Ejecutivos de Vicentín se llevaron $1.000 millones de la caja de la empresa para gastos personales

Viernes, 28 de Marzo 2025

Fiscales detectaron que con fondos de la firma le pagaban millonarias facturas a sus abogados (Ilharrescondo, Cuenca y Amor) que no trabajan para la compañía, y las finanzas para no quedar presos por estafas. El retiro de fondos ocurrió luego del default, y sobre todo a finales de 2024 cuando se terminó la intervención judicial. Por eso les imputan nuevos delitos por asociación ilícita y administración fraudulenta. La Justicia define hoy si los presuntos cuatro líderes van a prisión preventiva.

Vicentín ingresó a la convocatoria de acreedores con unos 50 millones de dólares en caja, pero hoy acumula una deuda post-concursal de 3.000 millones de pesos.  ¿Qué pasó con todo ese dinero? Un interrogante que hace tiempo se repite, pero que ahora adquiere dramatismo porque la empresa no está pudiendo pagar los sueldos y tiene las plantas paradas. Ayer, la Unidad de Delitos Complejos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aportó algo de luz al tema: los referentes de Vicentín siguieron sacando dinero de la caja de la empresa para financiar gastos personales.

“Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044″, señala la imputación que tuvo como principal autor al fiscal Sebastián Narvaja.

¿Y para qué gastos personales se llevaron esos fondos? Según Fiscalía, los usaban para el pago de honorarios de abogados penalistas que deberían haber financiado ellos de su bolsillo y no con fondos de la empresa porque los letrados no representan a la firma y las acusaciones penales pesan sobre ellos a título personal.

Los abogados que enviaron las millonaris facturas  son Jorge Hilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor; todos defensores de los directivos de Vicentín a título personal. En efecto, según mostró Narvaja ninguno de los tres figuran en registros como abogados de las empresas y nunca hicieron gestión alguna, pero les facturaron millonarios honorarios a empresas del holding, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton.

También, según los fiscales, usaron fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que tuvieron que contratar con Sancor Seguros para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados por la presunta estafa origina (recibir granos y tomar créditos sabiendo que no los iban a pagar). En concreto, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal

Al conocerse la imputación, los abogados defensores estallaron en quejas, incluso reservándose la posibilidad de iniciar un reclamo judicial con lo que entienden es una violación a la privacidad de la relación abogado-cliente. Hillarrescondo, quien admitió el envío de esas facturas, incluso pidió que no se divulguen los datos.

Para la Fiscalía, no es nuevo que el grupo de familias accionistas que siempre comandó la empresa use el patrimonio del holding como si fuera personal. «El esquema general de organización de los procesos financieros de las firmas del grupo VICENTIN se ha caracterizado por una estructura de confusión y superposición entre vehículos societarios, que impide distinguir con precisión los límites patrimoniales y funcionales entre las distintas sociedades. Esta situación ha generado un estado de confusión patrimonial que facilitó la ejecución de las maniobras criminales atribuidas a los integrantes de la asociación ilícita”, leyó el fiscal Sebastián Narvaja.

Pero lo que para los fiscales es muy grave es que los directivos que estaban al frente al momento del default y que tras la crisis anunciaron su renuncia, seguían igual comandando desde las sombras (como prueban los mails aprobando pagos), y vaciando la caja de la malograda agroexportadora.

Por esa peligrosidad para las finanzas de la empresa, es que los cuatros apuntados como líderes fueron detenidos y la Fiscalía les pedirá a la Justicia que queden presos en prisión preventiva, situación procesal que se definirá este mediodía.

«Cabe destacar que la totalidad de los pagos de VICENTIN SAIC se concentran en el segundo semestre de 2024, coincidiendo con el cese del control ejercido por la veeduría designada por el juez del concurso, circunstancia particularmente relevante en el análisis del patrón de disposición ilegítima de fondos», dice el texto de la imputación.

Asociación Ilícita

Según el MPA, la asociación ilícita tiene como jefes a Daniel Nestor Buyatti; Alberto Julián Macua; Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze. El resto de los imputados son partícipes y miembros (y beneficiarios) de esa organización.

Estos son: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.

