Viernes, 28 de marzo de 2025
Patrick Crusius fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas, luego de declararse culpable por la masacre de El Paso en 2019. Este martes, la fiscalía de ese condado de Texas, en Estados Unidos, anunció el acuerdo que hizo el homicida para evitar la ejecución.
Patrick Crusius se declaró culpable ante la Justicia de haber asesinado a 23 personas en el tiroteo de El Paso en 2019.
El 3 de agosto de 2019, un joven de 21 años irrumpió en un centro comercial de la ciudad estadounidense El Paso, en Texas, y disparó contra quienes paseaban por el lugar. Asesinó a 23 personas en lo que se consideró por los investigadores como un “ataque racista”, ya que la mayoría de las víctimas eran de origen hispano.
El agresor Patrick Crusius fue identificado por las cámaras de seguridad del shopping, en donde se lo vio con una escopeta. Cuatro años después de su condena, el homicida -que hoy tiene 26 años- logró evitar la pena de muerte a través de un acuerdo en el juicio estatal.
Antes del ataque, el joven había publicado en Internet un manifiesto con contenido supremacista blanco, en el que expresaba su odio hacia los inmigrantes latinos y su intención de “detener la invasión hispana” en Texas.
La investigación estableció que Crusius manejó más de 1100 kilómetros desde su casa en Allen, Texas, hasta El Paso para concretar la masacre. Al llegar al centro comercial, ubicado cerca de la frontera con México, entró armado con un rifle de asalto y empezó a disparar.
El ataque dejó 23 muertos y 23 heridos, que en su mayoría eran ciudadanos mexicanos que habían cruzado al país para hacer compras. El más joven de los fallecidos era un adolescente de 15 años.
En ese momento, el agresor intentó escapar de la escena, pero fue detenido por la policía sin oponer resistencia. Luego de su detención, confesó que su objetivo era atacar a la comunidad hispana.
El operativo de seguridad en el shopping de El Paso luego del ataque.
A partir de su captura, Crusius enfrentó un extenso proceso judicial que incluyó cargos tanto a nivel federal como estatal. En el ámbito federal, recibió 90 imputaciones, incluidos delitos de odio y el uso de un arma de fuego en un crimen de violencia.
En 2023, se declaró culpable de todos estos delitos y recibió una sentencia de 90 cadenas perpetuas consecutivas, lo que garantiza que pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional.
A nivel estatal, la Fiscalía del Condado de El Paso había solicitado la pena de muerte. Sin embargo, el fiscal del distrito, James Montoya, anunció el martes que se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que evitaría la ejecución. Este trato sería a cambio de una sentencia de perpetua, sin posibilidad de libertad condicional ni apelaciones.
El santuario a las víctimas del tiroteo en el centro comercial de El Paso.
Esta decisión se tomó después de consultar con los familiares de las víctimas, que en su mayoría expresaron su deseo de poner fin al proceso judicial para no someterse a más años de apelaciones.
“Las familias esperaron mucho tiempo para que se haga justicia. Queremos que tengan la oportunidad de cerrar este capítulo sin más retrasos”, explicó Montoya en una conferencia de prensa. Según el fiscal, el acuerdo permitirá que las víctimas y sus seres queridos den declaraciones durante la audiencia que tendrá lugar el próximo 21 de abril, día en el que se formalizará la sentencia en el tribunal estatal.
El caso de Crusius resurgió el debate en Estados Unidos sobre la aplicación de la pena de muerte, especialmente en casos de crímenes de odio. Texas es uno de los estados con mayor cantidad de ejecuciones en el país, y el hecho de que el joven de 26 años haya evitado esta condena generó opiniones divididas.
Un sector de la sociedad opina que la cadena perpetua sin posibilidad de apelación es una sentencia válida para no prolongar el dolor de las familias; mientras que otros argumentan que la pena de muerte hubiera sido la única respuesta justa a un crimen que tuvo tal magnitud.
En este escenario, los defensores de Crusius sostuvieron que el joven sufría de problemas mentales y que su estado psicológico debía ser considerado al momento de dictar sentencia. Pese a ello, los fiscales rechazaron estos argumentos, ya que se insistió en que el ataque fue premeditado y motivado por el odio racial.
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