Lunes, 07 de abril 2025
El organismo de control multó a varios funcionarios de la comuna. No hubo cargos. Qué dijo el Intendente de la comuna.
El Tribunal de Cuentas aplicó una serie de multas a ocho funcionarios de la municipalidad de La Paz, que administra el peronista Fernando Ubieta, por irregularidades e inconsistencias en la rendición del Ejercicio 2023.
Si bien el organismo de control aprobó la rendición de cuentas de La Paz este mes de marzo, el fallo en cuestión, que supera las 30 páginas, aplicó multas “simbólicas” que van desde los $50.000 a los $300.000, a funcionarios de la comuna que tuvieron errores -algunos con «graves fallos de control interno»- en lo que corresponde la gestión de los recursos públicos de los vecinos paceños.
Los funcionarios a quienes se les aplicaron multas fueron los siguientes: el contador general, Juan Espín, por $300.000; el secretario de Gobierno, Franco Gil, por $50.000; el secretario de Hacienda, Exequiel Vespa, por $150.000; el exfuncionario de Recursos Humanos, Santiago Pedernera, por $100.000; otro encargado de Recursos Humanos, Nazareno Loza, por $50.000; el director de Compras, Pablo Alcaráz, por $100.000; la directora de Educación, Ofelia Zuleta, por $50.000; y la directora de Desarrollo Socioeconómico, Virginia González, por $50.000.
Descargo de Ubieta
Desde la comuna, el intendente Ubieta reconoció las irregularidades y señaló que se trató de “errores” que “derivaron en multas, no en cargos”, haciendo referencia que no han sido casos de posible corrupción.
“Ha faltado documentación en algunos expedientes y lo hemos ido incorporando a medida que han estado haciendo los informes”, manifestó a MDZ.
No obstante, admitió que en parte, dichos errores se han registrado “básicamente porque no cuento con los profesionales para hacerlo”.
“No hay muchos profesionales que quieran venir con el sueldo que se paga en La Paz. No tengo abogados, tengo uno de experiencia y dos más que se han recibido hace medio año. Obviamente que se me dificulta muchísimo en términos de los profesionales”, indicó.
Al margen, valoró que la cuenta general del 2023 esté aprobada “y es lo que a mí realmente me interesa”. “Errores administrativos se cometen siempre. No puedo hablar sobre lo que el Tribunal informa porque es su trabajo y uno lo respeta”, marcó.
Las inconsistencias, una por una
- Falta de rendición de viáticos.
El Tribunal detectó inconsistencias sobre faltas y errores en las rendiciones de cuentas, como por ejemplo de alojamientos en lo que corresponde a los ingresos y salidas de diversas misiones..
En su descargo, se indicó que el Intendente mencionó que, por ejemplo, “los comprobantes de carga de combustibles que dan una idea de los horarios de salida y regreso, fueron entregados al área contable, pero se extraviaron, por lo que se emite la declaración jurada”.
“Se evidencia un importante desorden administrativo, al extremo de extraviarse documentación, incorporar a las piezas administrativas comprobantes de rendiciones que no corresponden a las misiones aprobadas sujetas a rendición. La situación expuesta denota fallas en el sistema de control interno”, destacó la Secretaría Relatora. Por esos problemas, se multó al contador general de La Paz con $50.000.
- Pagos irregulares del presentismo
Sobre este punto, se comprobó que el municipio otorgó el adicional a empleados “a todo el personal”, pese a la “existencia de casos de inasistencias”, cuyos descuentos no se aplicaron.
Ante esto, los responsables informaron que hubo “erorres involuntarios” y que se adelantó que hay un “compromiso de devolver los días de inasistencias a fin de evitar el correspondiente descuento debido a la situación económica actual”. No obstante, desde la Auditoría Contadora se informó que “no hay documentación suficiente que demuestre la efectiva prestación del servicio”.
También se mencionó que el municipio adquirió anteriormente relojes biométricos para mejorar el control de asistencia, pero los mismos “no encontraban operativos al momento de las auditorías”.
Como medida alternativa, se implementaron planillas manuales, lo que generó inconsistencias y falta de verificación en la prestación del servicio por parte del personal.
Por todo esto, se aplicaron multas de $50.000 a cada uno de los siguientes funcionarios: Gil, Vespa, Espín, Pedernera y Loza.
