Martes, 10 de diciembre de 2024
El líder del Polo Obrero está acusado de administración fraudulenta en contra del Estado nacional. El organismo que conduce Yacobucci dijo que la imprenta Rumbos se usó para blanquear fondos ilícitos.
El juez federal Sebastián Casanello se prepara para elevar a juicio oral a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y amenazas y extorsiones a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Según pudo saber el periodista, el magistrado dio por cerrada la etapa de investigación en cuanto a la maniobra de defraudación y extorsión y le corrió vista a las querellas y la fiscalía para que emitan su opinión al respecto. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que se eleve a juicio a Belliboni por el delito de administración fraudulenta pero también por lavado de dinero, al entender que la imprenta Rumbos se utilizó para intentar “blanquear” fondos de origen ilícito.
El juzgado de Casanello consideró acreditado que la Asociación Civil Polo Obrero y El Resplandor Limitado desviaron parte de los $361.087.500 que recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo a un grupo de empresas que hacían facturas truchas para simular gastos inexistentes y utilizar ese dinero con fines partidarios como financiar la campaña del Partido Obrero.
La Justicia elevará a juicio a Eduardo Belliboni: la UIF pidió que también se lo acuse de lavado de dinero
“Las facturas se usaban para simular gastos y para recepcionar fondos públicos, lo que constituyó un mecanismo de blanqueo que buscaba ocultar al verdadero destinatario y beneficiario de los fondos, que era el Polo Obrero”, señaló la UIF en su escrito al juzgado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) consideró que Belliboni; Mario Alejandro Centanni; Elizabeth del Carmen Palma; María Isolda Dotti; Iván Ortiz, Erika Tamara Lubenfeld, Ezequiel Adrián Coego y Roberto Adrián Albornoz participaron y tuvieron responsabilidad en la maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero. Ahora el juzgado de Casanello deberá definir si incorpora esa calificación en el pedido de elevación a juicio.
Se espera que entre finales de esta semana y los primeros días de la próxima, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción (OA) también respondan si consideran que se debe elevar a juicio el caso. Una vez que esto ocurra el fiscal correrá vista a las defensas, que fijarán su posición. Luego sí estará en condiciones de elevar el caso a juicio, lo que se espera ocurra a finales de diciembre o eventualmente en febrero de 2025. La Cámara Federal confirmó semanas atrás el procesamiento contra Belliboni e incluso agravó la acusación en cuanto a las amenazas y extorsiones a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Para llevar adelante la maniobra de defraudación el Polo Obrero y el Resplandor Limitado usaron facturas que fueron emitidas por diversas empresas. Los montos fueron los siguientes:
- Contex: $5.144.418
- Ediciones e Impresiones: $31.000.000.
- Miniso Trade: $3.060.003
- Urban Graphics: $5.180.019
- Ricoprint SRL: $2.769.378
- Carlos Osvaldo Monfrini $1.220.450 y otra por $253.006.
Para la UIF que algunas de estas empresas después de haber cobrado el dinero del Polo Obrero hayan endosado cheques a Rumbos constituye una maniobra de lavado de dinero. “La empresa Edificiones e Impresiones Rumbos constituyó un mecanismo de lavado de dinero”, sentenciaron las autoridades del organismo que conduce Ignacio Martín Yacobucci.
Y agregaron: “El lavado exige que el dinero obtenido de manera ilícita aparezca como lícito. En este caso esa estrategia de ocultamiento es la intervención de Rumbos como receptora de los fondos espurios contra la emisión de facturas”.
A lo largo de la investigación la Justicia comprobó que Coxtex era una empresa apócrifa, que no tenía sede social ni comercial. Tampoco siquiera cuenta con historial vinculado a la compra o venta de computadoras, que es lo que el Polo Obrero dice haberles adquirido. El cerebro detrás de esta firma es Leandro Kebleris que junto con otro grupo de personas se dedica a crear firmas apócrifas.
Tal como reveló el periodista, el 20 de agosto de 2021, un mes y medio antes de esa primera factura de Coxtex al Polo Obrero, una persona -cuyo nombre por ahora es un misterio- se contactó con una mujer llamada Anahí Rivero para pedirle que le pase una lista de empresas truchas.
Rivero luego le escribió a Leandro G. Kebleris que procedió a enviarle un listado con siete empresas apócrifas, entre las que estaba Coxtex. Inmediatamente después se produjo esta conversación:
-Anahí Revero: “Ahí le pasé todo y le acabo de pasar esa otra que me mandaste” (Audio)
Leandro Kebleris: “Después vemos tema precio”
-Anahí Rivero: “Sí, dale, yo no le pasé precio… ah, lo que me pidió fue si podemos conseguirle remito…eh… recibo… sí, le dije, es lo de menos” (Audio)
Exactamente 46 días después de esa conversación, Coxtex hizo su primera factura para el Polo Obrero por un total de $3.644.418. Fueron en total dos las facturas de esta empresa que el PO presentó ante Desarrollo Social, las que sumarían $5.459.418. La empresa no tenía sede social, carecía de operatoria real y la AFIP la catalogó como una usina de facturas apócrifas. Los cheques que la organización de Belliboni usó para pagar por esas supuestas computadoras terminaron en cuentas bancarias de empresas que para la UIF podrían operar como cuevas financieras.
En los últimos meses la Justicia logró reconstruir cómo era la estructura de Coxtex y determinó, entre otras cuestiones, que la escritura de constitución de esta compañía fue firmada por el escribano Juan Bautista Darrasaga, que ya fue investigado en el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez, tal como contó La Nación.
El escribano trabaja junto con un grupo de personas que se dedicarían -cree la Justicia- al armado de empresas truchas. Los otros integrantes son la ya mencionada Anahí Rivero -que reclutó a Pichuaga y Vega para constituir Coxtex- Lucía Agundez y Mario Virgilio Vivarelli.
La investigación sobre este grupo revela hasta ahora que trabajarían bajo las órdenes de Leandro Kebleris, que tiene 52 años y su actividad principal es la “fabricación de hilos y cables aislados”. Está vinculado a una serie de empresas, entre las que se destacan la financiera Dax Group S.A., creada en 2013.
Kebleris fue allanado, tanto su casa como en su estudio contable. El análisis de su celular podría demostrar cómo es el que el Polo Obrero llegó hasta Coxtex. Además, la Justicia allanó a otra integrante del grupo: Verónica Lorena Liberata Costa, que trabajaría en la dirección técnica de la AFIP y se encargaría de quitar las sociedades truchas de los registros de “empresas no confiables o apócrifas”.
¿Quién es la persona que se contactó con Rivero para pedirle el listado de empresas truchas? Es por ahora una incógnita. La eventual declaración de Rivero en el caso podría ser clave para conectar al Polo Obrero con Coxtex.
En diálogo con el periodista Eduardo Belliboni aseguró: “Las copias de WhatsApp nunca mencionan al Polo Obrero, nosotros tenemos un certificado de la AFIP de 2022 que decía que Coxtex era una empresa legal. Las computadoras se compraron, certificadas ante escribano y presentadas en la causa. La AFIP ahora dice que Coxtex es falsa, pero cuando nosotros le compramos no”.