Domingo, 18 agosto 2024
Los gremios docentes de Santa Fe rechazaron el proyecto de educación esencial que aprobó el Congreso de la Nación y apuntaron que «solo quiere limitar el derecho a huelga».
La media sanción que la Cámara de Diputados de la Nación dio al proyecto de ley que declara a la educación como servicio esencial no fue bien recibida por los gremios docentes de Santa Fe, quienes apuntaron que el único objetivo es «limitar el derecho a huelga de los trabajadores».
La iniciativa impulsada por el PRO fue aprobada por 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones. Indica que se deberá garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.
Uno de los artículos establece un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos.
En tanto, indica que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días. A su vez, exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.
Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo.
Críticas desde Amsafé y Sadop
Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé, dialogó con periodistas y expresó «preocupación» por la media sanción del proyecto en el Congreso a la que calificó como «gravísima» y aseguró que el «único objetivo que persigue es limitar el derecho a huelga de los maestros».
«El objetivo no es priorizar la educación sino evitar y limitar el derecho a huelga docente. Eso a su vez conlleva una mirada preocupante, entenderla como un servicio implica que se puede comprar y vender, es abrir las puertas a la mercantilización», destacó Alonso y calificó como «gravísimo» lo que ocurrió en la Cámara de Diputados.
Al mismo tiempo, el dirigente gremial cuestionó las voces de aquellos legisladores que impulsaron la iniciativa y adjudican los problemas en materia de educación a la cantidad de huelgas o días de clases. «La importancia pasa por limitar el derecho a huelga o por que el Estado invierta más dinero en salarios, infraestructura, formación docente» se preguntó y arremetió contra los recortes del Ejecutivo nacional. «No hay paritaria nacional, no hay aumentos, recursos para la formación, en consecuencia lo importante son las políticas que se llevan adelante», completó.
Por su parte, desde el sindicato de docentes privados, Sadop, su secretario General, Pedro Bayugar, enfatizó que el proyecto «no mejora la educación» porque no busca dotar con recursos a las escuelas y maestros. «Solo significa que no se puede hacer paro», subrayó.-
Por otra parte, Bayugar recordó que según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional, la la Educación no es servicio público esencial.
Por último, Rodrigo Alonso y Pedro Bayugar coincidieron en que buscarán reunirse con los tres senadores nacionales que representan a Santa Fe para trasladarles sus miradas y llevarán sus planteos ante la OIT. «Si avanza habrá que ver después qué hace la Provincia, si adhieren o no», completó Bayugar.
Rechazo a nivel nacional
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también se mostraron en contra de la iniciativa y mediante un comunicado expresaron su rechazo. «Esta norma es un atropello a los derechos constitucionales, tratados internacionales y de la OIT, de ejercer el derecho a la protesta», indicaron.
«La verdadera intención de este proyecto, no es mejorar la educación y garantizar a las infancias y juventudes una educación de calidad; sino cercenar y prohibir el derecho de huelga y protesta, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales», agregaron y cuestionaron las decisiones del Gobierno de Javier Milei desde que asumió donde recortó recursos comedores escolares, copa de leche, infraestructura escolar, becas, capacitación; bajos salarios y quita del FONID.
«Volvemos a destacar que la educación no es un servicio sino un derecho que emana de la Constitución Nacional y la Ley Nacional de Educación», enfatizaron desde CTERA y adelantaron que continuarán luchando en beneficio de la educación como un derecho.