Domingo, 6 de abril de 2025
La conducción del Consejo Interuniversitario Nacional quedó en manos del peronista Oscar Alpa. Las autoridades insistirán con una nueva Ley de Financiamiento y advirtieron por la situación “terminal” del sistema científico en caso de que continúe el ajuste
Los rectores de las universidades públicas renovaron este viernes las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional: como anticipó el periodista, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), fue elegido por sus pares como el nuevo presidente, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), como vice. Alpa es peronista y fue secretario de Políticas Universitarias durante el segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández, mientras que Bartolacci pertenece al bloque reformista del CIN.
La reunión de las autoridades universitarias se realizó en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), cuyo rector, Víctor Moriñigo, finalizó su período al frente del CIN. Moriñigo agradeció el acompañamiento durante el año pasado, signado por las dos marchas federales: “Hoy vinimos a rendir cuentas de un año muy particular, a definir la hoja de ruta del futuro y a renovar el compromiso del sostenimiento de la universidad pública argentina”.
“Tendremos que proyectar, y rápidamente, un nuevo modelo de ley que nos permita financiar nuestras universidades y, en el camino, repensarnos. Iniciamos el trayecto hacia la segunda reforma universitaria”, señaló Alpa al asumir la presidencia. También Bartolacci –quien, según la dinámica habitual del CIN, será el próximo presidente del Consejo– planteó la idea de una “segunda reforma”, orientada a avanzar con la implementación del sistema de créditos, carreras más cortas y nuevos planes de estudio, entre otras prioridades.
“Me imagino una especie de gran congreso pedagógico universitario nacional con toda la docencia universitaria para pensar el aula, los talleres, enseñar la inteligencia artificial, temas que van muy rápido. Es tan importante reivindicar la universidad como avanzar en estas reformas”, explicó Bartolacci en un comunicado difundido por la UNR. De esa misma universidad también es Joaquín Carvalho, el nuevo presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Además de definir el recambio de autoridades, los rectores volvieron a denunciar que la situación financiera de las universidades públicas se sigue agravando: “Las condiciones precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año”, señala el documento, titulado “La universidad pública y la ciencia, en crisis profunda”.
El reclamo abarca el deterioro de los salarios de docentes e investigadores, la reducción de las becas para estudiantes, la parálisis de las obras de infraestructura, el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico y la desactualización de los gastos de funcionamiento.
“Por segundo año no tenemos presupuesto aprobado y eso nunca es una buena noticia para el sistema universitario. Cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad y, por lo tanto, es posible planificar las acciones y el desarrollo de nuestras instituciones. Cuando se prorroga, hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación”, cuestionaron los rectores en su comunicado.
Incluso los fondos para gastos de funcionamiento, que se habían encaminado tras las marchas del año pasado, volvieron a quedar desactualizados, advirtieron desde el CIN: “A la pérdida acumulada a lo largo de 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses del año es menor en términos nominales que lo recibido en cada uno de los últimos meses del año pasado. Desde enero de 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134%”.
El derrumbe de los salarios es otro punto crítico que ya motivó un paro nacional los pasados 17 y 18 de marzo, en coincidencia con el comienzo de clases en varias casas de estudio. En marzo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la “emergencia salarial” de sus trabajadores docentes y no docentes, como ya lo había hecho en 2024. “El desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es más del 80%, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza”, señaló el comunicado del CIN.
Las condiciones del sistema científico son las más dramáticas, según el panorama planteado por los rectores, que advirtieron por una situación “terminal” en caso de que continúe la desinversión: “No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse”. De cara al futuro, advirtieron que “lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse”.
“La situación es crítica y no hay respuesta. Solo dilación e indiferencia”, afirmaron los rectores. Y agregaron: “Todo se va deteriorando de manera exponencial y, si no encontramos respuestas razonables a la situación salarial y presupuestaria, no habrá manera de continuar”.
Las autoridades universitarias reclamaron al Gobierno nacional “una recomposición del presupuesto de gastos de funcionamiento, la transferencia de fondos previstos en el presupuesto reconducido para programas específicos, la actualización de las becas estudiantiles, la reactivación de la inversión en infraestructura y equipamiento, la reapertura del ámbito paritario nacional y una propuesta salarial razonable y consensuada en ese espacio”.
También decidieron conformar una comisión que elaborará un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para presentar en el Congreso de la Nación, tras el fracaso del año pasado –cuando el Congreso aprobó la norma, pero luego terminó respaldando el veto presidencial–. Según pudo saber el periodista, los rectores evalúan la posibilidad de someter un eventual nuevo proyecto a una consulta popular vinculante, para que el presidente Javier Milei no pueda vetarla como lo hizo en 2024.
Pese a los múltiples reclamos, las autoridades del CIN ratificaron “la voluntad de diálogo del sistema universitario” y solicitaron a las autoridades educativas nacionales “un ámbito que permita abordar responsablemente los problemas planteados y encontrar con celeridad respuesta”.
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