Desde el sector reclaman al Gobierno nacional el pago de partidas atrasadas y la actualización de las mismas que se vieron fuertemente afectada por el aumento del combustible.
En Argentina nadie escapa al drama de la inflación. El comienzo del 2024 es más duro para las personas con discapacidad que desde enero se quedaron sin medios de transporte para asistir a sus terapias, centro de rehabilitación y colonias. La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad decidió interrumpir el servicio a partir de los atrasos presupuestarios del Gobierno de Javier Milei.
A partir de enero los más de 30.000 choferes de todo el país que están nucleados en la Federación de Transportistas iniciaron un reclamo al Ejecutivo nacional por el pago de partidas presupuestarias atrasadas y la necesidad de actualizar las vigentes a partir del aumento de más del 60% en los combustibles.
«Ante la imposibilidad de afrontar los costos de los insumos necesarios para la prestación, que han sufrido un aumento superior al 100%, nos vemos obligados por la situación a tomar la difícil decisión del cese del servicio a partir del 3 de enero hasta tanto se regularicen los aranceles», explicaron públicamente.
La Ley 24.901 establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. La norma abarca a las obras sociales y prepagas y en los casos que las personas no tengan será el Estado quien las garantice. El transporte, entre varias cuestiones, está contemplado.
Actualmente los transportistas cobran 272 pesos por kilómetro, precio que quedó absolutamente desfasado con los valores del combustible. «Hoy el combustible se nos triplicó, amanecimos ayer con el precio del gasoil a 1040, lo que nos pone en una situación de corte involuntario de servicios», explicó el presidente de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe (Acdisfe), Mariano Pierini.
Se estima que en Santa Fe y zona son más de 50 los transportistas que trasladan a personas con discapacidad y que a partir de no recibir respuestas del Estado Nacional se encuentran en una situación muy comprometida. “Es una situación que si el Gobierno no toma cartas en el asunto de forma urgente, nos resulta imposible seguir prestando los servicios”, agregó Pierini.
Se trata de una realidad compleja que tiene como primeras damnificadas a las personas con discapacidad y sus familias que ven con impotencia la imposibilidad de continuar, al menos por ahora, con sus cotidianas y necesarias prácticas y actividades terapéuticas. A su vez para los propios prestadores del servicio que tienen que hacer frente a los gastos corrientes en los insumos y el personal.
«Como prestadores es imposible financiar una actividad de nuestro bolsillo», comentó Pierini a la espera de novedades de Nación para poder reestablecer los servicios.