Según informó La Voz, la investigación que siguen los fiscales federales Enrique Senestrari, Carlos Gonella y Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), busca establecer si en esos 14 casos –o en alguno de ellos– hubo delito de trata; específicamente, de captación de mujeres vulnerables para ofrecerlas como personas gestantes. Intentan determinar si tuvieron autonomía de decisión y si no hubo abuso de su situación vulnerable, ya sea desde lo económico o lo psicológico, o bien desde su contexto de vida.
Nascentis, otra de las clínicas investigadas en el marco de una causa de trata de personas en gestación por sustitución.
Caratular esta causa también fue un trabajo difícil para los fiscales. Justamente porque no hay ley que regule la subrogación de vientre, con lo cual no hay penalización. Por este motivo estudian considerar estos casos como trata o trabajo forzado, y así introducir las penas correspondientes a esos delitos. No obstante, ahora resta el difícil trabajo de comprobar estas acusaciones bajo este nuevo paradigma; algo que no será sencillo debido a la naturaleza de la causa.
Las clínicas y los casos
Las dos clínicas investigadas son Fecundart y Nascentis. Y los imputados por ahora son nueve, enumeró el diario cordobés: el director médico de Fecundart, José Pérez Alzaa; la secretaría y cuñada del profesional, Paula Liendo; la psicóloga Luciana Anabel Szrank y los abogados Edgar Garibaldi y Romina Vittar; el director médico de Nascentis, César Sánchez Sarmiento; el abogado Nicolás Gigena; la psicóloga María Soledad Expósito y Miguel Ángel Noverto.
En las audiencias que se hicieron se intentó determinar si la persona gestante, más allá de la retribución económica o no -que entra en un gris legal ya que no hay ley de vientre subrogado-, tenía autonomía en su decisión, conocía a lo que se iba a someter, los alcances de esa decisión (desde lo físico y lo mental), y que esa autonomía no estuviera condicionada por ningún factor externo.
La Justicia tomó declaración a las parejas solicitantes, a quienes hasta ahora se presume que también fueron víctimas. Se cree que los imputados habrían mentido al decir que las gestantes tenían motivos altruistas.
Las presuntas víctimas serían 13 mujeres de la ciudad de Córdoba que viven en situación de pobreza. Fuentes judiciales aseguraron que una de ellas sería una mujer joven con tres hijos, desempleada, que no tendría madurez suficiente para darse cuenta de la situación. En otro caso, el embarazo habría causado serios problemas de salud a la gestante, con sus cinco hijos. Y en otro episodio, una de ellas habría sido presionada por las clínicas para que continúe con esta práctica.
La situación en CABA
En Argentina no hay un registro oficial que informe cuántos bebés nacieron a través de la subrogación. Si bien lo correcto sería que los padres solicitantes realicen primero el trámite judicial, la verdad es que en la práctica se hace poco, debido al vacío legal.
Existió un proyecto de modificación del Código Civil en el artículo 562, para introducir la maternidad subrogada. Sin embargo, se argumentaron cuestiones éticas y jurídicas que dejaron el debate para el futuro. «Como no hay ley, no hay control. Con lo cual esto deja espacio para la explotación de mujeres vulnerable a manos del mercado», sostuvo Marisa Herrera, abogada experta en derecho reproductivo y de familia.
En la Ciudad, un amparo colectivo en el 2017 permitía a padres solicitantes inscribir en el Registro Civil a sus hijos de vientres subrogados sin ir antes a la Justicia. La situación duró seis años y se descontroló. Las inscripciones aumentaron exponencialmente. Parejas del extranjero y de otras provincias llegaban a la Ciudad para tener a sus hijos subrogados sin necesidad de una autorización judicial. Finalmente, un tribunal superior revocó la cautelar.
