Jueves, 5 de diciembre de 2024
Guía Completa para aprobar la Evaluación de Conocimientos en la Administración Pública
El Gobierno argentino oficializó un nuevo reglamento destinado a la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, requisito obligatorio para aspirantes a cargos en el empleo público nacional. Este instrumento tiene como objetivo garantizar la transparencia y equidad en el acceso al sector público, promoviendo la selección basada en mérito y competencias demostradas.
¿Qué es la Evaluación General de Conocimientos y Competencias?
De acuerdo con el reglamento, esta evaluación es un proceso obligatorio para aquellos interesados en ingresar al régimen de empleo público regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto N° 1421/02. Según el Artículo 2° del reglamento, «la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público».
Esta medida tiene como finalidad verificar los conocimientos y habilidades esenciales de los postulantes, asegurando que cumplen con los estándares necesarios para desempeñar sus funciones dentro del ámbito público.
¿Quiénes están a cargo de esta evaluación?
El diseño, organización y coordinación de la evaluación recaen sobre la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Asimismo, se establece que toda la información vinculada a la evaluación estará disponible en el portal oficial Argentina.gob.ar, promoviendo los principios de «publicidad y transparencia durante el proceso» (Artículo 4°).
¿Quiénes deben realizarla?
El reglamento distingue entre dos categorías de aspirantes:
1. Profesionales: Aquellos que aspiren a cargos que requieran un título universitario de al menos cuatro años o un título terciario oficial de al menos tres años.
2. No profesionales: Postulantes para tareas relacionadas con oficios, servicios generales, mantenimiento o tareas administrativas que no demanden títulos universitarios.
Según el Artículo 12, los aspirantes profesionales deberán rendir un examen de 24 preguntas, mientras que los no profesionales responderán 20 preguntas. En ambos casos, la puntuación mínima para aprobar es de 60 sobre 100 puntos.
¿Cómo se desarrolla la evaluación?
El proceso es presencial, anónimo y digital. Cada postulante deberá registrarse a través del portal oficial, proporcionando datos personales y solicitando un turno para rendir la evaluación. Una vez asignado el turno, se les enviarán credenciales personales e intransferibles que garantizan el anonimato del proceso. La evaluación tiene una duración máxima de una hora, consta de preguntas de opción múltiple y permite hasta tres intentos por año calendario.
El Artículo 10 especifica que «en caso de no presentarse en el turno asignado o concurrir sin la documentación especificada, la persona será considerada como ausente y no estará habilitada para rendir la evaluación».
¿Dónde se realizan las pruebas?
En una primera etapa la realización de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias tomarán lugar en jurisdicciones, organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional, comprendidas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los lugares estarán en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.
¿Qué sucede después de la evaluación?
Los resultados son informados de manera inmediata. Si el aspirante aprueba, podrá descargar un certificado digital en un plazo de tres días, el cual incluirá un código alfanumérico único para su validación. Este documento será indispensable para proceder con los trámites de incorporación al empleo público. Según el Artículo 13, «en caso de resultar necesario, podrá descargarse también un ‘Certificado de Asistencia’ desde el mismo portal».
Implicancias de no cumplir con el reglamento
Los aspirantes que no se presenten, no cumplan con los requisitos o utilicen materiales no autorizados durante la evaluación serán descalificados. Además, el incumplimiento de este proceso impedirá acceder a los cargos que exigen esta evaluación como requisito.
Garantías de transparencia
El sistema de evaluación está diseñado para garantizar la imparcialidad. Las credenciales son válidas únicamente para el turno asignado, y las respuestas de los aspirantes solo son identificadas después de la calificación. Esto asegura que los evaluadores no tengan acceso a los datos personales de los participantes, preservando el carácter anónimo de las pruebas.
Con esta normativa, el Estado busca fortalecer la meritocracia en el ingreso al sector público, asegurando que los empleados tengan las competencias necesarias para cumplir con los estándares que los ciudadanos demandan. Además, la publicidad de los procesos y la digitalización representan un avance hacia una administración más transparente y moderna.
El reglamento, establecido como Anexo I del Decreto N° 1421/02, marca un paso significativo en la profesionalización del empleo público, alineándose con las políticas de transformación estatal. Como destacó el Ministerio de Desregulación, «este proceso refleja el compromiso del Gobierno con la mejora continua del sistema público de empleo».