A un año del atentado contra CFK, el expediente en profundidad: cómo está la causa y cuándo llegaría a juicio

Viernes, 01 septiembre 2023

El ataque contra la Vicepresidenta ocurrió en el barrio porteño de Recoleta. Durante estos doce meses, la Justicia se encargó de recolectar audios, chats, videos y múltiples pruebas en contra de los detenidos. Para la fiscalía, el caso ya está cerrado, mientras que Cristina Fernández insiste en que hay una vinculación política detrás.

Este primero de septiembre se cumple un año del atentado a Cristina Kirchner

El 1 de septiembre del 2022 un arma apuntó directamente a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta. Mientras saludaba a militantes y firmaba libros, un hombre gatilló, pero la bala no salió.

A un año de este hecho que sin dudas marcará la historia de la política argentina, TN logró acceder al expediente de más de 3500 fojas que lepertenecen a la causa 2998/22, en donde se detallan todas las pruebas que complican a los principales sospechosos.

Audios, chats, decena de testigos, pericias científicas y filmaciones, son algunos de los elementos que la Justicia tiene en contra de los únicos tres detenidos que irán a juicio. Ellos son Fernando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo.

Según la jueza María Eugenia Capuchetti, el caso está cerrado y los involucrados se circunscriben en estos tres nombres, pero Cristina Kirchner insiste que hay una vinculación política detrás del atentado, y reclama que se profundicen las medidas de pruebas. Sea como sea, los principales acusados de ejecutar el plan criminal están presos y a la espera de la fecha del comienzo de un debate oral.

Tres integrantes de “la banda de los copitos”, los principales sospechosos

Para la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 porteña, a cargo de Carlos Rívolo, el autor material del intento de magnicidio fue Sabag Montiel, un ciudadano brasilero que vivía en el barrio porteño de Villa del Parque.

En el expediente se describe que a las 20.52 del 1 de septiembre de 2022, el hombre de 36 años, aprovechando el estado de indefensión generado por la multitud que se agolpó en la calle Juncal y Uruguay para recibirla, apuntó hacia la cara de CFK y apretó el gatillo a corta distancia con una pistola semiautomática calibre.32.

El arma fue encontrada en el lugar de los hechos y el atacante fue detenido por un grupo de militantes de La Campora que auspiciaba de “seguridad”. Haciendo un cordón humano, lograron parar a Montiel cuando intentaba huir de la escena.

A metros de él estaba Brenda Elizabeth Uliarte, su pareja. Para la fiscalía, la imputada fue la autora intelectual, acompañando en el hecho y “prestando su apoyo logístico y moral”. Incluso aseguran que conocía el plan homicida y también el arma con el que se iba a ejecutar el crimen.

La mujer fue tomada ese día por una cámara de seguridad municipal del barrio porteño de Recoleta, exactamente a las 21.27. Llevaba una mochila color gris y una bolsa con un paraguas.

Por último, la Justicia involucra a Nicolás Gabriel Carrizo, empleador de Montiel y Uriarte en la venta de copos de azúcar.

El líder de la famosa “banda de los copitos” habría intervenido de “forma activa” en la planificación del hecho y hasta le habría dado al atacante un arma para que mate a la Vicepresidenta. Sin embargo, esa pistola no fue la usada el día del atentado. Aun así, fue incorporado en el expediente como partícipe secundario.

Una “misión libertadora”, una búsqueda astral y un plan de fuga frustrado: así habrían planeado asesinar a CFK

Según el fiscal Carlos Rívolo, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte tenían planificado el atentado meses antes de concretarlo y eso surge de las conversaciones que se encontraron en los celulares de los imputados. Las pericias fueron realizadas por el departamento informático de Gendarmería nacional.

En uno de los chats que mantuvo con su amiga Agustina Díaz, Uliarte confesó sus intenciones de terminar con la vida de la Vicepresidenta.

“Hoy me convierto en San Martín, mandé a matar a Cristina. Voy a ser la libertadora de Argentina”, fue uno de los mensajes que se encontró en el teléfono de Brenda que data del 28 de agosto del 2022, solo tres días antes del ataque.

La “misión libertadora” era asesinar a Cristina y escapar del país, cambiar su identidad y rehacer su vida, pero fue detenida el 5 de septiembre mientras esperaba el tren en Retiro. Actualmente, está presa en la Unidad N° 31 del Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”, en Ezeiza.

A quien había mandado a matar a CFK era nada más ni nada menos que Sabag Montiel. Ellos se conocieron dos años atrás y se pusieron de novios vendiendo copitos en el conurbano. Hasta se habían hecho credenciales de discapacidad truchas para poder viajar gratis en el transporte público. Con esa plata que se ahorraban, alquilaban un monoambiente de 5 por 3 metros en Villa del Parque.

