Martes, 25 de marzo de 2025
Las negociaciones están casi terminadas, pero falta avanzar en aspectos más políticos que técnicos, y pulir el monto final que desembolsará el FMI, así como el cronograma de envío de los dólares.
Ya no hay tiempo. Todo debe definirse esta misma semana. O, al menos, mostrar en los cuatro días hábiles de esta semana, el contenido concreto en capítulos clave de la Carta de Intención del acuerdo de Facilidades Extendidas, que el staff técnico que maneja el caso argentino dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) termina de diseñar en estas mismas horas.
Dentro de ese contenido, debe haber referencias serias y puntuales a cómo será la política cambiaria del gobierno de Javier Milei durante el 2025. Y más allá también. La salida de divisas de las reservas del Banco Central llegó en los últimos seis días hábiles a los 1.204 millones de dólares, cayendo a los U$S26.626 millones. En verdad, es un número simbólico, ya que no hay fondos disponibles.
La realidad es que las arcas del BCRA están operando con un déficit de aproximadamente U$S5.000 millones, fondeo que no mejorará sustancialmente con el nuevo programa de Facilidades Extendidas que se firmará con el FMI, ya que este tendrá condicionalidades clásicas. Esto es, la cantidad de dinero que llegue desde el organismo que maneja Kristalina Georgieva será girada por trimestre, contra el cumplimiento de metas monetarias (no emisión) fiscales (sostener el superávit fiscal) y de incremento de las reservas del BCRA.
Se supone que el gobierno de Javier Milei no tendrá problemas para cumplirlas. Ningún problema por acá. Pero el dinero llegará en cuotas. Pausadamente en un período de entre dos y cuatro años (es lo que se negocia en estos tiempos). Y no de manera inmediata. Y mucho menos, de libre disponibilidad.
Simplemente son dólares que quedarán en la “vidriera”, para mostrar fortaleza ante el mundo financiero. Pero sin la posibilidad de utilizarlos para sostener una política cambiaria. Los dólares de los que sí podría disponer el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo para ejecutar su estrategia cambiaria, tendrán que provenir de la liquidación sojera, eventuales fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el cambio de balanza energética, que ese año aportaría unos U$S5.000 millones.
Esto, además de la balanza comercial, que en estos tiempos arroja un limitado saldo positivo, de no más de U$S250 millones mensuales. En total, el Gobierno dispondría este año de una liquidez en divisas por arriba de los U$S10.000 millones. No es poco dinero. De hecho, debería sobrar.
El problema es la coyuntura rabiosa de la cruda realidad, que en estos días no le da tregua al tándem Milei– Caputo y el resto del equipo económico, especialmente al titular del BCRA Santiago Bausilli. Justamente, el titular de la autoridad monetaria en las últimas jornadas tiene que contabilizar pérdidas en las reservas. El problema es que sólo con el programa de Facilidades Extendidas sobre la mesa podría tener una resolución. Positiva (se supone) o negativa, pero resolución al fin.
De Valdés a Cubeddu
Para que se conozca el contenido final, aún queda un problema a resolver en Washington. El responsable del Departamento para el Hemisferio Occidental y su directo, el chileno Rodrigo Valdés, son el área y quien debe firmar el acuerdo en los aspectos técnicos. Por decisión personal de la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aceptó correrse del caso argentino y dejar que sea el equipo que comanda el venezolano Luis Cubeddu el que lleve adelante la responsabilidad total de las decisiones.
Sin embargo, el estatuto del FMI es inamovible, y un acuerdo de este tipo debe ser refrendado por las autoridades correspondientes. Más, si se trata del acuerdo más importante en la historia del organismo, tanto en cuanto a los montos como a las condiciones de repago. Se especula con que, bajo protesta, Valdés firme. De lo contrario debería dejar su cargo, algo que no estaría dispuesto a ejecutar.
Hay que recordar que el chileno entró en conflicto con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por la presión desde el organismo de liberar el tipo de cambio (devaluar) para cerrar el acuerdo. Esto fue en agosto del año pasado, y el conflicto determinó que la negociación por un nuevo programa de Facilidades Extendidas se retrase.
