Miércoles, 18 de diciembre 2024
El Consejo Superior decidió solicitar a Diputados de la Nación la elaboración de una nueva propuesta para el 2025 y sugerir la convocatoria a una consulta popular vinculante para refrendarla.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución que busca impulsar en el Congreso el debate de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para el 2025.
La iniciativa propone que la Cámara de Diputados elabore una nueva propuesta de financiamiento para las universidades públicas, debido a que los recursos asignados no alcanzan a cubrir los gastos de funcionamiento de la casa de altos estudios.
El reclamo se fundamenta en el informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estima que el sistema universitario requiere $7,2 billones para el próximo año. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno Nacional destina solo $3,95 billones, dejando un déficit de $3 billones que amenaza el normal funcionamiento de las universidades públicas, incluyendo la UBA.
En la misma sintonía, la Universidad de Buenos Aires también propuso que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante para legitimar la aprobación de un posible proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para el año próximo. Esta herramienta, contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional, permitiría que la ciudadanía decida directamente sobre la temática, asegurando así su promulgación sin posibilidad de veto presidencial, como ocurrió este año.
De esta forma, la UBA busca zanjar la controversia generada en octubre pasado, cuando el Poder Ejecutivo vetó la Ley que brindaba un mayor presupuesto a las universidades y que previamente había sido aprobada por el Congreso.
A pesar de contar con el apoyo de cerca de dos tercios de los diputados, el veto fue respaldado luego del veto por un tercio de la Cámara. Este episodio, junto con el insuficiente presupuesto propuesto para 2025, derivó en la resolución del Consejo Superior en su sesión del 11 de diciembre pasado, de buscar una solución legislativa que refleje el fuerte respaldo político y social hacia la educación pública universitaria que se manifestó en dos marchas realizadas este año.