Tal como consignó el periodista, la UIF ordenó la información que recibió desde los bancos, detectó un patrón en los retiros, elaboró una “tipología” de delito que distribuyó entre los sujetos obligados y remitió los detalles del caso a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la fiscalía especializada en este tipo de delitos. Ese último informe cuenta con todas las precisiones del caso: se incluyeron montos, retiros y nombres, algunos de los cuales coincidían con los de los empleados de los municipios investigados.
Otro dato que no pasó inadvertido entre quienes trabajaron sobre el tema fue que el volumen de retiros aumentó exponencialmente en la antesala de las elecciones presidenciales de 2023. “En 2024, se desinfló”, graficó un investigador.
Por eso, la hipótesis apuntaba a que esos fondos municipales fueron utilizados para financiar la última campaña electoral. El 30 de diciembre, la Procelac presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral. Según pudo averiguar el periodista, la cámara segmentó la información por distritos y hoy la investigación está descentralizada en cada una de las jurisdicciones implicadas.
El caso de La Banda del Río Salí sobresale por el tamaño de las operaciones: lo extraído allí representa casi el 40% de los 45.000 millones de pesos que salieron de los municipios provinciales en los últimos dos años y medio.
El periodista se comunicó con el intendente de Río Salí, Gonzalo Monteros, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta. Ni él ni su vocero ofrecieron explicaciones sobre la información a la que accedió el periodista. Desde la intendencia se limitaron a señalar que recién podrán ver el asunto cuando pasen los preparativos del “Carnaval para la tercera edad”, un festival municipal celebrado el último viernes. En apenas un año y medio, el CUIT del municipio registra salidas sin justificar por $17.256.585.514.
El intendente Montero es hijo del ministro del Interior provincial, Darío Monteros, y responde políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo, un dirigente del PJ aunque aliado a la gestión de Javier Milei.
“El análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de sus respectivas municipalidades”, señala el informe elaborado por la UIF, que giró a bancos y entidades financieras, al que accedió el periodista.
En su relevamiento, la UIF detectó un segundo tipo de maniobra sospechosas: grandes sumas de dinero ingresaban en las cuentas personales de empleados públicos y luego se utilizaban para comprar dólar MEP. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, las alarmas se activaron porque los estos movimientos no se alineaban con el perfil transaccional de los empleados municipales.
El caso se construyó a partir de la la Ley 25.246, que obliga a bancos y entidades financieras a reportar ante la UIF cualquier operación que presente rasgos sospechosos. De no hacerlo, pueden ser consideradas cómplices de un delito financiero por encubrimiento.
En ese marco, el Banco Macro de Tucumán alertó al organismo sobre los irregulares registradas en el CUIT 30-67526419-4, correspondiente a la municipalidad de La Banda del Río Salí.
La pesquisa inicial no fue exhaustiva. Para darle un primer orden a la información proveniente de distintos municipios y bancos del país, se hizo un recorte temporal arbitrario, a los fines de establecer un marco de referencia.
Por eso, los 45.000 millones de pesos que, a criterio de los bancos, salieron de las arcas municipales sin justificación válida, no son sino un “indicio” que, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, podría derivar en una investigación de mayor alcance.
