Martes, 04 de Marzo 2025
La ONG Republican Action for Argentina había enviado días atrás una solicitud a la jueza Preska para pedir la revocación del fallo por la expropiación de la petrolera.
La Justicia de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido de la Argentina para que se investigue cómo La Justicia de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido de la Argentina para que se investigue cómo se nacionalizó YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. se nacionalizó YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) -representada por el abogado Fernando Irazu- había presentado días atrás un recurso ante la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera. El pedido tuvo que ver con la solicitud de que se investigue el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.
A partir de esa solicitud, la magistrada solicitó a la Argentina y a los beneficiarios del fallo que opinaran sobre la presentación de la entidad por la que la semana pasada pidió intervenir en el caso y que se anule la millonaria sentencia.
En ese contexto, Burford Capital, el principal beneficiado por el fallo de primera instancia de Preska que condenó al país a pagar US$16.000 millones, consideró que no era pertinente el pedido y cuestionó que haya sido “más de un año después de la presentación de la demanda”.
En tanto, el Estado nacional, representado por la Procuración del Tesoro, acompañó la solicitud y reiteró “su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.
También expresó “la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”.
La jueza Loretta Preska. (Foto: Reuters)
La estrategia de defensa del Gobierno está a cargo del subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, dado que el procurador Santiago Castro Videla se excusó de intervenir en este caso. Desde el Ejecutivo plantearon que asumieron “la defensa del Estado argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada”.
Destacaron que ante “esta situación heredada, se hará todo lo que está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto” y que el país hará “uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”.
Sin embargo, la jueza decidió rechazarlo. “El Tribunal trató las presentaciones de RA4ARG como una moción para intervenir y la moción fue DENEGADA. Es inoportuna y, de conformidad con la Norma, no tiene ningún interés cognoscible en el litigio”, planteó el fallo.
Asimismo, el escrito apuntó: “La intervención permisiva bajo las reglas no está justificada porque RA4ARG no formula una demanda o defensa y ninguna de las determinaciones legales o fácticas hechas en la sentencia de la Corte sobre el fondo afecta ningún derecho o titularidad reclamado. Incluso si el Tribunal concediera la moción de intervenir, el Tribunal carece de jurisdicción para conceder la reparación que busca debido a la apelación pendiente”.