“Se les imputa continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de VICENTIN SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario (entre otras, Sir Cotton SA, Oleaginosa San Lorenzo SA, Algodonera Avellaneda SA y Sottano SA), con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos —entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores”, dice el escrito de los fiscales.

¿Paso al costado?

“En octubre de 2020, Omar Scarel, hasta entonces síndico, fue designado como Presidente; Daniel Foschiatti asumió como Vicepresidente, y Estanislao Bougain como Director. Este recambio de autoridades fue presentado públicamente como un intento de la empresa —controlada en los hechos por la estructura de la asociación ilícita— de ceder la conducción y gestión de VICENTIN SAIC y del grupo empresario a una estructura con mayor independencia, capaz de proyectar expectativas de recuperación económica, en el contexto del concurso preventivo estructurado por los miembros de dicha asociación. Foschiatti, Sartor y Bougain se incorporaron a la estructura societaria en un contextoen el cual las reglas efectivas de funcionamiento ya se encontraban determinadas por la cúpula de la asociación ilícita. En los hechos, el comando de VICENTIN SAIC y del grupo empresario VICENTIN continuó siendo ejercido por Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Alberto Macua y Omar Scarel, con la intervención operativa de otros miembros de la organización, según los ámbitos empresariales y roles que cada uno asumía en dicho esquema. En este marco, los nuevos integrantes del órgano de administración adoptaron una posición formalmente lícita, superpuesta con una función material ilícita, consistente en la subordinación al esquema de control real ejercido por la asociación ilícita”, argumentan los fiscales.

“En paralelo, los integrantes de la asociación ilícita han ocupado cargos de gobierno y gestión en otras empresas del grupo económico, las cuales fueron utilizadas de manera ilegítima en función de los fines definidos por la organización criminal: detraer fondos del grupo empresario en beneficio propio, mantener posiciones de influencia y control dentro de la estructura del grupo VICENTIN, y consolidar la impunidad de los propios integrantes del agrupamiento ilícito”, insiste el documento del MPA.

“Bajo este esquema se ejecutaron los hechos que se imputan, en un contexto en el cual las formas y estructuras societarias fueron utilizadas como un mero instrumento para la consecución de fines extra-societarios y para la violación de la ley, del orden público y de los deberes de buena fe en la gestión societaria, con la consecuente frustración de los derechos de terceros. Estas maniobras fueron concebidas y ejecutadas por la cúpula de la organización criminal, con la intervención de integrantes de los órganos de administración y gobierno de cada una de las firmas defraudadas, bajo la estructura de lealtades, subordinaciones y sumisiones”, explica la imputación.

“Estas acciones han supuesto escamotear, directa e indirectamente, el patrimonio social de las firmas, que constituye -directa e indirectamente- la prenda de los acreedores del concurso preventivo de la empresa Vicentin S.A.I.C (Expte. N° 21-25023953-7). El resultado de estos actos de infidelidad se tradujo en un perjuicio económico directo a los patrimonios de las firmas mencionadas, e indirectamente, en un daño a los trabajadores y acreedores del grupo VICENTIN”, detalla el informe de Fiscalía

Honorarios de abogados

“Desde setiembre de 2020 y hasta finales de 2024, la asociación ilícita —cuya cúpula mantuvo el control del gobierno real de las decisiones del grupo VICENTIN— ejecutó una serie de maniobras consistentes en la utilización de fondos de distintas sociedades integrantes del grupo, con el objeto de costear los gastos legales derivados de los servicios de defensa penal de los propios miembros de la asociación, en las causas penales que se tramitan en su contra ante el Sistema de Justicia Penal de la Provincia de Santa Fe”, dieron los fiscales.

