Lunes, 16 de Diciembre 2024
Se acercan las Elecciones Legislativas de 2025 y el Gobierno lo sabe. Por eso, contrató a 17 encuestadoras por un monto millonario para medir la opinión pública y la valoración de su gestión.
De cara al año electoral, el Gobierno oficializó este lunes la contratación de 17 encuestadoras por más de $197 millones para llevar adelante estudios de monitoreo de gestión y de opinión pública durante los próximos 6 meses, con la posibilidad de prorrogar sus servicios por otro periodo igual.
La licitación publicada este lunes en la resolución 1019/2024 del Boletín Oficial dispuso la selección de 17 empresas cuyas ofertas habían sido analizadas por una Comisión Evaluadora, la cual determinó que eran «admisibles y convenientes, y que cumplieron con los requisitos técnicos y formales establecidos en el pliego de bases y condiciones». En total, su servicio les costará al Estado $197.264.508,12.
Aresco, de Federico Aurelio; y Opinaia, de Juan Mayol; son dos de las encuestadoras con llegada directa al presidente Javier Milei que quedaron entre las seleccionadas. Las acompañan Isonomía, de Juan Germano, una de las consultoras de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo; Trespuntozero, dirigida por Shila Vilker; Zuban Córdoba y asociados, de Ana Paola Zuban y Gustavo Córdoba.
Cierran la lista The Power of Data S.A.; Unistat Consulting S.A.;Demos Consulting S.R.L.; Ebeno S.R.L.; Analía Graciela Del Franco; 2R Consultoría S.R.L.;Tinargen S.A.; Barda Comunicación S.R.L.; Nucleo Marketing S.R.L.;Previ S.R.L.; María Florencia Filadoro; y Luis Costa & Asoc. S.R.L. Por otro lado, fueron desestimadas por no cumplir los requisitos las propuestas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); Voices Research and Consultancy S.A; Management & Fit S.A; Taquion S.A; y MFG Consultores S.A.
Los estudios que contrató el Gobierno incluyen las clásicas encuestas CATI (entrevista telefónica asistida por computadora), donde el entrevistador lee un cuestionario preparado en una pantalla y registra las respuestas de los participantes a medida que avanzan, y las IVR (respuesta de voz interactiva), que son comunicaciones telefónicas automatizadas que permiten a los encuestados responder preguntas a través del teclado o por voz.
También licitaron encuestas presenciales de menor y mayor profundidad, según la duración – algunas duran hasta 25 minutos, otras llegan a los 40- sus equivalentes online, y los habituales grupos focales en las dos modalidades. Las últimas contrataciones fueron encuestas destinadas a comunidades de WhatsApp de entre 11 y 20 personas. Estas últimas son de las más costosas junto con los grupos focales, con costos que rondan entre $1.5 millones de pesos y $2.2 millones cada una.
La decisión tiene que ver con la cercanía de las próximas Elecciones Legislativas de 2025, donde el Gobierno espera dar el golpe que le permita consolidarse como una fuerza con peso propio en ambas cámaras del Congreso, donde hoy está obligado a negociar con los bloques de la oposición dialoguista para llevar adelante sus proyectos.
En ese marco, el Gobierno está más atento que nunca a los estudios que miden la imagen del Gobierno, el presidente y sus potenciales candidatos. De hecho, el propio Javier Milei ha destacado en varias oportunidades el apoyo que recibe en las encuestas a poco más de su primer año de gestión, a pesar de haber llevado adelante «el ajuste más grande de la historia».
Para asegurar la transparencia del proceso, la licitación se realizó a través de los llamados Acuerdo Marco, una modalidad de contratación electrónica a través de la cual uno o más proveedores pueden ofertar sus precios para los distintos productos que requieren las diferentes dependencias gubernamentales, en este caso estudios de opinión, para luego ser seleccionados según si cumplen o no con los requisitos. De esta manera, se previene que el Estado contrate a un proveedor cuyos valores estén por encima del mercado. Además, las contrataciones y sus detalles pueden seguirse a través de la web COMPR.AR.