Martes, 18 de Marzo 2025
El MST presentó un pedido de pronto despacho con el que espera que el máximo tribunal resuelva qué fuero debe definir la legalidad de la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Los legisladores por el FIT – Unidad Movimiento Socialista de los Trabajadores, Celeste Fierro y Alejandro Bodart presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de pronto despacho para que la máxima instancia resuelva el planteo de suspensión e inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquete”, vigente tras la asunción de Javier Milei.
Desde abril del año pasado la Corte tiene para resolver qué juzgado debe tramitar la legalidad del procedimiento impulsado por Patricia Bullrich y oficializada por decreto luego de que pasara por tres fueros distintos: electoral federal, contencioso administrativo y criminal federal. Dato no menor es que durante todo este tiempo no se definió si la reglamentación está totalmente en línea con la normativa Argentina.
El conflicto por el protocolo antipiquete desembarcó en Comodoro Py y quedó en manos del juez Sebastián Casanello, quien encuadró que la demanda de Fierro debía tratarse como una acción de Habeas Corpus. El magistrado había sugerido al Ministerio de Seguridad ajustar el accionar de las fuerzas de seguridad a los límites establecidos por la Constitución Nacional, es decir, no buscar anticiparse a definir la existencia o no de un delito pues ello le corresponde al Poder Legislativo, pero tampoco prejuzgar ya que es materia de competencia del Poder Judicial.
Ante ello, la cartera que encabeza Patricia Bullrich, quien además recusó a Casanello por temor de parcialidad, apeló la decisión y la Cámara Federal Porteña por mayoría sacó el expediente al magistrado y lo derivó a su par del fuero Criminal de la Ciudad, Martín del Viso, para que continúe interviniendo. Del Viso no coincidió con el criterio de competencia y elevó a la Corte como instancia superior común entre ambos fueros para que sea ella quien decida.
En el escrito, los demandantes además de alertar desde el inicio de su acción penal sobre las violaciones a los derechos humanos que implica la aplicación del protocolo, señalaron que a lo largo de las jornadas de movilización del año pasado “se evidenció» el accionar represivo, donde actuaron con brutalidad y con el único objetivo de impedir el derecho a la protesta”.
Asimismo hicieron hincapié en la manifestación de los jubilados del pasado miércoles “donde se endureció» el accionar represivo, dejó en evidencia que la aplicación de la resolución ministerial criticada viola derechos humanos fundamentales como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y libertad de asociación”.
Finalmente, exhortaron al máximo tribunal a resolver sin más dilaciones sobre la constitucionalidad del protocolo antipiquete “ya que los derechos civiles, están siendo violados en cada manifestación callejera, lo que en la práctica implica la supresión del ejercicio del derecho de protesta”.
Por otra parte, los legisladores interpusieron dos acciones de Habeas Corpus preventivo tanto en fuero penal de la Ciudad como en el penal, contravencional y de faltas porteño “ante la posible amenaza de detención y a efectos de poder prevenir las acciones legales que lleven a cabo los agentes de las fuerza policiales y de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, que afectan como recientemente se han visto con los sucesos ocurridos en las inmediaciones del Congreso”.