- Deficiencias en la indumentaria para el personal
Se comprobó también falta de cumplimiento en plazos para la entrega de indumentaria, y aún así el municipio pagó el 100% de los bienes. Hubo fallas de control, inexistencia de órdenes de compra, así como también falta de sanciones para proveedores por tardanzas en las entregas.
El municipio señaló que hubo problemas porque el pago se dispuso para marzo del 2023 y entre enero y febrero se hizo “dificultoso recolectar los talles de la indumentaria”. En tanto, dijeron que hubo “emplazamientos verbales” a los proveedores por dichas tardanzas.
Las sanciones fueron también por $50.000 para Vespa, Espín y Alcaráz por procedimientos administrativos irregulares.
- Deficiencias en expedientes de pago del servicio de transporte escolar
La auditoría reveló deficiencias en la acreditación del servicio en el ciclo lectivo 2023, certificaciones sin respaldo documental y pagos efectuados sin la debida verificación del cumplimiento del contrato.
Una de las irregularidades fue que el municipio contrató el servicio de transporte escolar para febrero, pese a que el ciclo lectivo comenzó el 27 de ese mes y no hubo “documentación certificada” para lo que fue el traslado a las escuelas de los estudiantes con necesidad de fortalecimiento escolar.
Al margen de esto, también se detectó que se presentaron certificados de viajes que fueron “idénticos” para varios meses (de marzo a junio) sin considerar días no laborables, feriados o ausencias de alumnos. Es decir, más allá que no se haya prestado el servicio en alguna jornada, se entiende que el mismo se pagó igual.
Además, se pagó también por cantidad fija de viajes y no por “kilómetro recorrido”, como establece la normativa.
En sus descargos, los funcionarios admitieron que los pagos se realizaron sin verificar los kilómetros recorridos, lo que atribuyeron a una metodología de trabajo inadecuada. También señalaron que el daño patrimonial generado fue «leve» y que se implementarán mejoras en los procesos de contratación y control.
- Deficiencias en contratación, pago y rendiciones de subsidios
La auditoría detectó deficiencias en la documentación de contratación y pago de subsidios, así como en la distribución de alimentos para cooperativas.
Entre las inconsistencias, no se presentaron acreditaciones sobre la distribución de los recursos a los beneficiarios finales; hubo falta de respaldo en la distribución de los mismos; faltaron firmas de responsables de organismos; y no hubo registros “claros” que acreditaran la entrega de los alimentos, así como tampoco planillas con los datos y firmas de los beneficiarios.
- Problemas en cobranzas
Por un lado, se detectaron falta de acciones de cobranzas desde el municipio, con deudas que “superan los cinco años y no registran pagos”, así como además deudores con planes de facilidades de pago “cuyo cumplimiento en muchos casos se limita a las primeras dos cuotas” y que luego dejaron de saldar sus acreencias.
Desde el municipio respondieron que se iniciaron expedientes administrativos y acciones “para regularizar su situación” y que en una segunda instancia se procedería a llevar a los morosos a la justicia. También adjuntaron ordenanzas con condonación de deudas de microcréditos y también un proyecto para condonar otras tasas a la propiedad raíz.
- Inventarios defectuosos
También se registraron inconsistencias de acuerdo a los bienes de uso, con problemas en los inventarios que fueron admitidas por parte del propio municipio, como por ejemplo el registro de “bajas presupuestarias” que no figuran en los anexos.
Desde el Tribunal recordaron fallos anteriores donde se solicitó efectuar un “relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes del Municipio, realizar los ajustes que correspondan y establecer mecanismos de control interno a fin de mantener actualizado el inventario de bienes”, que a la fecha no se ha hecho.
- Deficiencias en contrataciones y pagos de obra pública
En este punto, mencionaron que hay adjudicaciones “cuyos bienes no se ajustan a las especificaciones particulares según pliegos”.
Se hizo referencia a una licitación por 400 luminarias led, cuya auditoría evidenció deficiencias ya que “se adjudicó a un oferente que no se ajustaba a las especificaciones técnicas”.
La Secretaría Relatora, expresó que los responsables admitieron errores “acerca de aludir a una marca determinada de luminaria y, la ausencia de impugnación por parte de los interesados en cuanto a que se hubiere vulnerado el principio de igualdad de los oferentes”.
El fallo del Tribunal de Cuentas
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