En el expediente surge que ambos buscaban alquilar una casa en Recoleta, el mismo barrio donde vive la Vicepresidenta. Ese fue el plan A para asesinarla.

“Laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña. Alto depto ese de Recoleta amor. Es vivir donde vive Cristina. Estamos re cerca de la mina, la podemos hacer pija. Hay que ir y pegarle un corchazo. ¿Viste que la mina se pone en el balcón? Hace falta ahí un francotirador y ‘pimba’ un tiro en la cabeza”, fue uno de los audios que le mandó a Sabag Montiel previo al ataque.

Ese departamento, al que tenían planeado mudarse, un extraño se los ofreció por 40 mil pesos por mes. Finalmente, aunque ellos estaban convencidos de que podían vivir ahí para estar cerca de su blanco, resultó ser una estafa.

A través de tareas de inteligencia, la Policía determinó que ese departamento no existía, que se trataba de un engaño por parte de una persona que le quería cobrar una seña y desaparecer. Y así fue.

Con el alquiler frustrado del departamento en Recoleta, la pareja de copitos decidió ir por el plan B: comprar un arma, entrenarse y sorprender a la víctima en la puerta de su casa.

El arma: la prueba más contundente del intento de asesinato

En abril del 2022, Uliarte compró la Bersa calibre 32, la misma que usó Fernando Sabag Montiel el día del atentado.

Una pericia científica de la División Unidad Búsqueda de Evidencia de la PFA determinó esa pistola estaba apta para el disparo y que tenía el cargador colocado con 5 balas, pero se confirmó que una de ellas tenía la cápsula iniciadora deformada.

“Tengo un fierro. Lo compré porque mi ex estaba jede”, le dijo meses antes a una amiga en uno de los chats que fueron incorporados en el expediente.

De las 3500 fojas también surge que la joven fue a practicar su puntería en un polígono de tiro. Para comprobarlo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó tareas de inteligencia en el Club de Tiro de Leet y secuestró los libros de registro de las personas que asistieron al lugar los meses previos al ataque.

Esa pistola estaba guardada en la casa donde convivía con Montiel, pero él no sabía como usarla. En las búsquedas de Google de la notebook HP secuestrada en la casa de la pareja, encontraron que los imputados consultaron “cómo usar una pistola Bersa Lusber 84″.

No solo eso, sino que también quisieron saber datos sumamente personales de la funcionaria. “Carta astral de Cristina Kirchner” y “carta natal de Cristina Fernández de Kirchner”, eran las dos búsquedas que figuraban en el historial del 28 de agosto.

“Esto refuerza la hipótesis sostenida de que ya tenían planeado atentar contra la vida de la víctima, utilizando el arma de la que se había valido, y que las búsquedas realizadas no eran otra cosa que intentos por interiorizarse e informarse no solo sobre las condiciones y uso del arma de fuego utilizada para el ataque, sino también sobre la persona”, expresó el fiscal en el pedido de elevación a juicio.

En cuanto a la responsabilidad de Montiel en la autoría del hecho, y más allá de que todo fue registrado por las cámaras de televisión que estaban ese día en Juncal, más otros videos aportados por militantes, se le hizo una prueba de ADN para ver si eran compatibles con las huellas encontradas en el arma. Corresponden a un 99,9999% con su perfil genético.

Además, durante un allanamiento realizado por la PSA en la casa de Villa del Parque, encontraron 100 municiones del calibre 32 de 7,65 mm que corresponden a la Bersa Lusber 84.

Las pruebas son más que elocuentes y confirman la premeditación, pero a eso se le suma la declaración de Montiel en donde confesó el hecho y hasta intentó salvar a su pareja.

“Yo lo hice por motus propio, ¿entendés? Están inventando una historia. Actué solo respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá”, comentó desde su celda del Complejo Penitenciario N°1 de Ezeiza. También explicó que lo hizo “por la situación del país”. Y sentenció: “No me arrepiento”.

La participación de Carrizo, líder de la “banda de los copitos”

Gabriel Nicolás Carrizo era el empleador de Uliarte y Montiel en la venta de copos de azúcar. Según surge en el expediente, el hombre tenía planeado el atentado junto a sus cómplices para la semana posterior al incidente. Él le había dado un arma calibre 22 al ciudadano brasilero para que matara a Cristina, pero el autor del hecho se adelantó y usó otra pistola.

