Sabado, 30 noviembre 2024
La ley surgió, según explicó el propio presidente de Venezuela, luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos prohibiese a instituciones federales del gobierno estadounidense a contratar personas o empresas que tengan lazos comerciales con la administración chavista.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, firmó este viernes una ley que establece penas de entre 25 y 30 años de prisión para aquellas personas que promuevan o se vinculen de alguna manera con las sanciones extranjeras contra el gobierno nacional y las «autoridades» del Estado. La ley fue aprobada por el Parlamento.
«Procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre del libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y a la felicidad», manifestó Maduro al momento de la firma que se emitió por televisión.
Como explicación del surgimiento de esta norma, el mandatario detalló que la misma surgió luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley donde se complementan las normas que prohíben a instituciones federales del gobierno estadounidense a contratar personas o empresas que tengan lazos comerciales con la administración chavista.
«Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer como estamos venciendo y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites», añadió el mandatario.
Multas millonarias para las personas implicadas con sanciones extranjeras contra el gobierno de Venezuela
Asimismo, la «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela», la cual fue aprobada por unanimidad el jueves, contempla además de la prisión, multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para aquellas personas que promuevan o se vena implicadas con las sanciones extranjeras contra el gobierno o las autoridades venezolanas.
Además, incluye inhabilitación política de hasta 60 años para quienes lleven a cabo estos «delitos», impidiéndole a los sancionados ser elegidos popularmente o acceder a cargos públicos.
Tampoco podrán formar parte de procesos eleccionarios aquellos que hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra Venezuela, además de contra sus instituciones o autoridades.
También serán sancionados los medios de comunicación que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela». La pena será con la misma cantidad de dinero e incluso con su salida de circulación masiva.
Esta ley considera como crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales. Según el gobierno venezolano, el país caribeño habría sufrido unas 900 medidas en su contra de este tipo en los últimos 10 años, principalmente por parte de Estados Unidos.