Jueves, 30 mayo 2024
Fueron emitidas por una imprenta ligada al Partido Obrero y por una empresa fantasma. Ayer, el dirigente fue inhibido y deberá presentarse a declarar en tres semanas.
Eduardo Belliboni complicado ante la Justicia
La investigación judicial por el manejo de los planes sociales arrancó con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones para ir a las marchas pero con el paso de los días derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado. El juez Sebastián Casanello detectó facturas truchas de dos sociedades, una muy ligada al Polo Obrero, por un total de $25 millones de pesos. Esas facturas, por venta de bienes y hasta de computadoras, se habrían utilizado para justificar egresos de dinero.
Una de las firmas apuntadas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, con sede en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. En ese lugar hay un modesto PH, que fue allanado cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. La Policía fue recibida por el hijo del ex legislador Marcelo Ramal, que viviría ahí con su madre y otra persona. De la imprenta, no había ningún rastro.
No es todo. Se reveló ayer que la imprenta, ligada a actividades políticas del Partido Obrero, tiene apenas dos empleadas registradas. Una de ellas es Claudia Ferrero, una de las abogadas que se presentó como defensora de varios de los imputados en la causa.
La otra firma que habría aportado facturas es Coxtex SA, creada en 2020 y supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. “Está en la base de datos de la AFIP como una empresa usada para proveer facturas apócrifas”, detalló una fuente de Tribunales.
Este lunes, al citar a indagatoria a 23 personas, el juez Casanello habló de “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Entre las dos firmas acumularon facturas por $25 millones.
¿Cuál es la vinculación de Eduardo Belliboni con esa operatoria? En principio, el dirigente firmó rendiciones de fondos donde aparecen las facturas sospechosas. “Entre 2020 y 2023, la Asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor recibieron $360 millones. Ese total habrían rendido solo 113 millones, según informó hasta ahora el Ministerio de Capital Humano. Y en esas rendiciones aparecen los 25 millones de las facturas. Es un porcentaje alto”, detalló una fuente que tuvo acceso a la causa judicial.
Belliboni está citado a declarar el 25 de junio. Ese mismo día también declararán Adrián Albornorz, supuesto dueño de la imprenta, y María Isolda Dotti, alias Tango, la joven que tenía más de 54 mil dólares debajo de su cama.
El dirigente del PO también podría ser interrogado por el contenido de las escuchas que se le hicieron a Jeremías Cantero, el segundo de su organización. El contenido de las conversaciones entre ambos no se hizo público.
“El Gobierno me quiere meter preso”, fue la primera reacción al conocer el llamado a indagatoria. A las pocas horas presentó un escrito ante el juzgado y designó abogada defensora porque hasta ahora no había aparecido mencionado en el expediente. Ayer, el juez lo sumó a la lista de personas inhibidas junto a Brisa Noelia Paucara Choque, Mercedes Fossat, María Cecilia Cowper, Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, Iván Ortiz, Roberto Adrián Albornoz.
Esas personas no podrá vender ninguno de sus bienes mientras dure la investigación.
La causa que tiene Casanello comenzó en diciembre, con una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de 924 denuncias recibidas en la línea 134. De ese total, se tomaron en cuenta 45 que habrían ocurrido en la Capital Federal y se logró el testimonio de 5 personas. El resto fueron enviadas a más de treinta juzgados federales del interior del país.
El expediente avanzó en silencio, con escuchas telefónicas y otras pruebas, y recién se conoció hace dos semanas, cuando el juez Casanello ordenó múltiples allanamientos que habían sido pedidos por el fiscal Gerardo Pollicita. Desde entonces, el juzgado se quedó con la investigación, que estuvo varias días bajo secreto de sumario.
Con el paso de los días, otros denunciantes se animaron a aportar pruebas. De hecho, trascendió que al menos 10 personas fueron incluidas en el Programa de Testigos Protegidos. Temen por sus vidas.