Martes, 18 de marzo de 2025
Los implicados pertenecían a la dotación de la Escuela de Aviación Militar, instituto en el que se forman los cadetes que serán los futuro oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
El juez Alejandro Sánchez Freytes a cargo del juzgado federal N°2 de Córdoba ordenó el procesamiento de cinco oficiales que pertenecían a la dotación de la Escuela de Aviación Militar. En ese instituto se forman los cadetes que serán los futuros oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
Los procesados son: la comodoro Cristina Malpartida (médica) exjefa del Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar y actual directora médica del Hospital Aeronáutico Córdoba; la capitán Julieta del Valle Romero (médica) y la licenciada Andrea Berra (docente de la Escuela de Sub Oficiales de la Fuerza Aérea Argentina y sicóloga de la Escuela de Aviación Militar, También fueron procesados el comodoro (vice comodoro a la fecha del hecho) Luis Carranza Torres, abogado a cargo del Departamento Jurídico de la Escuela de Aviación Militar (a la fecha del hecho), y el primer teniente Gerardo Moreno, perteneciente al Escuadrón Instrucción de la Escuela de Aviación Militar (a la fecha del hecho).
El magistrado los encontró penalmente responsables de abuso de autoridad frente a una cadete (AMMP, sigla que protege el nombre real) de 2°año de la Escuela de Aviación que en 2019 fue víctima de violencia sexual y no se le prestó la debida contención y protección del caso como manda la legislación de género.
“Malpartida, Romero, Berra y Carranza Torres habrían llevado a cabo reiterados y persistentes actos abusivos tendientes a obstaculizar e impedir, que la víctima tuviera acceso a los servicios de tratamiento integral, exámenes médicos, suministro de medicación en tiempo y forma y resguardo de elementos y pertenencias indicados para tales situaciones”, dijo en su fallo el juez.
“Una sucesión de hechos de discriminación y trato desigual ocurrieron a partir del día 19 de mayo de 2019 cuando puse en conocimiento de las autoridades de la Fuerza el delito del que fui víctima y a quiénes involucró. Parecía que haberme animado a denunciar mi traumática vivencia incomodaba a mis superiores, que lejos de resguardarme ante lo que viví, denotaron una actitud y cultura misógina, de cuerpo entre pares (con los cadetes de aquella promoción de cuarto año y sus instructores)”, relató la joven que en la actualidad tiene 26 años.
No le creyeron, la aislaron y hostigaron e intentaron por diversos caminos que abandonara la carrera militar hasta que, encuadrándose en el bajo resultado de aptitud en pruebas físicas tomadas en un tiempo de imposible ejecución, las autoridades de la escuela dispusieron la baja de la institución.
En 2024, cinco años más tarde, la Cámara 2°del Crimen de Córdoba condenó a los violadores, excadete Julio Mauricio Méndez a tres años de prisión por abuso sexual agravado por la participación de más de dos personas. El segundo imputado en la causa, Leonardo Espíndola, murió dos días antes de conocerse el fallo.
AMMP encontró en la justicia la respuesta que se le negó en su propia institución. Pudo sobreponerse, si es que alguien puede hacerlo ante la atrocidad de la violencia de género sumada a la estigmatización ocasionada por quienes tenían la responsabilidad de proteger a la víctima.
El 11 de marzo pasado, el juez Sánchez Freytes, en el expediente que investigó la comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los 5 oficiales de la Escuela de Aviación dictaminó:
“No se me escapa el hecho de que la posición exculpatoria de alguno de los imputados, además de negar categóricamente los hechos, fundamentalmente en lo atinente al contenido de sus manifestaciones, violatorias del deber de prevenir, evitar, erradicar la violencia de género, contener a las víctimas y sobre todo facilitar la posibilidad del acceso a la justicia de quien ha sufrido esos hechos, en lugar de ello, han ido más allá y han intentado mostrar a quien ha sido víctima del delito (AMMP), como una persona que no tenía buen trato con sus superiores, que sería negligente en el desempeño de sus actividades físicas y de formación militar y hasta sugerir que tenía antecedentes por mentir y por malos comportamientos en cuanto a la debida obediencia de las órdenes que se le impartían”.
“La víctima habría experimentado durante todo este proceso, un prolongado período de indefensión y avasallamiento, desde un lugar de inferioridad jerárquica y vulnerabilidad por la situación vivida (violencia de género), siendo sometida a reiteradas actitudes abusivas desde lo institucional Los hechos descriptos ocurrieron en el marco institucional de una estructura militar y jerárquica, que posibilita estas relaciones de superioridad”.
Impugnación
En la primera semana de marzo la Comisión Unicameral de Acuerdos del Senado recibió una impugnación al ascenso del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea, cuyo pliego para alcanzar el grado de brigadier mayor está a consideración de los legisladores.
El planteo a la secretaría administrativa de la presidente de la Comisión, senadora Guadalupe Tagliaferri lo formuló la ex cadete AMMP.
En 2022 Monetto era el director de la Escuela de Aviación Militar y AMMP relata a los senadores una serie de acciones que ocurrieron cuando estaba al frente del instituto y que considera reprochables.
En las impugnaciones al ascenso de Monetto enviadas por AMMP se acompañan citas del expediente de reincorporación resuelto por el juez Miguel Vaca Narvaja ante el amparo que había presentado la cadete tras ser dada de baja de la Escuela.
Entre ellas, menciona AMMP que al ser dada de baja en agosto de 2021 solicitó reintegrarse el 7 de setiembre del mismo año y que recién el 13 de marzo de 2022 la Escuela le notificó el rechazo al pedido de reconsideración de la baja.
Pone en evidencia que el magistrado ordenó a la Escuela de Aviación Militar la reincorporación inmediata el 27 de abril de 2022 y no se cumplió en tiempo y forma la manda del juez.
Reproduce otra orden de la juez Vaca Narvaja dada en el mismo expediente a la Dirección de la Escuela de “abonar en el término de (30) días de quedar firme este pronunciamiento los salarios adeudados más sus intereses a partir de la fecha en que fue dada de baja”. No se cumplió.