Martes, 31 octubre 2023
- Se trata de Facundo Albini, que fue reelecto en las últimas elecciones por la lista de Julio Alak. También imputó a su padre y a los 48 dueños de las tarjetas de débito.
- A todos les negaron la eximición de prisión.
Facundo Albini en primer plano y detrás Julio «Chocolate» Rigau
La Justicia imputó por «asociación ilícita y defraudación a la administración pública» al concejal reelecto de Unión por la Patria, Facundo Albini y a los dueños de las 48 tarjetas de débito con las que fue detenido el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau.
Además, según las nuevas actuaciones del caso a las que accedió Clarín, el padre del concejal del PJ, Claudio Albini (quien fue jefe del área de Personal de la Cñamara de Diputados) la fiscalía considera que «prima facie» sería el jefe de esa organización que se encargaría de defraudar al Estado con el cobro indebido de fondos de la Legislatura.
El edil que pertenece al Frente Renovador e integró la lista del candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, está considerado como integrante de la banda. Esta situación lo coloca en la posibilidad de ser beneficiado -en caso de que pidan su detención- con un arreto domiciliario.
Esta decisión de la fiscal Betina Lacki modifica el estatus legal de los empleados «fantasmas» que, hasta ahora, figuraban como testigos. Al ser considerados imputados de un delito, pueden ser llamados a indagatoria, tienen derecho a no declarar y se les notifica esta situación para que contraten un abogado. Y un dato no menor: podrían solicitar una medida de restricción. O sea, podrían quedar detenidos mientras se sustancie el proceso.
Los propietarios de esos instrumentos financieros son empleados o supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial. Pero Rigau se dedicaba a cobrar los sueldos de cada uno de ellos. Fue mientras retiraba dinero de un cajero automático que lo detuvieron el 9 de septiembre pasado. Había recolectado $ 1.250.000 cuando una patrulla de la policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría primera de La Plata.
La semana pasada, los dueños de las tarjetas de débito que “administraba” Rigau, presentaron ante la Justicia penal un pedido de eximición de prisión en la causa que investiga el presunto fraude contra en la maniobra que hacía el puntero del PJ.
El defensor oficial de 43 de los 48 propietarios de los plásticos que le secuestraron al dirigente peronista había hecho el planteo ante el juez de Garantías, Guillermo Atencio. Temía que ordenaran una detención a partir de los datos que ha reunido Lacki.
El juez rachazó el pedido. Sostuvo que el presunto delito que se les imputa no habilita la permanencia en libertad mientras se desarrolla el período de investigación. Y también presume que podrían eludir el accionar de la Justicia.
Las personas que figuran como propietarios de esos instrumentos bancarios de los que Rigau sacaba dinero y que perciben 580 mil pesos por mes, temían que, con el avance de la investigación, la fiscal Betina Lacki pueda considerar que son responsables de algún tipo de delito.
El antecedente de la prisión
En el caso de “Chocolate” Rigau, la fiscalía entendió que debe estar el prision. El trámite no fue sencillo pero ahora el dirigente que trabajó para varios politicos platenses está en una alcaidía de la capital bonaerense.
Es que este caso que provocó conmoción en las estructuras políticas de la provincia estuvo a punto de desmoronarse. Fue cuando 12 días después de la detención de Rigau, su defensa presentó un recurso de habeas corpus en la Cámara de Apleaciones. Y dos jueces del tribunal -Juan Benavides y Alejandro Villordo- aceptaron el pedido porque consideraron que el puntero fue mal detenido. No había orden judicial. Y concluyeron que el procedimiento importaba una «violación a la intimidad» del detenido.
Ese fallo derivó en otros escándalos: hubo un fuerte rechazo en ámbtitos académicos y reacciones políticas variadas. Pero una semana después se apeló a Casación y fue revocado. Conclusión: Rigau volvió a una celda y los jueces deberán afrontar un pedido de juicio político. El procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, quiere que separen preventivamente a los camaristas y luego – si corresponde- los echen del Poder Judicial.
La gran mayoría de los ahora imputados, en su declaración como testigos, habían asegurado que se las cedían voluntariamente a Rigau para “agilizar” el cobro. O porque no tenían manera de retirar dinero de los cajeros.
Inclusive se esgrimieron otras excusas. Pero, excepto un joven (quien dijo desconocer que su nombre aparecía en el listado de empleados), todos admitieron que era una decisión que adoptaban por su propio criterio.
Cómo sigue la causa «Chocolate»
La causa por el escándalo de las tarjetas de la corrupción avanza por otros caminos. Hace dos semanas, Lacki realizó la pericia de apertura del teléfono Samsung con un chip de la empresa Personal, que poseía el hasta ahora único detenido en el caso.
El procedimiento se concretó después de una postergación y de varios reclamos que formuló la defensa de Rigau, a cargo del estudio de Alfredo Gascón Cotti.
Según trascendió, “el aparato contenía mucha información y datos de interés para la investigación”. Se supone que podría figurar –o se establecería- el nombre o los nombres de los jefes políticos del dirigente que está contratado como electricista en la Cámara de Diputados de la Provincia.
Es el eslabón clave que por ahora no se logró descifrar. la presunción en el fuero penal es que Rigau recaudaba para financiar actividades políticas. El último vínculo reconocido es con un actual concejal electo por Unión por la Patria, Faculdo Albini, que reporta en el Frente Renovador.
Pero también existen presunciones de que la operatoria que realizaba «Chocolate» está avalada por otros espacios que tienen dominio sobre la estructura administrativa de la cámara de Diputados.
Ese organismo legislativo está presidido por un diputado del oficialismo (Federico Otermín), pero también tienen firma autorizada para manejar fondos legisladores de la oposición.