Viernes, 13 de Diciembre 2024
El fin del impuesto PAIS llevó al Gobierno a restringir la entrega de medicamentos gratis, que desde este mes llegarán a 1,8 millones de afiliados; el programa, que empezó con Alberto Fernández, se volvió impagable en apenas cinco años: pasó de suministrar en 2020 unos 8 millones de productos por mes a 19 millones en 2023
El Gobierno tiene pensado un contraataque para las críticas que viene recibiendo por haber restringido la entrega de medicamentos gratis para los jubilados. Lo acaba de acordar Esteban Leguízamo, director ejecutivo del PAMI, en una de las últimas reuniones con el equipo de Salud. La estrategia será comparar sus precios con los de la provincia de Buenos Aires. Dirá que, por ejemplo, el Amoxidal cuesta $5000 en el organismo nacional y $12.000 en IOMA, la obra social bonaerense. Un clásico acto reflejo libertario, confrontar con Axel Kicillof, algo que seguramente dará pie a nuevas acusaciones del gobernador y volverá, como en casi todo lo relacionado con el mundo previsional, infinita la discusión.
El ajuste en el PAMI es fuerte. “Reordenamiento”, corrigen en el organismo. No cambia: el fin del programa de entrega gratuita de medicamentos que empezó a principios de 2020, con Alberto Fernández, una especie de “remedios para todos”, acaba de dejar este mes afuera de ese beneficio a 1,2 millones de jubilados y le permitirá al Gobierno ahorrar unos $400.000 millones por año. Y todo por la finalización del impuesto PAIS, que financiaba la mitad del programa y se termina a fines de diciembre. Ese tributo, que le aportó este año $760.000 millones al organismo y también empezó en el Gobierno anterior, cubría en 2020 la totalidad de la entrega gratuita y fue quedando atrás, entre otras razones porque los medicamentos subieron muy por arriba de la inflación. Unos 80 puntos más que el IPC en 2023, por ejemplo.
¿Se podrían sacar ahora fondos de otro lado para reemplazar el plan? LA NACION se lo preguntó la semana pasada al ministro de Economía, Luis Caputo, que no lo descartó, pero tampoco lo confirmó. “No me pude sentar todavía con Mario Lugones”, dijo, en referencia al ministro de Salud. Para los amantes de las comparaciones: el monto que ahorrará el Gobierno equivale a, por ejemplo, el déficit operativo de Aerolíneas Argentinas en 2023, último año completo de la compañía. Los recursos son siempre una manta corta y esa es una regla para todos, incluso para los tenaces defensores de la línea de bandera.
El PAMI es la obra social más grande de la Argentina. Tiene 5,3 millones de afiliados y un presupuesto de US$230 per cápita. No alcanza. Hace 12 años, con Cristina Kirchner, antes de que empezaran a incidir plenamente las moratorias que seguramente asignaron derechos pero que volvieron al mismo tiempo inviable el sistema previsional, la relación era bastante más razonable: 2 millones de afiliados vs. US$700 de presupuesto por persona.
La ecuación cambió en pocos años muy rápido y muy drásticamente. El PAMI cae, cada vez con mayor frecuencia, en un modelo que no cierra por ningún lado y en el que suelen estar del padre y el hijo afiliados al mismo tiempo. Hay más personas jubiladas sin que haya crecido la cantidad de aportantes activos. Históricamente, el aporte que por su salario hacía el hijo a la obra social de los jubilados (también financiada con aportes de los propios haberes previsionales que, en promedio, son ingresos más bajos) era suficiente para sostener al padre.
Las explicaciones no atenúan el golpazo para quienes ya venían sufriendo un ajuste en los ingresos. Es un sector que está todavía, según datos del economista Jorge Colina, 6% abajo de lo que ganaba en diciembre del año pasado, en términos reales y si en la cuenta se incluye el bono, que sigue clavado en $70.000 y se licuó por la inflación. Y que, si se lo compara con el haber que recibía hace cinco años, tiene un poder adquisitivo 30% inferior. Para quienes no cobran bono, si bien no hubo pérdida de poder adquisitivo si se considera 2024 de punta a punta, sí se está lejos de compensar la fuerte pérdida de los últimos años.
Según datos del PAMI, la entrega gratuita era hasta noviembre usada por unos tres millones de jubilados que, todos los meses y por diferentes motivos, retiraban algún producto para el que solo bastaba la presentación de una receta médica. Ahora serán apenas 1,8 millones, y el restante 1,2 millón que queda afuera deberá hacer esfuerzos para pagar, según proyecciones del organismo, entre $30.000 y $35.000 más mensuales para adquirirlos. Un problema para quienes apenas superen el límite a partir del cual rige la nueva exclusión, 398.000 pesos de jubilación (un haber y medio sin contar el bono).
El Gobierno también tiene sus razones. Entre otras, que 600.000 de los afiliados que solían retirar esos medicamentos tienen también una prepaga. Se puede, si se hace el trámite correspondiente, ser afiliado al PAMI y a una financiadora privada al mismo tiempo. Además, en general, el suministro gratuito de cualquier producto incentiva lo que los especialistas llaman “fraude hormiga”. Jubilados que van a una farmacia y compran, también, para todos y todas. Puede ser casual, pero la droga más entregada era hasta ahora el paracetamol, que le costó este año al PAMI unos $1300 millones. En Córdoba ya hay 17 detenidos por una causa en la que se investiga la utilización de prescripciones truchas.
Quienes no puedan entonces acceder al plan de entrega gratuita, que son 1,2 millones de afiliados, deberán someterse a las reglas generales del organismo, que permite adquirir las medicinas con un descuento que va de entre el 50% y el 70% y siempre sobre “el precio PAMI”, que es 30% más barato que el del resto. “Esas licitaciones con los laboratorios van a seguir y vamos a tratar de que haya más rebajas”, dicen en el Gobierno. Encomiable desafío.
Hay de todos modos algunas excepciones. Los que acrediten, por ejemplo, que sus gastos en medicamentos representan 15% o más de sus ingresos por haberes, seguirán con el beneficio anterior, el 100% de descuento, y hay además 13 drogas que se siguen dando gratis y sin excepciones: medicamentos oncológicos, oncohematológicos, oftalmológicos intravítreos, para diabetes, para trasplantes, para trastornos hematopoyéticos, para la artritis reumatoidea, para enfermedades fibroquísticas, para la osteoartritis, para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo y para tratamiento de la hemofilia, el HIV y las hepatitis B y C.
Todas cuestiones de las que muchos jubilados se irán enterando en la medida en que, como propone el Gobierno, se comuniquen con el organismo a través de la página web o de manera presencial, en cualquier sucursal, para requerir el beneficio o al menos información sobre lo que les corresponde.
Detalles para los que se requiere un nivel de eficiencia que está lejos de la política y que no cambiará en absoluto con las estrategias de comunicación oficial. La que, por ejemplo, compara precios del PAMI con los de las obras sociales provinciales. Y que dirá que el Enalapril (hipertensión), cuesta en el PAMI $1426,38 y $2525,98 en el resto; el Atorvastatin (hipercolesterolémico), $8593,23 en el PAMI y $15.012,83 en el resto; el Betametasona (crema antibiótica), $5550,34 en el PAMI, y $8505,88 en el resto; el Budesonide+ (para el asma y el EPOC), $27.176,82 en el PAMI y $ 57.097,91 en el resto, y el Acenocumarol (anticoagulante), $1956,97 en el PAMI y $8768,31 en el resto. Se contrasta, hay que decirlo, contra financiadoras en peores crisis que la del PAMI. Mal de muchos.