“El arma es mía. Tiene mis huellas. Yo se la di a mi empleado, pero esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo. Esta vez salió mal, pero Cristina tiene miedo. La vamos a matar a la puta esa”, le dijo Carrizo a un familiar a través de un chat de WhatsApp.

Después se dio cuenta de que no era la misma pistola, pero los mensajes ya habían sido enviados y quedaron registrados en el sistema. Luego de eso, el líder de los copitos se paseó por los canales de televisión para jurar que era inocente y hasta declaró en la Justicia que fue todo un “mal entendido”.

Carrizo dijo ante el fiscal: “Acá es donde le quiero explicar para sacar malos entendidos. Le estaba haciendo una joda a mi hermanastra. Voy a parecer un gil, pero le estaba haciendo creer que era parte de esto. No fue real, no estaba vinculado con Brenda ni con Nando (Sabag Montiel) y ahora entiendo por qué estuve en el calabozo, por esa mierda que dije. Les juro que fue mentira”.

Sin embargo, fue detenido el 30 de septiembre, acusado de los delitos de homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de partícipe secundario. Está detenido en la Unidad N°11 de Marcos Paz.

Con la instrucción cerrada, la Justicia confirmó el juicio oral: CFK pide ampliar la investigación y vincula el caso con un atentado de grupos de ultraderecha

En mayo de este año, el fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio contra los tres sospechosos, contra quienes tiene pruebas suficientes. El requerimiento fue avalado por la jueza María Eugenia Capuchetti, bajo la presión de la Cámara Federal que la exhortó a llevarlos a un debate oral lo antes posible.

Si bien no hay fecha para arrancar con el debate, se anticipó que en el juicio deberán declarar más de 50 testigos, entre ellos los custodios de CFK que estaban el día del ataque, los militantes que detuvieron a Sabag Montiel, los policías que acudieron a los operativos, peritos forenses y psiquiátricos, más los amigos y familiares de los imputados.

Además, en el mismo requerimiento, el fiscal solicitó el sobreseimiento de Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte, quien había estado imputada por presunta colaboración y encubrimiento.

Rívolo señaló que la elevación a juicio tiene como fin “no dilatar la situación procesal” de los acusados y pidió la extracción de copias para continuar una investigación paralela respecto de hipótesis que involucran a otros posibles partícipes, como por ejemplo el resto de la banda de los copitos.

Entre ellos están Miguel Ángel Castro Riglos, integrante del grupo al que le descubrieron elementos borrados en su celular; Sergio Orozco, socio de Carrizo y quien resguardó a la banda en su casa la noche del atentado; Leonardo Volpintesta, amigo de Carrizo; y Lucas Acevedo, otro integrante del grupo.

El funcionario del Ministerio Público consideró que el atentado no tuvo ni financiamiento ni relación con otros grupos que realizaron manifestaciones violentas contra varios dirigentes políticos oficialistas ligados al kirchnerismo.

Pese a los avances en la causa, Cristina Kirchner asegura que todavía faltan protagonistas que no están siendo investigados. Por eso, la víctima pidió mediante sus abogados la suspensión del requerimiento fiscal. La querella de la Vicepresidenta insiste en relacionar la causa con una presunta vinculación política, y considera que el grupo “Revolución Federal” fue financiado por la familia del empresario cercano a Macri, Nicolás Caputo. Pero hasta ahora no se pudo hallar ningún indicio que los una.

También quedó pendiente otra denuncia paralela contra Gerardo Milman por una supuesta conexión política en el atentado. La Justicia comenzó a investigar al diputado nacional en noviembre del año pasado, cuando se lo acusó de haber dicho en una conversación con sus dos asesoras en el bar Casablanca cerca del Congreso la frase “cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”, dos días antes del intento de asesinato.

Después de la aprobación del desafuero por parte de la Cámara de Diputados, Gerardo Milman entregó su teléfono celular a la Justicia federal, aunque lo acompañó con una presentación en la que manifestó su oposición a que el aparato sea abierto.

En consecuencia, la querella de la que participa la Vicepresidenta había pedido apartar al fiscal Rívolo tras considerar que filtró la declaración testimonial de una secretaria de Milman, y de poner en riesgo a una testigo que podía haber sido clave para la investigación. Ese pedido fue rechazado por la Cámara de Casación penal.

Ahora, a un año del hecho, el tramo central del expediente está en manos del Tribunal Oral Federal N° 6 y se espera que en los próximos días se abra la etapa de ofrecimiento de prueba. El debate no tiene fecha confirmada, pero se debe tener en cuenta que la propia CFK irá hasta las últimas instancias para buscar ampliar la investigación porque asegura que se trató de un acto de violencia política en su contra.