Lunes, 20 de enero de 2025
José Mayans, jefe del bloque de senadores kirchneristas, volvió a exigir que el Gobierno nomine un candidato propuesto por su sector a cambio de los votos para que el juez federal llegue al máximo tribunal
El senador José Mayans
El jefe del bloque kirchnerista del Senado, José Mayans (Formosa), aseguró que todavía no existe ningún tipo de acuerdo con el Gobierno por los pliegos que nominan al juez federal Ariel Lijo y al catedrático y exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral Manuel García-Mansilla, para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia. El formoseño se mostró pesimista en cuanto a la posibilidad, fogoneada desde la Casa Rosada, de que ambos candidatos puedan recibir en las próximas semanas el acuerdo de la Cámara alta.
“El pliego de Lijo puede tener los números para el dictamen, pero sigue sin acuerdo porque nosotros le dijimos claro al Gobierno que, como número mayoritario, pretendemos que se nomine a la Corte a una persona que tenga nuestra visión del Estado”, afirmó Mayans, cerrándole la puerta a un eventual tratamiento de los candidatos de Javier Milei durante las sesiones extraordinarias que comienzan hoy y se extenderán hasta finales de febrero.
Tal como informó el periodista, el kirchnerismo se plantó en octubre del año pasado y le reclamó al Gobierno que nomine a una mujer elegida por ellos en reemplazo de García-Mansilla y a cambio de la aprobación del pliego de Lijo o, en su defecto, la ampliación de la Corte y la inclusión de otros cargos judiciales, como el Procurador General de la Nación y de más de 140 juzgados federales que se encuentran vacantes, como parte de la negociación para darle sus votos a los dos candidatos de la Casa Rosada.
Al respecto, Mayans aseguró que desde entonces no ha habido avances que permitan destrabar las nominaciones impulsadas por Javier Milei, ya que hasta el momento nadie del Poder Ejecutivo se ha acercado a hablar con él para negociar los nombramientos en la Corte. “Que yo sepa, no”, fue la respuesta del legislador cuando este diario le preguntó si había novedades en las negociaciones.
Santiago Caputo, en la cena de CPAC
“La necesidad de reunir el voto de los dos tercios te obliga a negociar. El que maneja las operaciones por los jueces de la Corte es Santiago Caputo, que es el que llamaba para comprar votos, pero no es tan fácil comprar 48 votos”, afirmó, irónico, Mayans. En ese sentido, el senador dijo que, hasta el momento, el Gobierno sigue reclamando que le aprueben los dos jueces antes de sentarse a conversar la ampliación de la Corte o los cargos judiciales vacantes.
El senador por Formosa conduce la primera minoría y principal bancada de la Cámara alta que, con 33 senadores, tiene la llave para reunir los dos tercios de los votos de los presentes que exige la Constitución para designar a un juez en el máximo tribunal del país y cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Ese número se incrementará en la próxima sesión del Senado, que no tiene fecha todavía, cuando debería jurar Stefanía Cora, militante de La Cámpora, como representante de Entre Ríos en reemplazo de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay cuando intentaba ingresar con US$200.000 en efectivo y expulsado de la Cámara alta el 13 de diciembre último.
El jefe del bloque de Unión por la Patria también aseguró que su bancada no está dispuesta a bajar al recinto durante el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 21 de febrero, si el Poder Ejecutivo no habilita el tratamiento del proyecto de presupuesto 2025.
Presupuesto
“Es inadmisible que pretendan manejarse prorrogando un presupuesto redactado a fines de 2022. Si no incluyen el tema veo complicado que haya sesiones en el Senado hasta la sesión preparatoria del 24 de febrero”, afirmó Mayans, en línea con el reclamo planteado por su par de la Cámara baja, Germán Martínez (Santa Fe), y por otros bloques de Diputados.
En ese sentido, el senador formoseño se quejó porque el Poder Ejecutivo mantiene retenidos $600.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) que debió haber entregado a las provincias. “Si no los usan deberían incluirlos en la coparticipación y repartirlos con los estados provinciales”, opinó Mayans.
