Martes, 03 enero 2023
Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, legisladores nacionales del Frente de Todos, hicieron mención al pedido de enjuiciamiento al máximo tribuna de Justicia y apuntaron contra la oposición.
Diputados nacionales del Frente de Todos se refirieron al pedido de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, planteo que realizó el presidente Alberto Fernández y que sacudió al entorno del máximo tribunal de Justicia del país.
Ante la necesidad de aprobar el juicio político con la aprobación de dos tercios de los integrantes de la Cámara baja, Leopoldo Moreau, histórico legislador del kirchnerismo, sostuvo que «Juntos por el Cambio tiene que inventar algo para cubrir a (Marcelo) D’Alessandro», alusión a la filtración de supuestos chats existentes entre el funcionario porteño y Silvio Robles, vocero de la Corte. «Esto es parte de la interna feroz y salvaje que se ha desatado entre ellos», aseguró.
«Va a ser muy difícil demostrar la inocencia de la Corte Suprema. Se lanzaron a una aventura de quiebre institucional», dijo en diálogo con El Destape Radio y agregó que «Alberto Fernández juró que iba a defender la Constitución frente a los intentos de quienes pretendan violarla (…) Ellos inventaron otra cosa aberrante en la Argentina que es la existencia de dos códigos penales diferentes: uno para perseguir al kirchnerismo y el otro para proteger al macrismo».
En tanto, el diputado Rodolfo Tailhade aseveró a la misma emisora radial que «está muy claro por qué Juntos por el Cambio no va a acompañar el pedido de juicio político. El chat de D’Alessandro mostró cómo opera de manera conjunto la Corte y Juntos por el Cambio».
«Yo estoy de acuerdo en investigar a los 4 miembros de la Corte. Me parece que la batalla no es entre D’Alessandro y el Frente de Todos, la batalla es entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (…) El chat de Lago Escondido aparece cuando explota el caso (Gerardo) Milman», expresó.
De acuerdo con el reglamento de la Cámara, la comisión de Juicio Político podrá rechazar «in limine» o abrir a aprueba un sumario sobre un pedido de enjuiciamiento presentado contra algún miembro de la Corte Suprema, ministros del Poder Ejecutivo o el presidente y vicepresidente de la Nación.
Para poder abrir la investigación debe tener mayoría en la comisión de Juicio Político y eso sucede hoy en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo posee 16 de los 31 miembros en ese organismo clave del cuerpo legislativo, que hoy preside la legisladora entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard.
En ese sentido, la legisladora oficialista ratificó que «el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar en la apertura del sumario para empezar a investigar». «La investigación dura 60 días», dijo, y señaló que, en ese plazo, «se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan».
El reglamento de la comisión de Juicio Político permite cuando se abra la investigación con mayoría simple -lo que no sucede hace años- que se pueda pedir documentación a la justicia, llamar a los acusados -aunque pueden excusarse de testimoniar- y citar a otros testigos.
Tras el proceso de investigación, el Frente de Todos tiene los números para emitir el dictamen en la comisión de Juicio Político, pero no puede alcanzar los dos tercios de los votos de los miembros presentes en el plenario si Juntos por el Cambio mantiene su postura de rechazo a este enjuiciamiento contra Horacio Rosatti, ya que existe una extrema paridad entre las dos fuerzas políticas.
El artículo 53 de la Constitución Nacional fija que la Cámara de Diputados puede acusar «ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes».
El artículo 59 establece que «al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto».