Miércoles, 02 de Octubre 2024
Mediante un decreto, el Ejecutivo dio un paso clave en la pugna con los aeronáuticos, al avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera.
El presidente Javier Milei dio un paso clave en su camino para privatizar Aerolíneas Argentinas. Con la publicación del Boletín Oficial de este miércoles, el Ejecutivo emitió el decreto 873/2024 mediante el cual declara como «sujeta a privatización» a la aerolínea de bandera.
Este decreto presidencial, que además lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, tendrá tratamiento de preferencia dentro del Congreso de la Nación ya que el mismo se ampara en la ley de Reforma del Estado aprobada en 1989 durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.
«Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.», dice el artículo 1 del decreto publicado en el Boletín Oficial.
En su punto 2, el documento expresa «La declaración efectuada en el artículo 1° se regirá, en todo lo que fuera compatible o no se opusiere, por lo establecido en el CAPÍTULO II del TÍTULO II de la Ley N° 27.742».
Qué dicen los considerando de la normativa
El Gobierno de Javier Milei expresa, en todo momento, que Aerolíneas Argentinas es una empresa que genera pérdidas considerables para el Estado. Por eso mismo, en las últimas semanas, el conflicto con los aeronáuticos ha ido en franco ascenso con paros ya realizados y amenazas sobre otras medidas de fuerza.
«Los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros», dice uno de los considerando publicado en el flamante decreto.
Desde Balcarce 50 consideran que «la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente».
«La venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras», puntualiza en otro tramo del documento.
Un poco de historia sobre la ley en la que se ampara Milei
La normativa, bajo la que se encuadra este decreto de Javier Milei, es de los tiempos de Carlos Menem y dispone que «la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza». La denominada Ley de Reforma del Estado fue sancionada en agosto de 1989, en los inicios del mandato del riojano.
En su artículo 8 la normativa detalla cómo es el procedimiento para avanzar en privatizaciones en empresas en las que el Estado tiene participación: «Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas ‘sujeta a privatización’ de acuerdo a las previsiones de esta ley», indica.
Luego llega el artículo que adelantó el vocero Manuel Adorni el pasado viernes en conferencia de prensa: «La declaración de sujeta a privatización será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza».
El artículo 10 precisa el alcance de la ley que hizo valer Javier Milei para firmar el decreto: «El acto que declare ‘sujeta a privatización’ puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada».
El texto también explica que «el decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio».
En aquel entonces, tras aprobarse la Ley de Reforma del Estado, el gobierno de Carlos Menem privatizó Aerolíneas Argentinas el 20 de noviembre de 1990.