Domingo, 15 enero 2023
Emilio Pérsico le otorgó a la cooperativa que maneja la empresa más de $5 millones para equipamiento, y luego el INAES, también controlado por el Movimiento Evita, le dio otros $10 millones. Además, sus integrantes cobran sus sueldos con fondos del Programa Potenciar Trabajo. Los ex empleados denuncian que fueron perjudicados
En abril de 2020, en pleno aislamiento, el presidente de la cooperativa Farmacoop se sacó una foto con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos.
La llamativa licitación por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para comprar un millón de potes de gel lubricante íntimo desnudó la historia de uno de los principales laboratorios del país que fue a la quiebra y logró “recuperarse” gracias a una enorme masa de recursos estatales. Durante la pandemia, el Gobierno nacional decidió volcar millones de pesos para solventar a la cooperativa Farmacoop, surgida en diciembre de 2019 tras la quiebra de laboratorio Roux Ocefa. Desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social que controlaba, y sigue controlando, el Movimiento Evita se aprobaron al menos dos subsidios por casi $16 millones para comprar equipamiento. Pero también se destinaron fondos millonarios del Programa Potenciar Trabajo para solventar los sueldos de los empleados.
El primer subsidio, según la documentación a la que se tuvo acceso, fue aprobado el 16 de junio de 2020 por el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en su calidad de secretario de Economía Social. A través de un convenio, Pérsico le otorgó a Farmacoop $5.672.962 para comprar equipamiento. Apenas dos semanas antes, el funcionario había visitado las instalaciones del laboratorio, en el barrio de Villa Lugano, junto al entonces ministro, Daniel Arroyo.
“Visitamos @farmacoop_, primer laboratorio farmacéutico recuperado en el mundo. Produce alcohol en gel de calidad a precios populares”, publicó el 4 de junio el entonces ministro en su cuenta de Twitter. Ese mismo día, un comunicado oficial del Ministerio de Desarrollo Social destacaba que la cooperativa había presentado “un proyecto para la adquisición de nuevo equipamiento con el que prevé generar 100 nuevos empleos” y que estaba “en pleno trámite para obtener la habilitación correspondiente para producir medicamentos”. Nada de eso ocurrió.
En esa visita también estuvo Eduardo “Vasco” Murúa, otro funcionario de Desarrollo Social que venía de liderar el Movimiento de Empresas Recuperadas. “Murúa se presentó en 2017, mucho antes de la declaración de quiebra de la empresa. En ese época, venían a la planta visitadores del juzgado, candidatos para la compra, mandatarios del síndico, contratistas para presupuestar intentos de mejoras edilicias etc. Nadie conocía a Murúa. Pero Di Mauro se reunía con él por fuera de la empresa”, contó uno de los ex empleados luego de pedir que se mantenga en reserva su nombre. Y agregó: “Para nosotros Murúa es quien asesoró en cada paso a los que tomaron la empresa para llevar adelante su proyecto mediante una cooperativa trucha”.
Farmacoop ya había sido bendecida dos meses antes de aquella visita. El 8 de abril de 2020, en pleno aislamiento, el presidente de la cooperativa, Bruno Di Mauro, se sacó una foto con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos. Para ese entonces, el laboratorio ya estaba produciendo alcohol en gel.
Durante la pandemia, Farmacoop también se puso a fabricar barbijos y un test rápido para detectar el Covid-19 que fue ampliamente promocionado por medios oficialistas. Al margen de los fondos que aportaba Desarrollo Social, comenzó a recibir ayuda de media docena de organismos oficiales como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Conicet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la ANMAT, que tuvo que activar expedientes administrativos en tiempo récord para habilitar las plantas del laboratorio. También se sumaron universidades y otros organismos públicos.
El segundo subsidio fue aprobado en 2021 por el titular del INAES, Alexander Roig, otro funcionario que responde al Movimiento Evita. Fueron $10 millones para “la realización de obras y adquisición de maquinarias para aumentar la producción del primer test rápido de detección de COVID de producción nacional”.
