Miércoles, 13 de Marzo 2025
Los cambios en el sistema de salud privado están provocando el éxodo de los afiliados de las obras sociales sindicales hacia empresas de medicina prepaga.
Las recientes decisiones del Gobierno nacional en materia de salud han transformado profundamente el panorama del sector privado y las obras sociales sindicales en Argentina.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se implementó una desregulación que permite a los beneficiarios elegir libremente entre obras sociales y prepagas, promoviendo la competencia entre los distintos actores del sistema.
Estas medidas reconfiguran el acceso y la prestación de servicios de salud en el país. Desde el inicio, el gobierno ha manifestado su intención de ordenar el sistema de salud, segmentando claramente los roles del sector público, el privado y las obras sociales sindicales.
En este sentido, una de las principales medidas busca que cada provincia asuma la responsabilidad financiera de su sistema de salud, avanzando hacia un modelo federal con aranceles diferenciados.
Paralelamente, se ha identificado que muchas obras sociales sindicales carecen de los recursos necesarios para garantizar la cobertura mínima obligatoria. De las 297 registradas, solo 80 cuentan con solvencia financiera suficiente, lo que ha generado un éxodo masivo de afiliados y un ajuste significativo en la prestación de servicios.
«En el ámbito de la medicina privada, las reformas han evidenciado una tendencia hacia la concentración del mercado. La obligatoriedad de inscribirse en el Registro Nacional de Agentes de Salud (RENAS) ha puesto de manifiesto que, de las 660 empresas de medicina registradas desde 2010, solo 198 han presentado la documentación requerida. Este proceso ha resultado en una reducción notable del número de empresas operativas, consolidando el sector en manos de unas pocas entidades con capacidad operativa y financiera para cumplir con las nuevas normativas” señaló Mario Koltan, presidente de Boreal Salud, empresa de medicina privada.
Además, la transferencia masiva de afiliados desde las obras sociales sindicales hacia las empresas de medicina prepaga ha generado tensiones y conflictos legales.
Esta medida, implementada en un único envío el 31 de enero, ha provocado un desfinanciamiento acelerado en varias obras sociales sindicales, derivando en litigios entre estas y las prepagas.
Se prevé que este proceso continúe en los próximos meses, incrementando la incertidumbre en el sector. Mientras tanto, los afiliados enfrentan cambios abruptos en su cobertura, con ajustes en los planes y aumentos de costos que afectan su acceso a la atención médica.
Si bien estas medidas buscan transparentar el sistema y fortalecer a las empresas más sólidas, también presentan desafíos significativos. En este contexto de transformación, destaca la importancia de recuperar el control de su propio patrimonio, lo que permitirá una gestión más eficiente y alineada con las necesidades de sus afiliados.
«Actualmente, el sistema legal establece que los aportes de los afiliados forman parte de una obra social sindical, pero el proceso de transición busca devolver este patrimonio a la empresa. Esta reconfiguración no solo significa un reconocimiento a los años de esfuerzo y crecimiento, sino que también representa una oportunidad para fortalecer la capacidad financiera de la institución, reducir los costos administrativos asociados al traspaso en la seguridad social, estimados entre un 3,5 % y un 4,5 % mensual, y mejorar la sostenibilidad y calidad del servicio.” añadió Koltan.
Para los actores del sector las expectativas son positivas, aunque, como ocurre con cualquier cambio de esta magnitud, surgen interrogantes. El gobierno aún trabaja en la definición del proceso y para las empresas el objetivo es acompañar estos cambios, adaptándose a los mismos, a medida que se clarifican las condiciones. Si bien el camino no está completamente despejado ni definido, se espera lograr avanzar hacia una resolución favorable.