Sabado, 16 diciembre 2023
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes hizo públicos los datos de los primeros nueve meses del 2023. En Santa Fe casi uno de 10 homicidios tiene como víctima a un menor de 18 años
El 2023 cierra con los niños y adolescentes como blanco de la violencia urbana. El departamento Rosario concentra casi la totalidad de las muertes de la provincia, con 17 víctimas fatales. Y a ese número se suma un incremento en los últimos meses de la cifra de heridos por armas de fuego: de enero a septiembre se registraron 631 en el Gran Rosario, de los cuales 86 fueron menores de 18 años, lo que representa casi el 14 por ciento de la totalidad de los lesionados.
Los datos se desprenden de un informe que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes hizo público este viernes y donde no solo da cuenta de cómo la violencia altamente lesiva en los últimos años tiene como víctimas a las infancias y a las adolescencias, sino que le suma además las condiciones de pobreza y los déficits que arrastra el sistema de protección integral que debe garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Y un dato que destacan en el último año a través del informe es «el incremento del número de heridos por arma de fuego (HAF)». El detalle habla de de un total de 631 lesionados en el departamento Rosario entre enero y septiembre de 2023, de los cuales 86 son niños y adolescentes.
Un número que, según indican las autoridades del organismo de control, «representa aproximadamente el 14% de los HAF totales de la provincia».
Infancias en peligro
Los hechos se dan un escenario de violencia exorbitante. La ciudad cerró 2022 con un récord histórico: 24 muertos por cada 100 mil habitantes, lo que cuadriplicó las mediciones de los municipios más calientes del conurbano bonaerense y además sextuplicó la media nacional, y contabilizó entre sus víctimas a 33 chicos.
Y 2023 no empezó mejor. En marzo, en el barrio Los Pumitas, en medio de una de las cotidianas balaceras de la zona, mataron de un balazo a Máximo Jerez, un nene de 11 años de la comunidad qom. En mayo, Máximo Luján, de 13 años, y su amiga Maite Gálvez, de 15, fueron asesinados en una balacera en Medrano y Coliqueo, a pocas cuadras de donde vivían, en el barrio La Cerámica. En junio, Lux, de 6 años, recibió un balazo en la pierna en un ataque que se produjo en plena tarde en la zona de Génova y Cullen, en Empalme Graneros, cuando había niños y adultos saliendo de la Escuela José Ortolani. Y la lista sigue.
A octubre de 2023, el número de homicidios total en la provincia fue de 324 -en los 12 meses de 2022 fue de 348-, de los cuales 215 se produjeron en el departamento Rosario y 17 fueron chicos. Así, una de cada 10 víctimas fueron niños y adolescentes, todos menores de 18 años.
El subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, Gustavo Lorenzo, explicó a La Capital que «el número de víctimas es muy alto y, sobre todo, en Rosario», y fue contundente al afirmar que los «canales de cuidado están rotos».
«Es clave cómo la violencia tiene implicancias en el sistema de protección -continuó-. Muchas de las situaciones de violencia en las infancias y adolescencias no sólo tienen que ver con el deterioro del sistema de protección mismo, sino de toda la política pública en relación a esta población, porque al no haber una política clara para evitar la vulneración de derechos, lo que sucede es el caldo de cultivo para que se produzcan las situaciones de violencia».
Un sistema «colapsado»
A la falencia en la construcción de los datos que, según recalcan desde la Defensoría son aportados a cuentagotas, se suma un sistema de protección que no sólo está «colapsado», sino que además no incrementó sus recursos para dar respuesta a la demanda en sus diferentes modalidades de alojamiento, ya sea a través de instituciones como de familias de acogidas. Es más, en materia de inversión, el Programa de Acogimiento Institucional de Niñas y Niños sufrió una reducción de los fondos en relación al 2020.
Entre 2015 y 2019, el número de chicos con medidas de protección excepcional para el resguardo de sus derechos se duplicó de 604 a 1.255 casos. Sin embargo, en 2023 apenas se registraron 570, lo que Lorenzo aclara nada tiene que ver con una disminución, sino «con las dificultades de construir registros porque desde algunos puntos de la provincia no se aportan».
Además, el subdirector agregó que «el dato clave que daría cuenta de la situación es cuántos niños deberían estar en el sistema de protección y no lo están por falta de disponibilidad de plazas o porque no se terminan de tomar esas medidas porque el sistema mismo no da abasto».
De hecho, el informe detalla que «en los últimos 7 años, la modalidad de acogimiento institucional supera entre dos y tres veces a la modalidad de acogimiento familiar», y agrega que «si bien en términos nominales las erogaciones destinadas a acogimiento familiar e institucional crecieron en el período 2020-2022, en términos reales, es decir considerando la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, ambos programas sufrieron una disminución con respecto a lo que recibían en 2020″.
Otro elemento que sumó Lorenzo para explicar la incapacidad de respuesta del sistema es el relevamiento de las condiciones y recursos de los servicios locales, fundamentalmente de los departamentos Rosario y La Capital, donde se concentra la mayor demanda para atender situaciones de violencia familiar, asistencia económica, abuso sexual y acceso a la educación.
«En el 70% de los servicios locales se relevaron condiciones laborales de los profesionales bajo contratos o prestación de servicios y casi el 75% de los servicios locales no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar su trabajo», detalla el informe, y enumera los recursos básicos que demandan: más profesionales (67%), computadoras (60%), movilidad (49%) e impresoras (46%).