“¿Quienes fueron los abogados designados para representar a las personas físicas mencionadas? Los Dres. Jorge Marcelo Ilharrescondo y Juan Francisco Lafontana. Ahora bien, en lugar de afrontar con sus propios recursos los gastos derivados de la representación legal privada que contrataron en calidad de personas físicas, los imputados —luego acusados en los procesos penales referidos—, organizaron y ejecutaron maniobras destinadas a que tales gastos fueran abonados ilegítimamente con fondos genuinos de VICENTIN SAIC y de otras empresas del grupo. Valiéndose del control de hecho y de derecho sobre el grupo VICENTIN, ya reseñado, y con el propósito de garantizar su posición y fortalecer su estrategia en el frente judicial, los mencionados evitaron asumir personalmente las erogaciones que corresponden al ejercicio de una defensa penal privada, transfiriendo dicho costo al patrimonio de las sociedades bajo su control”, explicaron.

En síntesis, durante el período comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, las empresas Oleaginosa San Lorenzo S.A., Algodonera Avellaneda S.A., Sir Cotton S.A. y Vicentin S.A.I.C. realizaron pagos a favor de Alberto Macua, Omar Scarel, Máximo Javier Padoán, Cristian Andrés Padoán y Roberto Alejandro Gazze, por 952.655.044, para pagar los gastos judiciales de los imputados.

¿Cómo fue la salida del dinero? Los fondos salieron de distintas empresas del grupo.  Va el detalle:

x) Vicentín SAIC: “Se destinaron al pago de honorarios profesionales del Dr. Jorge Ilharrescondo, correspondientes a la representación penal personal de los imputados y abonados por la firma VICENTIN SAIC entre agosto y octubre de 2020, ascienden a la suma de $849.996,18. Además, se atribuye que entre agosto y diciembre de 2024 se destinaron ilegítimamente fondos de VICENTIN SAIC para el pago de honorarios profesionales en favor del Dr. Ghío, por un total de $9.896.000”.

x) Oleaginosa San Lorenzo: “Hubo la utilización ilegítima de fondos de OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A. (Cuyo paquete accionario perteneces en un 99% a VICENTIN SAIC) para cubrir gastos de honorarios legales correspondientes a servicios procurados privadamente por los acusados en calidad de personas físicas, prestados por los abogados Jorge Hilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor, han implicado una detracción patrimonial por un total de A$R 148.952.976.”

x) Sir Cotton: “Hubo utilización ilegítima de fondos de SIR COTTON S.A. para cubrir gastos de honorarios legales correspondientes a servicios procurados privadamente por los acusados en calidad de personas físicas, prestados por los doctores  Jorge Hilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor, han implicado una detracción patrimonial por un total de A$R 45.326.163”.

x) Sottano SA. “Hubo utilización ilegítima de fondos de SOTTANO S.A. para cubrir gastos de honorarios legales correspondientes a servicios procurados privadamente por los acusados en calidad de personas físicas, prestados por los  doctores  Jorge Hilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor han implicado una detracción patrimonial por un total de A$R 130.730.905.

Otros gastos

Además de usar los fondos de la empresa para pagar la fianza y los abogados, los fiscales descubrieron una “utilización ilegítima de fondos de OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A. y de SIR COTTON S.A para costear honorarios de gestión de RECURSOS HUMANOS de VICENTIN SAIC”.

Lo  llamativo es que si bien Sir Cotton no tiene personal y Oleaginsa Moreno se los trasladó a Vicentin SAIC, “ambas sociedades aparecen efectuando pagos en concepto de honorarios al Sr. Carlos Iglesias, aun cuando carecen de estructura de personal, y dicho profesional se encuentra vinculado exclusivamente con la firma VICENTIN SAIC, en su carácter de referente del área de Recursos Humanos”.

“Durante el período 2020-2024, se emitieron órdenes de pago a su favor por un total de $83.010.735. De ese total: El 82,40 % fue confeccionado por la empresa Oleaginosa San Lorenzo, el 15,37 % ($12.762.633) por Sir Cotton S.A, y el 2,23 % ($1.848.184) por VICENTIN SAIC”.

Fiscaía también detectaron gastos menores como pagos a un periodista agropecuario llamado Bernardo Basombrío, quien en mayo de 2022 Algodonera Avellaneda le hizo un pago por la suma de $65.007, quien unos días después empezó a publicar posteos en redes sociales en favor de la empresa. «Las afirmaciones vertidas por el periodista se alinearon con la posición sostenida en ese entonces por la defensa técnica del Sr. Scarel», dijo el fiscal Narvaja.