Jueves, 20 de Marzo 2025
Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el jueves 3 de abril. La oposición tendría los votos para impedir la designación definitiva e incluso revocar su nombramiento en comisión.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión pública especial para el jueves 3 de abril a las 14, con el objetivo de tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para su designación como jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para alcanzar un nombramiento definitivo en el Máximo Tribunal, ambos candidatos deben obtener el voto afirmativo de las dos terceras partes de los legisladores presentes, según lo estipulado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
El pliego de García-Mansilla enfrenta un panorama incierto. El jurista ya asumió en la Corte luego de haber sido designado en comisión por el presidente Javier Milei, una medida que generó un fuerte debate jurídico. Sin embargo, si su pliego es rechazado en el Senado, su permanencia en el tribunal solo estará garantizada hasta el 30 de noviembre de este año. A partir de esa fecha, no podrá continuar como juez regular hasta alcanzar los 75 años.
Las proyecciones indican que la oposición podría reunir los votos necesarios para rechazar su designación. En ese caso, García-Mansilla podría continuar en su cargo hasta noviembre, salvo que decida renunciar, una posibilidad que parece poco probable.
Existe otro mecanismo que podría acelerar su salida del tribunal: el Senado podría revocar su designación en comisión mediante una votación por mayoría simple, en un proceso independiente del tratamiento de su pliego. No obstante, en ese escenario, algunos especialistas advierten que García-Mansilla podría judicializar la decisión, mientras que otros sostienen que solo podría ser removido mediante un juicio político.
Los pliegos de Lijo y García-Mansilla fueron presentados en el Senado el año pasado y discutidos durante las sesiones extraordinarias convocadas por Milei en verano. Sin embargo, al no alcanzar la mayoría requerida, el Presidente optó por designarlos en comisión a través de un decreto, amparándose en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución.
Dicho apartado permite al Ejecutivo cubrir vacantes en cargos que requieren acuerdo del Senado cuando ocurren durante el receso legislativo, aunque sus nombramientos expiran al finalizar la próxima legislatura.
A pesar de las controversias, la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla el pasado 27 de febrero, permitiéndole asumir el cargo y participar en decisiones judiciales desde entonces. En paralelo, Ariel Lijo solicitó licencia en su juzgado federal Nº4, pero la Corte se la denegó. Por el momento, Lijo no contempla renunciar y apuesta a conseguir los votos necesarios para su confirmación en el tribunal.
El desenlace de la sesión del 3 de abril será clave para definir el futuro de García-Mansilla en la Corte. Si el Senado le niega el acuerdo, el juez quedará en una situación inédita que podría derivar en una batalla judicial y política sin precedentes.