Viernes, 29 de Diciembre 2023
Es lo que trascendió tras la acusación a tres personas por el asesinato ocurrido la noche del 14 de noviembre a las puertas de la guardia del hospital Provincial
La trama que rodeó al asesinato del subinspector Leoncio Bermúdez el martes 14 de noviembre pasado alrededor de las 22 puso una vez más en evidencia como desde el interior de una prisión, con la data justa y un celular se puede desatar el infierno en las calles de la ciudad. Tras la audiencia acusatoria en la que fiscal Gisela Paolicelli imputó a los privados de la libertad de la cárcel de Piñero Lautaro Román Núñez y Joel Gabriel Ibarra y al sicario Pablo Cristian Gastón Sosa se sabe que la vida del policía Bermúdez valió para este grupo de delincuentes 500 mil pesos.
La fiscal los acusó por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por precio o promesa remuneratoria y criminis causa; agravado por la participación de dos menores de edad y por el uso de arma de fuego. Además fueron acusados por abuso de armas; robo calificado; y tentativa de favorecimiento de evasión. La pena en expectativa para este combo de acusaciones es la prisión perpetua. Los acusados tendrían una ligazón con la Mafilia, la banda liderada por Leandro «Gordo» Vilches, integrante de una de las facciones de Los Monos.
La jueza Verónica Lamas González dictó la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años -mientras prosigue la investigación-, para Núñez, Ibarra y Sosa, el presunto autor material del homicidio del oficial Bermúdez.
Pero hubo más. La querella, en manos de la abogada Nair Moreno, introdujo al debate la calificación de crimen de odio. “Es la primera vez que se incorpora esta calificación, según lo mencionó Moreno que fue quien realizó el planteo. En forma provisoria la jueza lo aceptó.
«La querella entiende que el odio es porque la víctima era policía”, explicó este viernes en rueda de prensa la fiscal Paolicelli. Otro detalle de la audiencia es que se conoció que un preso investigado en el expediente judicial fue trasladado a la Colonia Psiquiátrica de Oliveros de donde se fugó.
“El objetivo claro era liberar al preso (Guillermo Lencina) y para eso debían hacer lo que fuera necesario. Tengamos en cuenta que para liberar al preso fueron armados con una pistola apta para el disparo que terminaron usando”, explicó Paolicelli en rueda de prensa. “Lencina estaba en el hospital desde el día anterior y durante la madrugada había sido internado. Alrededor de las 16 recibió el alta médica.
Entre trámites y demás, uno de los dos custodios de Lencina solicitó a la cárcel de Piñero que los fueran a buscar alrededor de las 18.40. Unos minutos después de ese pedido quedaron registradas conversaciones entre personas detenidas en el pabellón 9 de Piñero, que es donde Lencina estaba detenido, con personas que estaban en el exterior. El mensaje era que había que ir a rescatar a un preso”, contó la fiscal.
Teléfono en la celda
A las 18.48 del 13 de noviembre en la celda 40 del pabellón 9 dos presos lanzaron una oferta por mensajería de Whatsapp de dos millones de pesos para rescatar a un preso, Gabriel Guillermo Lencina, que estaba siendo tratado en la guardia del Provincial con diagnostico de tuberculosis. Los presos que lanzaron la oferta eran Joel Gabriel Ibarra y Lautaro Ramón Núñez. El primero cumpliendo condena desde 2016 por los homicidios de Nicolás Horacio López, jugador de las inferiores de Rosario Central, y de Nicolás Iván Basualdo ambos acribillados en un lapso de 15 minutos la madrugada del 16 de febrero de 2013, en barrio Tablada.
La semana pasada el fiscal Adrián Spelta lo acusó como instigador vía mensajería de Whatsapp del asesinato de Maximiliano Daniel “Cordobés” Bazán, de 30 años, ocurrido el pasado 4 de marzo, en un pasillo en inmediaciones de Chacabuco y pasaje Villar. El cordobés recibió al menos un balazo en la cabeza y en la escena se secuestraron 14 vainas servidas y 9 impactos en un domicilio.