Las negociaciones continuaron sin él. Y ahora que llega el tiempo de la fumata, se especula con que podría haber una aceptación de rigor, y el rompimiento final de las relaciones entre Valdés y Argentina. Hacia delante, las misiones para certificar que las metas y objetivos impuestos por el FMI dentro del programa de Facilidades Extendidas con Argentina, serán tarea de Cubeddu, bajo la supervisión de la número dos del organismo, la economista indo-norteamericana Gita Gopinath.
A horas de la presentación del acuerdo, lo que se sabe es bastante concreto. Será un programa de Facilidades Extendidas a 10 años, con cuatro años y seis meses de gracia, sin necesidad de liquidar capital y con la cancelación de los pasivos que el Poder Ejecutivo mantiene con el Banco Central de la República Argentina /BCRA) como bandera.
Así se confirma que los aproximadamente U$S10.000 millones que el Gobierno mantiene como bomba de tiempo en pesos con la entidad monetaria pasarán a ser acreencias del país con el FMI, liberando al Central del pasivo y aumentando en ese dinero las reservas. Habrá más dinero desde el FMI, por un total que en estos momentos se define, en otras ventanillas lejanas hacia arriba de las dependencias del departamento del Hemisferio Occidental. Más concretamente, en la Casa Blanca.
También habrá que sumar dólares que aportarán el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En total, se especula, con un monto cercano a los 20.000 millones de dólares, de los cuales, una parte estaría disponible de manera rápida. Se habla de algo menos de 10.000 millones al comienzo del acuerdo. Pero no en el primer momento del programa de Facilidades Extendidas, sino de manera gradual en los primeros tres trimestres del año.
Fuertes vencimientos
La idea del Gobierno es que para julio ya estén ingresados unos US$4.000 millones para cumplir con el pago de deuda en Bonares y Globales emitidos en la reestructuración de deuda de octubre del 2020, durante la gestión de (el ministro de Economía) Martín Guzmán.
En julio de este año cae el vencimiento más importante de lo que resta del 2025, y, directamente, hoy el BCRA casi no tiene dólares en las reservas para enfrentar en vencimiento. Se supone que para ese mes ya los dólares del FMI estarán depositados, y gran parte de la liquidación de la cosecha gruesa ingresada. Esto, además de las dudas por la política cambiaria despejadas, lo que debería ocurrir antes que termine abril.
¿Cómo continuará el acuerdo con el FMI? Con el tiempo, la promesa al Fondo y a la clase política argentina, es que haya una ley que respalde el DNU aprobado hace 10 días por el Congreso. No será ahora. Sino a fines de este año o durante el primer trimestre del año próximo, cuando el presidente argentino envíe al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio 2026.
Milei se comprometió ante Georgieva que cuando cambie la composición del Parlamento argentino, luego de las legislativas de octubre próximo y con una realidad diferente en cuanto a la fortaleza de sus propios diputados y senadores, tendrá la posibilidad de lograr lo que aún no consiguió. Eso es que el Congreso le apruebe su propio presupuesto, sin mayores cuestionamientos de aliados críticos.
Dentro de ese proyecto de ley de Presupuesto para 2026, se incluirán todas las metas, objetivos, nueva deuda, cambio de calidad de pasivos y todo el resto de los capítulos del nuevo Facilidades Extendidas que se firmará antes de la anteúltima semana de abril. Probablemente, mientras el FMI y el Banco Mundial sean los anfitriones de la Asamblea Anual Conjunta 2025 de los dos organismos, que tendrá nuevamente a Washington como sede institucional.
Presupuesto 2026
Esa aprobación futura del Presupuesto 2026, sería para los hombres y mujeres del staff técnico del Fondo, la garantía que dentro de un tiempo, no ahora, haya una aprobación con toda la institucionalidad que da el Congreso Nacional y que incluya el contenido amplio del nuevo programa de Facilidades Extendidas. Y su salvoconducto interno para la eventualidad que el tratado no funcione en el corto plazo. Obviamente nadie cree que esto vaya a ocurrir. Pero, por las dudas, la garantía legal, y laboral, para los técnicos del Fondo, sería una realidad.
En concreto, el texto del DNU reza que “la volatilidad de las variables económicas, generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BCRA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza”, indicó el DNU.
Y agrega: “La gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FMI a los efectos de garantizar el orden público económico, configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”.
Afirma, además, que “la exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente”.
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