Martes, 03 enero 2023
Problemas con la cobertura de medicamentos, estudios o intervenciones encabezaron las gestiones realizadas este año en el organismo provincial
Falta de provisión de medicamentos, en algunos casos crónicos, negativas a la entrega de prótesis o demoras en la autorización para la realización de cirugías. Esos fueron algunos de los reclamos que llegaron durante el año que recién termina a la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde cuatro de cada diez expedientes iniciados se relacionó con alguna falta de cobertura de salud.
Así lo advierte el informe final de las intervenciones desarrolladas en las oficinas de la zona sur del organismo en todo el año que pasó. De acuerdo al trabajo, entre enero y diciembre de 2022 se abrieron 32.584 expedientes. Un promedio de casi cien por día. Y la mayor cantidad de ellos refirió a temas relacionados con salud, discapacidad y ambiente, que sumaron 14.390 intervenciones.
En estos casos se trata principalmente de actuaciones ante obras sociales, sobre todo la de los empleados públicos santafesinos (Iapos), el Ministerio de Salud de la provincia y la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. Además de acciones ambientales vinculadas con la competencia de la Defensoría a través de la ley 10.000 de intereses difusos.
Desde su creación, la Defensoría interviene en casos relacionados con la cobertura de Iapos y otras obras sociales, así como quejas por falencias en la prestación de servicios por parte de los efectores públicos de salud. También cuenta con un área dedicada a atender casos vinculados con vulneración de derechos a personas con discapacidad.
Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía, destaca que los reclamos relacionados con estos temas son constantes. «La mayoría refiere a falta de autorización y cobertura de obras sociales de medicación, prótesis o cirugías, para afiliados sin y con discapacidad», explica.
En cuanto a los reclamos de personas con discapacidad, refieren «a la demanda de prestaciones domiciliarias, como transporte, o asistencia en su domicilio o acompañamiento terapéutico».
El listado de malestares se completa con las demoras en los turnos de atención en los hospitales públicos.
Si bien las demandas relacionadas con los servicios de salud son frecuentes, Piazza destaca que este año se ubicaron en el primer lugar entre los expedientes iniciados. Las causas pueden ser muchas: las consecuencias de la crisis económica y la falta de insumos o aumento del precio de los mismos, o el atraso en la atención de algunas patologías como consecuencia de la pandemia de coronavirus pueden haber empujado este tipo de reclamos.
En la Defensoría reciben los reclamos de los damnificados, se los asesora y, en el caso del Iapos, se pueden iniciar distintas acciones. Según destaca Piazza, al final del camino la mayoría de los reclamos tiene una respuesta favorable.
Multas, telefonía y servicios financieros
Si bien fueron los más abundantes, los problemas relacionados con la atención de la salud no fueron los únicos que llegaron hasta las oficinas de la zona sur de la Defensoría.
En segundo lugar se ubicaron los temas vinculadas con Seguridad Vial, que contabilizaron 7.430 expedientes. En este área se registraron, sobre todo, planteos vinculadas a la legalidad de multas de tránsito, denuncias por mal estado de trazas y los inconvenientes por falta de obras para logística.
Más atrás aparecen los expedientes relacionados con las empresas de servicios públicos, que sumaron 5.890 intervenciones. Aquí están los vinculados a servicios de telefonía, tanto móvil como fija, internet y televisión por cable. También al servicio de electricidad y de agua y saneamiento.
Los casos de defensa al consumidor alcanzaron, en tanto, 2.326. Aquí se destacan los vinculados a estafas virtuales, problemas con seguros y tarjetas de crédito.
Además, se brindó asesoramiento jurídico a 2.047 personas. Se atendieron 1.280 expedientes vinculados a la problemática de Vivienda, 610 a Educación, 251 a Previsional y Seguridad Social, 96 a Impuestos, Contribuciones, Tasas y Servicios, 13 a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, 9 a Caja de Pensiones Sociales (Ley 5.110) y se realizaron 5 gestiones oficiosas entre organismos públicos.
En clave de derechos
De acuerdo al informe de actuación de la Defensoría, a la par de la atención de la demanda de la población, se movilizaron encuentros con funcionarios de diferentes ámbitos gubernamentales de la Nación, la provincia y los municipios y comunas; actores del territorio (Ongs, clubes, asociaciones empresarias) y autoridades de los tres poderes del Estado para abordar distintas problemáticas, como la cuestión social.
Durante el año se realizaron también acciones concretas de incidencia en políticas públicas, como la oposición al aumento injustificado y excesivo en servicios, promoción de acción por parte del Ejecutivo sobre rutas y servicios de transporte inseguros, problemas socioambientales, aggiornamento de trámites sobre nuevos derechos reconocidos por la Legislatura, generación de mesas de diálogo interinstitucional sobre el acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes como víctimas de delitos y participación en audiencias públicas, entre otras.
También se llevaron a cabo iniciativas de promoción de derechos culturales, económicos, ambientales, de género, de niñas, niños y adolescentes, sobre cómo accionar ante violencias en entornos digitales, ciberestafas y recomendaciones sobre cómo accionar ante la conflictividad urbana o incumplimientos en seguridad social y salud mental, entre otras iniciativas.
La Defensoría del Pueblo funciona en Pasaje Álvarez 1516, teléfono (0341) 472-1112/08, correo electrónico [email protected]