Sabadi, 29 abril 2023
Se trata del juicio por el cual se lo acusa a Juan Alfredo Etchebarne, titular de la CNV durante la dictadura, de formar parte de grupos de tareas para perseguir empresarios. El Presidente escribió sobre eso en un libro, se retractó y después fue abogado querellante.
Empresarios detenidos durante la dictadura militar que ahora buscan una millonaria indemnización por parte del Estado. El entonces titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se defiende de las acusaciones que lo vinculan con delitos de lesa humanidad. Y un Alberto Fernández abogado que antes de llegar a presidente ya daba muestras de su inconsistencia en los archivos: escribió un libro que exponía los argumentos, luego se desdijo en sede judicial y finalmente se volvió a dar vuelta y promovió la denuncia que se definirá en los próximos días.
En este caso, la vuelta atrás puede tener un costo millonario para el Estado argentino. Según la presentación judicial que promovió el abogado hoy presidente -junto a su socia Marcela Losardo-, los hijos de René Grassi reclaman una deuda que con intereses superaría los 250 millones de dólares.
Se trata de una causa que involucra a las familias Grassi y Chavanne y su intento de compra del Banco de Hurlingham. Una trama que estuvo en la mira de la dictadura militar por la sospecha de que esa entidad era usada por la agrupación Montoneros en los ‘70, maniobra que fue frenada por la CNV (que conducía Juan Alfredo Etchebarne) por diversas irregularidades pero que derivó también en la detención ilegal y tortura de una treintena de personas.
Después de 35 años del hecho, los familiares se presentaron como querellantes, junto a la Secretaría de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), para que se investigue el hecho como un crimen de lesa humanidad. Apuntaban a un accionar coordinado de la CNV con los sectores de inteligencia de los militares. En abril del año pasado, el Tribunal Oral Federal Nº5, por dos votos contra uno, absolvió a Etchebarne, para quien la fiscalía había pedido 20 años de prisión. En cambio, los jueces condenaron a 10 años de cárcel a Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, por su responsabilidad en las privaciones ilegales de la libertad que sufrieron nueve víctimas durante la persecución al grupo empresarial.
El rol de la CNV, y también el Banco Central, durante el caso había sido relatado por Alberto Fernández en un libro que escribió en los años 80 sobre la dictadura militar. Allí, daba cuenta de un supuesto trabajo coordinado entre los dos organismos y los jerarcas de la dictadura para hacerse del banco. Pero en un juicio civil que le inició Etchebarne se retractó. Dos décadas después, de todas formas, fue el abogado patrocinante de la querella sosteniendo el mismo argumento que planteaba en el libro.
El próximo jueves 5 de mayo, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, convocó a una audiencia de breves notas para empezar a tratar las apelaciones de las querellas.
El caso Chavanne/Grassi
En julio de 1978, un área técnica de la CNV encuentra irregularidades en los balances de Industrias Siderúrgicas Grassi (ISG), como parte de una supervisión habitual para las empresas que cotizan en bolsa. Según explican en el entorno de la defensa de Etchebarne (que es el padre de Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso), después de atravesar todas las instancias internas del organismo, el directorio firmó una resolución (3958/78) en la que inició sumario a los directores, administradores y gerentes de ISG.
Una de las irregularidades principales involucraba a Juan Chavanne, un empresario cercano a René Grassi (uno de los directores de ISG). La empresa siderúrgica le había otorgado a Chavanne préstamos por un monto equivalente a todo el patrimonio neto de la firma sin ninguna garantía. La compensación era que el empresario le cedía a ISG la tenencia accionaria del Banco de Hurlingham.
El Banco de Hurlingham pertenecía a la familia del empresario David Graiver, quien falleció en un accidente aéreo en agosto de 1976. Su viuda, Lidia Papaleo, le había vendido acciones a Chavanne, pero esa operación fue impugnada y frenada por el Banco Central. La venta nunca se concretó en los papeles oficiales.
Ya en democracia, en 1992, la CNV bajo el mando de Martín Redrado avaló lo actuado por el organismo bajo la gestión de Etchebarne. “La sociedad (ISG) renunció a un crédito equivalente en la época a 5 millones de dólares, recibiendo por ello una transferencia de derechos sobre acciones de un banco, cuyos titulares estaban cuestionados como adquirentes por parte del Banco Central”, sostiene la resolución.