“Necesitamos una creatividad institucional para aportar soluciones que impliquen también un cambio de concepción. El proceso creativo se da en los trabajadores. En tanto, el crédito -en todo su sentido- es confiar, dar crédito es creer”, declaró Roig al momento de justificar ese subsidio.
Pérsico y Arroyo durante la visita a la planta de Farmacoop.
No fue todo. La cooperativa también administró una Unidad de Gestión del Programa Potenciar Trabajo, otra millonaria caja administrada por el Movimiento Evita. Las Unidades de Gestión son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en ese Programa, que tiene 1,3 millón de beneficiarios, y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria.
“En la actualidad la Cooperativa se encuentra administrando una Unidad de Gestión del programa Potenciar Trabajo, brindando asistencia en obras de mejoras de infraestructura en dieciséis (16) cooperativas, por un total de quinientos (500) beneficiarios de dicho programa.; y por último, los asociados reciben una asistencia directa a través de un incentivo económico e individual también del Programa Potenciar Trabajo”, admitió Murúa en marzo de 2021, en una nota enviada al juez de la quiebra.
Dicho de otra manera, los integrantes de la cooperativa se financian hace tres años con planes sociales. “Se les paga una parte del salario, no solo a Farmacoop. Más de 6500 empleados de los 16.000 que hay en empresas recuperadas cobran con el Potenciar Trabajo”, explicó Murúa. Sobre la unidad de gestión, el funcionario aseguró que la cooperativa administró $50 millones, por única vez, para otras 16 cooperativas.
Varios ex empleados aseguran que los planes también se utilizaron como una herramienta para intentar sumarlos a la cooperativa, que necesitaba alcanzar la cantidad de ex empleados requerida por la Justicia. “No recuerdo cómo se llamaba el plan que me ofrecieron, yo dije que no porque si aceptabas te quedabas sin el fondo de desempleo y sin la obra social”, contó a este medio uno de los ex empleados.
En total son más de 170 personas que siguen reclamando ante la Justicia. Todos hablan en off the record porque sufrieron aprietes y agresiones.
Un laboratorio histórico que terminó en la quiebra
Roux Ocefa se fundó en 1935. Emblema de la industria farmacéutica nacional, fue precursor en la investigación y producción de antibióticos hacia 1942, a partir de los cultivos producidos en la planta de fermentación que desarrollaba en sus campos. Allí se desarrolló la producción de Penicilina y Tirotricina por fermentación en superficie, siendo Roux Ocefa el primero y el gran productor de Tirotricina (antibiótico bactericida) en la Argentina.
En los 60, Roux Ocefa revolucionó el mercado introduciendo el plástico, para reemplazar los envases de vidrio, y se transformó en el primer productor nacional de soluciones parenterales (sueros). Para comienzos de la década del 90′ fabricaba y comercializaba más de 100 productos y tenía más de 400 empleados. Pero a fines de esa década entró en crisis por las políticas económicas de la época.
Una de las plantas de la ex Roux Ocefa.
La empresa inició un proceso de transformación, sin resultados. En julio de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se inició el concurso de acreedores, lo que agravó la situación interna. Desde entonces, el laboratorio pasó por varias manos.
En diciembre de 2018, la Justicia decretó la quiebra y pocos días después aceptó que la cooperativa Farmacoop, con unos 80 empleados, continúe al frente de la empresa. La mayoría de los empleados, sin embargo, se presentaron ante el juez de la quiebra para poder cobrar sus indemnizaciones. “Las plantas productivas fueron tomadas de forma violenta por personas de poca antigüedad que armaron una cooperativa sin tener la cantidad de ex trabajadores requerida. Los ex trabajadores de Roux Ocefa queremos que las plantas se rematen para poder cobrar algo del pago de los créditos”, dice uno de los ex empleados.