El segundo fue acusado el pasado 1º de septiembre como autor de ese ataque cometido en uno de los portones del antiguo Batallón 121 de Lamadrid al 500; por la posterior balacera en el destacamento el Tanque, de Abanderado Grandoli al 3900, que dejó malherido a un hombre que esperaba el colectivo; y como uno de los presuntos homicidas de Laureano Cardozo, quien fue víctima de un ataque a balazos cerca de su casa, en Villa Flammarion, la noche del viernes el 18 de agosto pasado.
El guante fue recogido por T.G., un pibe de 15 años quien con B.V, de 14, serían parte de una banda de gatilleros que trabajan al mejor postor. “No hay que matar ni nada. Esta todo arreglado con la yuta (policía). Dos millones de pesos pagaron y el jefe sale solo”, mensajeó T.G. según material extraído de uno de los celulares secuestrados a los investigados. “La información de alguna manera tiene que haber llegado a los internos y es algo que estamos investigando”, indicó este viernes la fiscal Paolicelli ante la prensa.
Los dos sub 15 se contactaron con Sosa, luego buscaron un “piloto” para manejar el auto en el que llegarían a las inmediaciones de Zeballos al 400. Y cuando tuvieron armado el combo, activaron y se fueron para la esquina de 9 de julio y Alem. Alrededor de las 20.43 al grupo se unió Mauricio B.; los cuatro recibieron órdenes de dos hombres y una mujer, aún no fueron identificados por la pesquisa, que descendieron del auto Fiat Uno Fire gris.
Desde Piñero
Mientras el grupo de extracción inmediata se prepara para el rescate de Lencina, desde la Unidad 11 de Piñero salió, alrededor de las 21.30, la comisión de Traslados del Servicio Penitenciario para regresar a su celda a Lencina. Quince minutos más tarde Sosa y Mauricio B., entraron a la guardia del Provincial por Zeballos mientras que T.G. y B.V. se quedaron afuera oficiando de campana. Ya en la guardia Sosa fue hacia el box donde Lencina estaba custodiado por dos hombres del Servicio Penitenciario.
Arma en mano Sosa apuntó contra Lencina y contra uno de los penitenciarios. Ante esa escena el otro SP se abalanzó sobre Sosa para quitarle el arma. Hubo un forcejeo y uno de los SP resultó golpeado en la cara. Sosa le quitó el arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.
Ante lo complejo del escenario Sosa y su compañero Mauricio B. se pusieron en fuga y en la huida se cubrieron a los balazos hiriendo a Fernanda L., en la cadera y en el glúteo. Al escuchar las detonaciones y los gritos de personas el subinspector Bermúdez, que estaba en el destacamento móvil a pocos metros de la guardia, salió corriendo con el ánimo de resolver la situación.
El crimen del policía
Bermúdez primero intentó ingresar por el lugar de ingreso de las ambulancias y luego fue por el ingreso a la guardia. Fue entonces que se chocó de frente con Sosa quien, de inmediato y sin titubear, lo apuntó con dos armas, una de ellas la robada al SP. Y le disparó una vez y cuando el policía yacía en el piso lo remató con otros dos balazos. Bermúdez recibió impactos sobre el lateral derecho del cráneo, con orificio de salida; en la mejilla izquierda y en el muslo derecho.
Sosa siguió en modo fuga. Al pasar por el lateral del destacamento móvil disparó contra el vehículo policial y el hospital hiriendo en la pierna izquierda a Alejandra Mabel D., quien estaba en la vereda. Junto a Sosa huyeron los otros tres y en Zeballos y Juan Manuel de Rosas se subieron al Fiat Uno Fire gris. El policía fue asistido por los médicos de la guardia pero nada pudieron hacer por él. Murió camino al Clemente Alvarez. Fernanda L. y Alejandra D. debieron ser hospitalizadas, aunque sus heridas no pusieron en riesgo su vida.
“En principio lo que estaban ofreciendo eran 2 millones, según lo que se pudo extraer de uno de los celulares de uno de los implicados. Luego según declaraciones testimoniales les terminaron pagando 500 mil pesos aunque les habían ofrecido 2 millones”, explicó la fiscal. Para la querella a Bermúdez lo remataron en el piso por odio al ser policía.