La historia se vuelve más oscura porque en paralelo también intervinieron los militares. Bajo la órbita del jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, en abril de 1977, la dictadura puso en la mira al grupo conformado por los Graiver, Chavanne y Grassi. En septiembre de 1978, determinan la detención de 26 personas que fueron secuestradas y torturadas hasta diciembre de 1978 en Campo de Mayo. Luego fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.
En 2013, el jueza Daniel Rafecas abrió una investigación de oficio por testimonios tomados en la causa que se siguió por los delitos cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. En ese momento ordenó la detención de Etchebarne. Según testimonios de los hijos de Grassi, su padre lo habría reconocido durante su momento de detención y tortura. En unas declaraciones dijeron que le reconoció la voz pero años después declararon que lo vio por una hendija en su venda.
La causa avanzó hasta llegar a la instancia de juicio oral y público, donde el Tribunal Oral Federal Nº5 absolvió a Etchebarne y condenó a diez años a Guglielminetti. En ese fallo, los jueces consideraron que no estaba acreditada la teoría de que hubo un accionar coordinado entre la CNV y los militares.
En noviembre del año pasado, el fiscal general ante Casación, Javier De Luca, opinó en favor de las apelaciones de la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos. Según la acusación, “se conformó un grupo de tareas entre integrantes de las fuerzas armadas y la CNV para perseguir a personas vinculadas al grupo empresarial”. Y que el objetivo era recuperar el dinero que Montoneros había obtenido por el rescate de los hermanos Born.
En el fuero Contencioso Administrativo también se investigó el caso en lo vinculado a lo comercial, apuntando al accionar de la CNV en la compra del Banco de Hurlingham por parte de Chavanne y su transferencia a ISG. La Justicia ratificó, en primera y segunda instancia, el accionar del organismo. Por eso, para obtener la millonaria indemnización que reclama, la familia Grassi necesita la condena de Etchebarne en el fuero Penal y así acreditar que hubo un trabajo coordinado con los militares para quitarles el banco.
El rol de Alberto Fernández
Después del Juicio a las Juntas, en plena década de los ‘80, Alberto Fernández escribió un libro titulado “Juicio a la Impunidad”, junto a Mona Moncalvillo y Manuel Martín. Allí, escribió un capítulo en el que habla del caso Chavanne/Grassi y acusa a Etchebarne de tener un rol clave en el accionar de los militares y del ministro de Economía, José Martínez de Hoz, para quedarse con empresas. Escribió que la CNV y el Banco Central eran los “brazos legales del plan”. Y allí también dice que ISG había pagado 12 millones de dólares para quedarse con el Banco de Hurlingham.
Etchebarne decidió querellarlo por calumnias e injurias. En ese juicio civil, donde fue defendido por Esteban Righi (quien después fuera Procurador) hubo testimonios que para Alberto Fernández fueron claves: uno de Jorge Bacqué, quien fue director de la Bolsa de Comercio, y otro de Horacio Verbitsky.
El primero defendió y elogió el accionar de Etchebarne en la CNV, mientras que el periodista criticó a los empresarios involucrados diciendo que “estaban más preocupados por sus negocios que por las violaciones a los derechos humanos de las que habían sido víctimas tantas personas”.
En un escrito presentado en abril de 1992, el hoy presidente decidió retractarse. Y dijo textual: “Un ineludible principio de honestidad intelectual me obliga a aceptar que en su momento desatendí elementos de juicio que he podido conocer con posterioridad a aquella publicación, entre otros tales como las afirmaciones testimoniales vertidas ante estos estrados por el Dr. Jorge Bacqué, absolutamente determinantes en mi convicción, teniendo en cuenta la solvencia moral y profesional del nombrado”.
Acto seguido agregó: “También resultan relevantes las manifestaciones del señor Verbitsky en su declaración testimonial ante este juzgado cuando aclaró el sentido que había advertido en la actuación de los empresarios”.
Y termina concluyendo que lo expuesto lo llevaba a “retirar los términos por los que los querellantes pudieron creerse con derecho a sentirse agraviados”. Y aclara: “Jamás estuvo en mi ánimo injuriar o calumniar a los nombrados, ni avalar con mis letras la conducta empresarial de quienes, mencionados en mi libro, declararon como testigos” en el Juicio a las Juntas.
Lo curioso es que, en otro quiebre a su propio archivo, dos décadas después el propio Fernández firmó el escrito por el cual las hijas de René Grassi se presentan como querellantes en la causa contra Etchebarne.
MDZ intentó conocer, sin respuesta, la postura del Presidente sobre este caso que el próximo jueves empezará a resolverse y sobre sus propias idas y vueltas al respecto.