2022 se separaron del núcleo duro de Los Monos y, junto con otros actores del mundo criminal, encabezaron una disputa por el control de los negocios y la calle contra la gente de “Toro” Escobar y “Pollo” Vinardi, los principales lugartenientes de Ariel “Guille” Cantero, cuya voz de mando comenzaba a ser disputada.
Ese ciclo criminal, según coinciden investigadores, sigue hasta estos días y, tras meses de violencia soterrada, volvió a explotar y quedar en evidencia con el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte en noviembre pasado.
Por el caso de Jimi, la Fiscalía ya había imputado a Camino como instigador desde la cárcel federal de Rawson y a los sicarios Alexis “Tato” Romero (julio de 2023) y Axel Daniel Ramírez (agosto de 2023) como autores materiales del homicidio. A estos dos últimos también les atribuyen haber robado el Renault Sandero utilizado en el crimen, el cual fue sustraído a punta de pistola el 30 de enero en Chacabuco y Cochabamba, poco menos de 48 horas antes del secuestro y ejecución del joven músico punk.
En este universo también aparece Daniel Mateo Bommer, quien está imputado como partícipe primario del homicidio. Bommer, que según los fiscales tenía contacto telefónico con Camino, cayó en julio del año pasado en un hogar cristiano que funciona como centro de rehabilitación de adicciones en la localidad bonaerense de Villa Bosch. Antes, su propia banda intentó matarlo.
La sospecha de un tercer ocupante en el Renault Sandero existía desde el año pasado, tal como había deslizado el fiscal Matías Edery: “Para la hipótesis que manejamos, falta identificar una persona en ese auto, por la secuencia del hecho. Pudo haber dos, pero creo que hubo tres personas en ese auto”.
Fotos, armas y video
En este punto, el caso de Jimi se entrecruza con otro suceso que marcó a fuego el violento 2023: el asesinato del niño Máximo Jerez, quien el 5 de marzo recibió un balazo al quedar en medio de un tiroteo entre bandas que se disputaban el control del narcomenudeo en Empalme Graneros. El objetivo del ataque que le quitó la vida a Máximo era un búnker de “Los Salteños”, un grupo liderado por Cristian Villazón (ya entonces preso). La reacción popular por semejante injusticia derivó en un estallido en ese barrio postergado. A mazazos, los vecinos derribaron las propiedades y aguantaderos que identificaron con este grupo criminal.
A las pocas horas de esa revuelta, un video aterrador comenzó a circular por WhatsApp. Un sujeto enmascarado empuñando un arma lanzaba una serie de amenazas y prometía represalias por el levantamiento: “Escuchen, manga de giles. Van a tener que devolver las cosas, o si no, todos los días les vamos a dejar un muerto. Todas estas balitas son para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas o les damos plomo, giles”.
El 17 de marzo de 2023, tras una rápida investigación, el personal de la Unidad Especial del Crimen Organizado (Ueicro) puso tras las rejas al tiratiros de la máscara: Uriel Enrique, quien cayó en Cavia al 1400. Por este hecho de amenazas, Enrique recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión en noviembre pasado.
Pero la historia no terminó allí: el peritaje al celular incautado a Enrique en el momento de su detención arrojó indicios de que fungía como soldadito de una trama criminal mayor, no limitada al narcomenudeo en Empalme.
Ello comenzó a hilvanarse de una manera algo azarosa. El 16 de mayo de 2023, el Comando Radioeléctrico interceptó un Chevrolet Onix en Guatemala y Pellegrini y detuvo a cinco personas por la portación de dos pistolas 9 milímetros.
Una de estas armas, una Bersa Mini Thunder, se cotejó con los tres casquillos hallados en la escena del crimen de Altamirano: según el peritaje la coincidencia fue total. Era el arma utilizada para dar muerte al músico. Los detenidos, según información de los investigadores, eran integrantes de la banda de Tato Romero, el hombre de Vilches en la calle.
Para los fiscales, no hay dudas de que Uriel Enrique fue uno de los que empuñó esa Bersa la noche en que mataron a Jimi Altamirano tras secuestrarlo en 27 de Febrero e Iriondo cuando salía de ensayar con su banda.
La evidencia surge del análisis del celular de Enrique, de donde se recuperaron una serie de imágenes donde se lo puede ver portando una Bersa en la casa de Tato Romero, ubicada en 27 de Febrero y Vera Mujica, minutos después del crimen de Jimi, el 1º de febrero de 2023.
El contenido de los archivos y un TV de fondo arrojó que las fotos fueron tomadas entre las 23.15 y las 23.22. La primera llamada que alertó sobre el cuerpo hallado frente al Coloso fue a las 22.49.
Es decir, para la Sección Balística que encabezó los análisis, el arma utilizada para matar a Jimi y la que porta Uriel Enrique en fotos que se tomó minutos después del crimen, en la casa de un coimputado, es la misma.
Para la jueza María Trinidad Chiabrera, las evidencias fueron suficientes para atribuirle a Enrique la coautoría del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, las amenazas coactivas calificadas por el uso de armas y ser anónimas, y la portación ilegítima de arma de fuego de guerra.