En medio de la visita de Netanyahu, Hungría anuncia su salida de la Corte Penal Internacional

Viktor Orbán y Benjamín Netanyahu. 

Tal como expresó Gulyás en su mensaje, la CPI era «una iniciativa respetable pero lo que hemos visto en los últimos tiempos -y la acusación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el ejemplo más triste de ello- es que se ha convertido en un organismo político«.

Este jueves, Benjamín Netanyahu llegó a Budapest en el marco de la primera visita a un país que forma parte del Estatuto de Roma desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención en su contra. La acusación que pesa sobre el líder israelí es por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Viktor Orbán y Benjamín Netanyahu. 

El Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán invitó a Netanyahu a visitar Budapest y ha repetido que no iba a ejecutar la orden de detención alegando que las decisiones de la CPI «no están reconocidas» en el código penal húngaro.

Orbán, cercano aliado de Netanyahu, calificó en su momento la orden de arresto de «descarada y cínica». Además, el Gobierno húngaro argumentó que el tribunal con sede en La Haya «no tiene derecho» a procesar al primer ministro israelí, defendiendo que Israel actúa en legítima defensa frente a los ataques del grupo islamista Hamás.

Hungría firmó el Estatuto de Roma en 1999 y lo ratificó en 2001, durante el primer mandato de Orbán como primer ministro, pero no ha reconocido en su código penal las disposiciones de la CPI.

Hungría ya señaló en febrero de este año que reconsideraría su cooperación con la CPI, poco después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara sanciones contra la Corte. Ese tribunal «se ha convertido recientemente en una herramienta política tendenciosa y ha desacreditado a todo el sistema jurídico internacional«, dijo en aquel entonces el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.

Hasta la fecha, solo dos países han abandonado la CPI: Burundi en 2017 y Filipinas en 2019.

Fundada en 2002, la Corte cuenta actualmente con 125 Estados miembros y tiene como mandato enjuiciar los crímenes más graves —genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad— cuando los Estados no están dispuestos o no pueden hacerlo por sí mismos.