Cuando empezó la crisis, el laboratorio tenía más de 400 empleados pero al momento de dictarse la quiebra ya había bajado a 179. “El síndico expuso varias veces que la cooperativa nunca logró tener los 2/3 de los ex empleados que exige la ley de quiebras y hasta presentó datos de asociados que no pertenecían a la empresa al momento de la quiebra. Pero el juez sigue otorgando prórrogas para que funcione”, apunta un empresario que conoce los detalles de la trama.
El laboratorio tiene varios inmuebles, pero hasta ahora se vendieron solo tres: unos campos en Luján, valuados en USD 800 mil, un edificio en Bahía Blanca, y otro en la calle Montevideo valuado en USD 1,5 millón. Además se subastaron algunos vehículos. Sin embargo, el dinero sigue retenido en una cuenta. Y la cooperativa se mantiene al frente del laboratorio con las sucesivas prórrogas concedidas por el juez de la quiebra, Diego Paz Saravia
En una de esas resoluciones, el juez sostuvo que Farmacoop “ha demostrado a lo largo de este tiempo, que encaró y cumplió de manera cabal las gestiones necesarias para poder estar en condiciones de formular oportunamente un pedido de continuidad de la explotación en los términos del art. 190 LCQ, cuestión que permitirá en su momento, posibilitar la venta de la empresa en marcha y obteniendo de tal manera el resultado más conveniente en la liquidación de tales activos y en beneficio del resto de los acreedores de la fallida”.
En la actualidad, la cooperativa se sostiene con la venta de una crema hidratante (Aqualane), el test de anticuerpos, y la generosa ayuda estatal. En ese contexto, el convenio con el Ministerio de Salud bonaerense por $500 millones representa su mejor negocio.
“Haceme tuyo”: el gel íntimo de la discordia
El expediente de la compra de los gel comenzó en agosto de 2022, con una resolución firmada por Lidia Beatriz Santa Cruz López, a cargo de la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis virales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
La cooperativa Farmacoop presentó un presupuesto el 26 de octubre por $500 millones, pero ahora aseguran que no fueron adjudicados ni fabricarán esos geles. “No hay ninguna adjudicación a la cooperativa. Solo hicimos un precio de referencia porque nos pidieron (del Ministerio de Salud) pero no estamos en condiciones de producir ese producto ni esa cantidad. Deberíamos tener permiso que no tenemos. Es ilógico todo lo que se dijo. Alguien debería explicar por qué pasó esto”, se quejó Eduardo Murúa.
Sin embargo, el 28 de diciembre pasado, la directora de Compras de Medicamentos del Ministerio de Salud bonaerense, Ana Guilleron, autorizó la compra de 1 millón de potes por $500 millones, según trascendió a través de un informe periodístico del programa “La Cruel Verdad”.
El presupuesto de Farmacoop es parte de ese expediente. ¿Si no tenían pensando fabricar, para qué lo presentaron?
La oferta de la cooperativa enviada al Ministerio de Salud.
“Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población. La compra de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual no es algo nuevo. Siempre se hizo y todos los insumos tienen que ser proveídos por el Estado. Nada sorprende. Mal informan y confunden”, salió a decir el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, ante el reclamo de la oposición por el monto de la compra. Nada dijo sobre la participación de la cooperativa.
Uno de los referentes de Juntos por el Cambio que cuestionó la operación fue Cristian Ritondo: “Señor Gobernador @kicillofok, señor Ministro @nkreplak. Necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de 1 millón de geles íntimos. De ser cierto, detengan esta locura”, tuiteó. También se pronunció Diego Santilli, otro de los candidatos opositores para la Gobernación. “Nuevo programa ‘Haceme tuyo’ de Axel Kicillof: gastó $500 millones para comprar potes de gel íntimo. Aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo”, sostuvo en sus redes sociales.
El expediente, al que se tuvo acceso, estipula un cronograma de entrega en seis etapas. La primera, por 100 mil unidades, debería concretarse “en un plazo de 120 días corridos de recibida la correspondiente orden de compra”. Si se cumple, este año se pagarían $450 millones y en 2024 otros 50 millones.